El crimen organizado ha propinado una derrota al gobierno del Estado de México y lo ha obligado a ceder en sus exigencias de libertad para los extorsionadores. Además, demostró a la autoridad mexiquense que cuenta con una importante base social controlada y amenazada a la que no le queda más remedio que obedecer y ponerse del lado del cártel de la Familia Michoacana.
Tenancingo, México; 27 de noviembre de 2024
Miguel Alvarado
Cinco personas acusadas de extorsión fueron liberadas esta tarde por la Fiscalía del Estado de México luego de que la comunidad de Santa Ana Ixtlahuatzingo, ubicada en Tenancingo, cerrara entradas y vialidades de aquel municipio, obligada por la Familia Michoacana. Orlando “N”, de 45 años; Faustino “N”, de 26; Rogelio “N”, de 51 años; Humberto “N”, de 67 y Germán “N”, de 55 años, fueron detenidos ayer, señalados de cobrar derechos de piso a comerciantes locales. Agentes de la Secretaría de Seguridad del Estado de México les marcaron el alto en la calle de Alfredo del Mazo, en Ixtlahuatzingo, y les requisó cinco equipos celulares y 86 sobres cerrados con dinero en efectivo. Después de ser enviados a una agencia del ministerio público de la localidad, vecinos de Santa Ana bloquearon accesos atravesando camiones de carga y camionetas.
Pobladores del lugar denunciaron que habían sido presionados por criminales de la Familia Michoacana, que amenazaron al pueblo con cortarle los servicios básicos como el agua y la luz para las siembras, y les exigieron pedir la liberación de los extorsionadores. No les quedó más remedio que acatar las órdenes y salir a las calles a gritar por la libertad de los presuntos malhechores.
Esta mañana los cierres de carreteras escalaron y fueron tomados los accesos a Zumpahuacán y la autopista Toluca-Tenango. Las clases se suspendieron en algunos puntos de Tenancingo y el servicio de transporte tuvo que modificarse. Un grupo de ciudadanos instó a enfrentar a quienes cuidaban los retenes para desalojarlos y se temían enfrentamientos entre civiles. En tanto, se reportó la llegada de granaderos a lugares cercanos para intervenir en caso de violencia.
De acuerdo con pobladores, el crimen organizado ha propinado una derrota al gobierno del Estado de México y lo ha obligado a ceder en sus exigencias de libertad para los extorsionadores. Además, demostró a la autoridad mexiquense que cuenta con una importante base social controlada y amenazada a la que no le queda más remedio que obedecer y ponerse del lado del cártel de la Familia Michoacana, una organización que en este momento experimenta cambios en su estructura después de que varios de sus jefes de plaza en el valle de Toluca, así como aliados en los gobiernos municipales, fueron detenidos durante la ejecución del Operativo Enjambre, la semana pasada. Sin embargo, eso no quiere decir que la Familia Michoacana haya sido desmantelada y habitantes de la zona sur del Estado de México señalan que se trata de una negociación entre el gobierno y los criminales para cambiar operadores y poner a otros. Los líderes de la Familia Michoacana, Jhonny y Alfredo Hurtado Olascoaga, no han sido molestado por el operativo pese a que la Fiscalía y las fuerzas armadas conocen sus ubicaciones y movimientos en la zona de la Tierra Caliente o el Triángulo de la Muerte, una geografía en donde empatan los límites de Michoacán, Guerrero y el Estado de México.
Una táctica de la Familia Michoacana, denuncian habitantes de Sana Ana, es cooptar a delegados, líderes de los comités de agua potable, ejidatarios, representantes de bienes comunales y hasta a mayordomos encargados de las fiestas tradicionales para hacerlos cómplices y socios en las extorsiones que lleva a cabo en los municipios del sur mexiquense. Obligados por el narco, estos funcionarios populares no pueden negarse a colaborar. Una vez que los cinco extorsionadores fueron liberados, las vialidades fueron liberadas, una a una y la gente que obligadamente protestaba pudo regresar a sus casas.
