Karen Colín: diseño. Ramsés Mercado: imagen. Marco Antonio Rodríguez: texto.

Toluca, México; primero de marzo de 2022.

Luego de que personal del ayuntamiento toluqueño detuviera a tres sujetos extrabajadores de este gobierno a quienes despidieron de manera condicionada, fueron remitidos ante el Ministerio Público acusados de “obstruir las vías primarias de comunicación, luego de que en días anteriores tomaron un edificio, lanzaron amenazas y realizaron conductas que alteraron el orden” SIC.

Los trabajadores habrían protestado en contra del alcalde Raymundo Martínez Carbajal por orquestar “despidos condicionados”, afectando no solo a ellos sino a muchos trabajadores más, quienes actualmente se encuentran ya desempleados.

Sin embargo, los detenidos, a quienes por cierto se les incumplió el pago de sus salarios de varias quincenas trabajadas, fueron llevados y luego de varias horas les informaron que su captura fue por la razón antes mencionada.

Al respecto, el gobierno que encabeza el priista y ex secretario de Movilidad con Alfredo del Mazo justifica que “en diversas ocasiones, los ex empleados del ayuntamiento fueron conminados a sostener un diálogo para valorar su situación laboral; sin embargo, sistemáticamente rechazaron los exhortos y optaron por la vía del bloqueo y la presión política para resolver su condición administrativa” SIC, versión ésta que contrasta a lo señalado por los afectados en diversas declaraciones ofrecidas a medios de comunicación.

El pasado 17 de febrero ellos, inconformes con las medidas de ese gobierno, tomaron el edificio de Protección Civil y Bomberos y exigieron destituciones en su interior y más tarde se manifestaron con cartulinas, lo que desató la furia de quienes los detuvieron.

La problemática con los ex servidores públicos, justifica la oficina de Comunicación Social de esa administración, data de administraciones anteriores, cuando se creó la figura de los “comisionados”, que permite la apertura de plazas para personas que son designadas como resultado de algún tipo de negociación política o cuota de grupo y no de criterios de eficiencia, que son los que rigen la contratación en la actual administración municipal.

Uno de ellos fue “comisionado” a la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos donde incurrió en conductas que determinaron que su estancia en la misma se limitaba a un periodo de dos meses, dejando el área con diversos señalamientos administrativos.

Finalmente, aseguran que detenidos habrían realizado amenazas directas contra una representante legal del ayuntamiento.