Ramsés Mercado: información e imagen. Miguel Alvarado: texto.
Toluca, México; 22 de marzo de 2023
Colectivas y organizaciones de mujeres exigen al gobierno del Estado de México y a la Cámara de Diputados local que declaren la inconstitucionalidad del aborto en territorio mexiquense, en donde se encuentra prohibido, y presentaron amparos que garanticen que pueden ser atendidas en esta entidad.
Sobre este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha declarado la inconstitucionalidad del Código Penal del estado de Coahuila, porque está en contra del Artículo Cuarto de la Constitución mexicana, que garantiza el derecho a decidir libremente.
La búsqueda de la inconstitucionalidad también se extiende a la exigencia de servicios abortivos gratuitos y seguro universal en todo el Estado de México. De acuerdo con cifras de Abortistas Mx, Socialis AC y REDefine Estado de México, hasta el 31 de diciembre de 2022, 70 mil 258 mexiquenses han ido atender un aborto a la Ciudad de México, en donde se otorgan servicios de Interrupción Legal del Embarazo. Esa cantidad representa el 27 por ciento de los servicios que ha realizado la Secretaría de Salud de la Ciudad de México desde 2007. Las solicitudes provenientes del Estado de México lo ubican en el segundo lugar nacional.
Las colectivas tramitaron amparos que fueron aceptados en Toluca pero rechazados en Naucalpan. “Esto nos habla que los estándares de los jueces no son uniformes, a pesar de la resolución de la Corte, cuestión que coloca en una situación de incertidumbre a las mujeres, negándoles el pleno ejercicio de sus derechos”, dicen las colectivas.
Rosario Salgado, de REDefine Estado de México, señaló que “estamos a favor del aborto seguro y legal y del libre ejercicio de la maternidad elegida bajo los lineamientos de justicia y respeto a los derechos humanos”, y exigió que el Estado se haga cargo del aborto, que debe incluir a las comunicades indígenas.
Las adolescentes se encuentran vulnerables ante la violencia sexual necesitan de procesos de acompañamiento pues se trata de situaciones complejas que pueden incluir violaciones.
Ese acompañamiento deberá servir para que las involucradas puedan decidir de manera acertada lo que harán en cada uno de los casos.
“Por eso estamos aquí, necesitamos una legislación que pueda agrupar maternidades libres y voluntarias”, apunta Minerva Santamaría Hernández, de Socialis AC. Por otra parte, es difícil conocer los índices de criminalización porque las familias y las personas no quieren acercarse a las organizaciones y las Fiscalías clasifican al aborto como un asesinato en razón de parentesco. En 2022 se abrieron, en la Ciudad de México, 192 carpetas por aborto, a pesar de que la práctica es legal.
Los amparos son juicios que se promueven cuando las autoridades han violentado sus derechos humanos y las colectivas buscan que la Suprema Corte se pronuncie por el reconocimiento del aborto como un derecho económico, social y cultural pues está vinculado a los derechos a la salud. Así, el efecto de los amparos individuales tendría que beneficiar a toda la población. Pero hay otros amparos que “presentan quienes no están embarazadas pero no saben si lo van a estar. Pero esta ley prohibitiva podría afectarnos, dice Nynde Wolre, también de Socialis AC.
