Miguel Alvarado

Toluca, México; 30 de enero de 2021.

Familiares de personas privadas de la libertad que se encuentran en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Ixtlahuaca, denunciaron irregularidades cometidas por la administración de ese penal que afectan a la salud de la población penitenciaria, en primer lugar, pero también señalaron prácticas despóticas, corrupción, protección a grupos de poder en la cárcel y el impedimento para entregar medicinas y algunos alimentos a los reos.

Quienes se animan a hablar lo hacen con la condición de que no se revele sus nombres ni el de sus familiares porque saben que podría haber represalias.

-Lo más grave de todo -dicen los denunciantes- es que la directora de ese penal, Florencia Genoveva Juárez Cóatl, se ha presentado ya a laborar cuando apenas acaba de adquirir coronavirus. Ella se contagió el 9 de enero y para el 28 del mismo mes estaba de vuelta. Estamos muy preocupados porque las condiciones del penal nunca han sido las mejores y menos ahora por esta pandemia”, dijo uno de los familiares al realizar la denuncia a este medio.

Los parientes exigen que la directora demuestre que no está contagiada y que respete las medidas sanitarias correspondientes, que se apliquen con disciplina en el penal y que se proteja a quienes permanecen ahí.

“Se trata incluso un caso de violación a los derechos humanos, una clara falta de ética de parte de la directora que viola los protocolos elementales de seguridad sanitaria al exponer a todos los que tenemos que ver con el penal, porque todos corremos el riesgo de contagiarnos por covid-19”, dijo otro de los denunciantes.

Otra persona apuntó que ya intentaron denunciar la situación en los números telefónicos 01 800 7115878 y 01 800 720002 02 pero nadie les hace caso. “Yo marqué y me dejaron en la línea hasta que yo misma tuve que cortar porque nadie me tomó la llamada, una vez que me contestaron la primera vez”, dijo la denunciante, quien como los demás apunta que están muy preocupados por el foco de contagio que pueda representar el caso de la directora Juárez Cóatl. Y no es para menos. Uno de los sectores más cerrados en el periodo de la pandemia es el del sistema de seguridad carcelario, que para finales de mayo de 2020 reportaba 16 muertos por coronavirus: 10 custodios, 4 reos, un médico y un abogado en los 22 centros penitenciarios de la entidad, que albergan a unas 30 mil personas privadas de la libertad, lo que significa una sobrepoblación de casi 140 por ciento, pues la capacidad real de los centros está diseñada para 13 mil reos.

Además, había 38 reos detectados con coronavirus.

En marzo del año pasado, a raíz de la llegada de la infección al Estado de México, las visitas de los familiares fueron suspendidas y después restringidas, pues se puede pasar a dejar medicamentos y se puede recibir visita conyugal. Eso, en Ixtlahuaca, es motivo de reclamos también porque lo que le llaman “el barco”, que es la entrega de medicinas, dinero, comida y ropa ha sido reducida al mínimo. Hay casos de reos que no han podido ver a sus familiares desde marzo del año pasado y solamente mantienen contacto con sus parientes gracias a esporádicas llamadas telefónicas. Por ahora, las visitas se limitan a un periodo de dos horas y a quienes entran por lo menos se les aplica un proceso de sanitización.

En mayo de 2020 las autoridades reportaron que seis reos que estaban internados en Ixtlahuaca habían dado positivo a coronavirus y que fueron trasladados a Neza. A ellos se les reportó estables. Sin embargo, los familiares denuncian que en el penal de Ixtlahuaca hay por lo menos dos muertos por covid-19 que pueden confirmarse, y dos más cuyas causas de deceso no se han sabido.

Los familiares también exigen que otras instancias como la Comisión Estatal de Derechos Humanos y organizaciones no gubernamentales intervengan y revisen el trabajo de la directora, la cual tiene ya tres años laborando en el penal, aunque debió ser rotada a otro lugar el año pasado.

Adentro, el caos

Otros familiares narraron que la directora Juárez ha protegido a grupos que controlan el penal y que hacen negocio con mercancía que entra de manera ilegal, la cual incluye sustancias tóxicas y aparatos electrónicos prohibidos adentro. En el penal de Ixtlahuaca conviven en los mismos espacios personas afectadas de su condición mental, que en su mayoría son agresivas y cuando no están sedadas atacan a los más débiles, como son los ancianos o los enfermos. Aunque a ella se le ha pedido el traslado de por lo menos cuatro de estos enfermos a establecimientos psiquiátricos adecuados desde hace tiempo, “ella no mueve un dedo”.

Hace pocos días en el penal se registró el suicidio de un interno, pero nadie reclamó el cuerpo. “Eso significa que el nivel de vigilancia en el penal está por los suelos”, dicen los familiares, que también hacen énfasis en la calidad de la comida que consumen quienes están ahí, que muchas veces llega podrida porque quienes la abastecen así la mandan y sin ningún tipo de inspección o control de calidad la aceptan y la sirven en el penal.

Otra de las irregularidades se encuentra en la tienda, porque los precios de los productos son mucho más elevados porque hay un contubernio entre quienes la atienden y la propia directora, que para empezar permite ese tipo de acciones. “Hay un grupo que controla eso y una persona en especial que es protegida por Genoveva Juárez. Cuando va la Contraloría a revisar, siempre aprueba los servicios y la atención a los presos aunque las cosas no estén bien. Ya queremos que la corran”, apuntan los familiares, asustados e indignados.

En el sistema penitenciario de la entidad hay aproximadamente 4 mil 500 funcionarios que deben atender la mencionada sobrepoblación pero también lidiar con el silencio impuesto por las autoridades del Estado de México a las condiciones que imperan en las cárceles mexiquenses.

El “Informe Especial sobre el estado que guardan las medidas adoptadas en centros penitenciarios para la atención de la emergencia sanitaria generada ante el  virus Sars-Cov2 (covid-19)”, elaborad por la Comisión Nacional de Derechos Humanos señalaba, desde que comenzó la pandemia, que “los rubros que presentaron las deficiencias con mayor incidencia en 2019 se refieren a la insuficiencia de personal (72.68%), insuficiencia de actividades laborales y de capacitación (66.67%), deficientes condiciones materiales, equipamiento e higiene de las áreas de dormitorios (62.84%), deficiente separación entre procesados y sentenciados (55.19%), insuficiencia de programas para la prevención de adicciones y desintoxicación voluntaria (51.91%), presencia de actividades ilícitas (40.44%) sobrepoblación (33%), hacinamiento (32%), deficiencia en los servicios de salud (32.79%), lo que implica una elevación significativa del riesgo de propagación del virus SARS-CoV2 (COVID-19)”.

Otro denunciante levanta la voz por su familiar: “Han golpeado a mi hermano y ella no hace nada por impedirlo. No hay medicamento y los doctores apenas van una vez a la semana cuando bien les va o de plano. Mi familiar dice que los custodios tienen que obedecer lo que ella les manda a hacer. Mi familiar también me informa que por lo menos han muerto cinco de sus compañeros, aunque no puede precisar si todos han sido por coronavirus. Además, la directora Juárez se brinca las decisiones del Comité Técnico, que está formado por varias áreas como la de Psicología, Criminología o la de los maestros y votan los diferentes asuntos, pero ella se brinca esas decisiones”.

Un directora con pasado

Florencia Genoveva Juárez Torres es licenciada en Derecho y tiene una maestría en política criminal, de acuerdo a la Ficha Técnica Curricular de lo Servidores Públicos de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana. Hizo un curso de entrenamiento para manejo de centros de corrección en Canyon City, Colorado, en Estados Unidos y ha trabajado como secretaria general del Centro Preventivo de Neza Bordo, así como en el de Chalco. Y fue directora general de los centros preventivos de Temascaltepec y Chalco. Fue en este último en donde la directora fue denunciada por una procesa, en noviembre de 2015.

Los familiares de Areli Cynthia Cantú Muñoz, que entonces estaba internada en el Centro Preventivo y de Readaptación Social de Chalco por supuesto secuestro, hicieron público que su pariente presa era obligada a vender droga en el penal y que ellos eran hostigados y amenazados.

 Eso fue denunciado por Areli Cynthia Cantú Muñoz ante los jefes de turno, los comandantes y la directora del penal, Florencia Genoveva Juárez Coatl, pero la respuesta que recibió de esta última fue el consejo de quedarse callada porque “podía salir perjudicada”.

Un juez del distrito judicial de Chalco pidió entonces a la directora información respecto al caso, pero ella se limitó a responder que se estaban tomando las medidas necesarias para salvaguardar a la denunciante.

– Eso es totalmente falso -dijo en su momento Georgina Cantú, hermana de la reclusa, quien refirió que para octubre los pases de ella y de su familia fueron cancelados por seis meses sin mediar una explicación. Después la reclusa fue segregada y se le confiscó el dinero que la familia le enviaba. El 4 de marzo de 2013, la madre de Areli Cynthia Cantú fue asesinada por hombres que iban a bordo de una motocicleta y que dispararon cinco veces contra ella cuando salía de su trabajo, una maestra de primaria que en ningún momento dejó de luchar por la libertad de su hija. “Su asesinato ocurrió en medio de una minuciosa investigación y denuncias públicas que estábamos haciendo no sólo para demostrar la inocencia de mi hermana sino para evidenciar las malas prácticas de policías ministeriales, Ministerio Público, jueces, abogados de oficio y demás involucrados en la fabricación de culpables en el Estado de México, todo al amparo del entonces Procurador de Justicia Miguel Ángel Contreras Nieto y el Gobernador Eruviel Ávila Villegas”, dice otra hermana de la detenida, Dulce Georgina Cantú Muñoz, quien escribió una misiva al presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, para explicarle el caso por el que atraviesa su familia. “El día 8 de noviembre de 2012, mi hermana Areli Cinthya Cantú Muñoz y mi sobrino, en ese entonces de 13 años, Óscar Uriel Martínez Cantú, fueron sacados con violencia de su domicilio ubicado en el municipio de Ixtapaluca por hombres encapuchados vestidos de civiles sin identificación, quienes rompieron la puerta y robaron objetos de valor. Mi sobrino fue liberado horas después y fue quien nos avisó de lo sucedido. Al no poder localizar a mi hermana la reportamos como desaparecida. Volvimos a saber de ella cuando la vimos presentada ante los medios de comunicación como una peligrosa delincuente”.

El caso de Arely se hizo mediático al pasar el tiempo y terminó por comprobar una red de corrupción en el sistema de procuración de justicia del Estado y en las cárceles, en el que participan servidores públicos de todas las índoles.

Y por eso, en Ixtlahuaca, los familiares están preocupados.