Miguel Alvarado

Diseño: Karen Colín

Toluca, México; 24 de noviembre de 2021.

“No nos hagamos tarugos, la autorización para que las fuerzas armadas se hagan cargo de la seguridad pública también se llama militarización”, reclamaba en noviembre de 2018 una defensora guerrerense de derechos humanos a integrantes de una comisión de transición del gobierno de Andrés Manuel López Obrador que había recibido a amapoleros desplazados de sus tierras por el cártel de Los Tlacos, sicarios al servicio de la mina canadiense de la Media Luna, que se encuentra extrayendo oro en Cocula, en aquella entidad.

La preferencia del gobierno federal, concretamente del presidente Obrador por el ejército se hizo patente incluso antes de que asumiera en su encargo. Militarizar al país es algo que ni sus más fervientes seguidores han podido justificar aunque lo intentan con toda clase de diatribas. Pero eso no es lo importante, no lo es ante lo que el ejército y las fuerzas armadas, incluida la nueva Guardia Nacional, que es una revoltura de soldados, marinos y policías federales, han conseguido. La presencia de ellos ha aumentado en zonas de conflicto permanente como Guerrero, Chiapas y toda la frontera sur, lo cual no significa que la violencia haya cesado o al menos disminuido. Por el contrario, se ha intensificado, como era previsible y como se ha demostrado en los casos de países militarizados, de cualquier inclinación política.

Ahora, los trabajos de construcción que realiza el ejército son considerados como parte de la seguridad nacional, lo cual quiere decir que de sus objetivos depende la integridad como Estado de este país. Pero también quiere decir que los detalles de las megaconstrucciones que está realizando, como el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles, quedarán reservadas y pasarán a formar parte de los “secretos” que el Estado guarda por años. Los detalles son los costos reales, los contratos, los presupuestos, el nombre de los contratistas, el nombre de los dueños de las empresas, los planos, los estudios especializados de obras públicas como ésta. Otra obra que se verá “blindada” así es la del Tren Maya, que en lo público es un tren muy inocente y muy turístico que pasa por pueblos originarios que además lo saludan con alegría, pero que forma parte de un extenso proyecto transexenal, que viene desde la década de los años 90 e incluso, que tiene por objetivo unir las líneas férreas de Canadá y Estados Unidos con un tramo mexicano, así como practicar un Canal de Panamá en tierras mexicanas para el paso de mercancías de un océano a otro.

¿Por qué Obrador se ha empecinado en darle tanto poder al ejército, en hacer visible un poder que de por sí ya tenía? ¿Es porque el ejército sostiene su administración o con dinero evita la posibilidad de un golpe de Estado? ¿O porque nada más -y nada menos- el gobierno de izquierda que dice representar es solamente un engaño que en un país como éste puede disfrazar una actividad neoliberal que va en aumento y que cada vez es más brutal? Las cifras de inseguridad lo dicen: más de 100 mil muertos en tres años, más de 94 mil desaparecidos y el encubrimiento de parte los responsables de masacres como las de Ayotzinapa, o de los 42 marinos que levantaron y desaparecieron a 47 personas en 2018, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y que ahora han recibido sentencia de libertad -30 de estos militares- a pesar de decenas de pruebas en su contra.

Hace una semana, el acérrimo rival del presidente, el conductor de noticias Carlos Loret de Mola, que se ha convertido en un superfamoso gracias a la atención que el propio presidente le otorga, retomó en una columna que escribe para el diario El Universal un reportaje de la reportera Isabella González, que realizó para el medio Latinus, que el 70 por ciento de los contratos del aeropuerto se otorgaron por adjudicación directa, mientras que el porcentaje restante se realizaron por invitación directa a tres empresas, es decir, a las empresas que alguien en el ejército señaló con toda premeditación, alevosía y ventaja, sin permitir que se compitiera por esas asignaciones. Algunas de las 432 empresas contratadas ni siquiera están dadas de alta o son tan pequeñas -una tlapalería diminuta en la Ciudad de México obtuvo 22 contratos por 78 millones de pesos- que no podría cumplir con los requerimientos para la proveeduría que requiere la construcción de un aeropuerto. También, entre los beneficiados, hay empresas investigadas por incumplimiento o que ni siquiera tiene una dirección física.

La reacción presidencial ante ese reportaje fue esconder, en la figura de la reserva y de la excusa inexcusable de la seguridad nacional, todos estos datos a los que nadie podrá acceder.

El hecho de la protección feroz del Ejecutivo federal al ejército también tiene que ver con otras cosas, por ejemplo con la figura siniestra del ex secretario peñista de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, involucrado en masacres como las de Iguala y los normalistas de la Isidro Burgos, o la de Tlatlaya, también en 2014. Eso, por mencionar las más conocidas. A Cienfuegos el gobierno de la Cuarta Transformación no pudo tocarle un solo cabello. A él no, pero a los familiares de los alumnos desaparecidos de Ayotzinapa sí. Un ejemplo es el caso de la familia Mondragón Fontes, originaria de Tenancingo, en el Estado de México, y a la que se le negó la entrega del expediente del joven estudiante desollado. La Fiscalía Especial para el caso de Ayotzinapa les contestó que por supuesto podían consultar las miles de fojas que componen esa investigación, pero no podrían tener un archivo electrónico ni tampoco tomar fotos o sacar fotocopias. Lo único que podrían hacer sería tomar nota, a mano, con una pluma y una libreta como todo equipo. La razón que les dieron fue de lo más pueril e inocente en un caso así: temían que esa información fuera compartida con medios de comunicación, y eso pudiera comprometer las investigaciones, que de todas formas cumplen ya siete años. Además, el expediente se encuentra regado en diferentes ciudades del país y para la familia resulta imposible realizar ese tipo de viajes.

Quienes les dieron esta respuesta eran en 2014 los más acres defensores de que los expedientes de Ayotzinapa se hicieran públicos. Hicieron, desde los encargos que tenían como opositores a Peña Nieto, todo lo posible por acceder a documentos y repartirlos a medios de comunicación. Muchos de ellos consiguieron datos que de no haber pasado por sus manos de otra manera seguirían manteniéndose en secreto. Pero ahora, ya en el poder, las cosas ya son distintas, es decir, iguales a lo que se hacía en el peñismo.

La Mañanera, como un ejercicio de imposición de agenda pública diaria para el país, para los medios que la cubren, se ha convertido en una vitrina vergonzante en la que el Ejecutivo exhibe una crueldad cínica, inaudita e innecesaria a quienes gobierna. ¿Cuál es el México en el que viven Obrador y su Federación neoliberal? Nosotros, que no tenemos ni siquiera salario ni acceso a los sistemas de salud pública, no lo sabemos. No querríamos saberlo.