Toluca, México; 10 de mayo de 2024

Teresa Montaño/ The Observer/ Ramsés Mercado: imágenes

Luego de más de 330 días en plantón exigiendo el cumplimiento de amnistías dictadas a favor de sus hijos y esposos criminalizados por el Estado mexiquense, mujeres del colectivo “Haz Valer Mi Libertad” levantaron su campamento este 9 de mayo. Se fueron con las manos vacías. Este trabajo es un reconocimiento a su lucha con motivo del 10 de Mayo. Les llamaron “Las locas” y también “Las pelonas”. Son las mujeres que se lanzaron a rescatar a sus hijos, esposos y hermanos de la infernal justicia mexiquense, pero los gobiernos del Grupo Atlacomulco lo impidieron. Ellas aseguran que no se han rendido.

El 24 de junio del 2021, unas diez mujeres con enaguas raparon por completo sus cabezas frente al emblemático edificio del Poder Judicial (PJEM) de Toluca, en un acto de protesta que dejó atónitos a los transeúntes. Un mes antes, en mayo, ya habían marchado vestidas de negro llevando los retratos de sus hijos encarcelados por delitos graves que, de acuerdo con organizaciones y organismos defensores de derechos humanos, ellos no cometieron.

También en julio de ese año se extrajeron sangre públicamente por primera vez y con ella escribieron las palabras “justicia” y “libertad” sobre los muros oficiales de Toluca. En mayo del 2022 lo volvieron a hacer, pero entonces su plasma vital lo arrojaron sobre los escudos de algunos de las docenas de granaderos que les mandó el entonces gobernador Alfredo del Mazo.

No les importó.

Las mujeres del colectivo “Haz Valer Mi Libertad” se lanzaron determinantes a lo imposible: rescatar a sus hijos de las infernales cárceles del Estado de México. En su lucha casi mueren de inanición cuando en agosto del 2021 al menos 19 de ellas se declararon en huelga de hambre, por primera vez, en el corazón de la Plaza de los Mártires y entre el 12 de agosto y el 2 de octubre del 2023 otro pequeño grupo lo volvió a hacer hasta que Delfina Gómez les pidió que se retiraran, pero sin ofrecer les nada.

En 2022 se dedicaron a mover conciencias sobre la criminalización deliberada o intencionada de personas inocentes que reciben imputaciones falsas para mantener abarrotadas las cárceles, ese negocio que en promedio les implica gastos de entre mil 500 y 2 mil pesos semanales en comida y pagos extralegales de seguridad, cuotas para uso de instalaciones y agua para no ser torturados o incluso para tener un espacio para dormir, según contaban a quienes las visitaba en el campamento.

Ese año recorrieron pueblos, sumaron colectivos, lanzaron iniciativas y organizaron foros. El 10 de mayo del 2022 se fueron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y confirmaron a los magistrados que sí, que las cárceles mexicanas y las mexiquenses en particular están abarrotadas de inocentes.

Para dar constancia de ello realizaron un acto de resistencia y solidaridad de alto impacto. Se raparon de nuevo a las puertas de la máxima sede que administra la justicia en México, justo al paso de magistrados, jueces y ministros.

Cuando volvieron a empezar de nuevo el ciclo llevaban cortes extremos de pelo, marchas en las que vestían el luto de pies a cabeza como implacables “Lloronas” por sus hijos vivos pero muertos, decían; las extracciones públicas de sangre y todo tipo de protestas disruptivas en el espacio público oficialista, los policías, funcionarios y algunos sectores de derecha afines al poder las comenzaron a llamar “Las locas” y también “Las pelonas”.

Pero Las Locas empeoran

Ya en junio del 2023 habían vuelto a la plaza pública para encadenarse a un símil de celda que montaron frente a la sede del gobierno, donde además iniciaron un plantón indefinido e instalaron un campamento permanente. Ahí trasladaron su vida doméstica, a la que convirtieron en el búnker de su lucha.

En el campamento, donde de vez en vez literalmente se encadenaban en solidaridad con sus hijos criminalizados por los gobiernos, jueces y magistrados del Grupo Atlacomulco, comenzaron a dormir, tejer artesanías, vender dulces, hacer tortillas, venderlas y recibir amigos y compartir su pena y su comida.

Por eso, a mediados del año pasado, hasta ahí llegaron representantes de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU), para escuchar sus historias y denuncias de criminalización contra sus familias.

Son madres, esposas, hermanas y una abuela, rebeldes hasta la médula.

Durante la remodelación de la Plaza Cívica de la capital mexiquense, supuesta obra emblemática de Alfredo del Mazo que implicó cerrar por completo el simbólico lugar donde el 19 de octubre de 1811 una centena de indígenas insurgentes de origen otomí fueron fusilados, las Locas elevaron el nivel de su indignación y transformaron las bardas provisionales que cubrían la obra en un “Muro de la Libertad”.

No tardaron ni una semana para tomar cada centímetro disponible en ese muro, para transformarlo en un museo callejero de la indolencia oficial, colgando historias y retratos de sus hijos, nieto, esposos y hermanos secuestrados, literalmente, por el Estado mexiquense y recluidos en centros penitenciarios locales.

No desistieron

En abril del 2023 lanzaron tomatazos contra una imagen monumental del jefe del Grupo Atlacomulco y por entonces gobernador oficial, Alfredo del Mazo, para reclamarle la falta de respuestas y discriminación institucional por género, de la que siguen siendo víctimas, al negárseles el acceso a la justicia mediante el cumplimiento de la Ley de Amnistía. En diciembre pasado exhibieron los nombres y rostros de los jueces del Poder Judicial del Estado de México (PJEM) involucrados en las fraudulentas sentencias que condenaron a sus hijos sobre montajes jurídicos y torturas.

Ahí también, pero el 8 de diciembre del 2023, mujeres como María Luisa Montoya, madre de Carlos Alberto Estrada o la hermana de Gustavo Martínez Uribe (sentenciado a 40 años de prisión por un juez que lo acusó de “no mostrar arrepentimiento por un crimen que por cierto no cometió), o doña María Félix Peña, que este año cumple 74 años y lucha por la amnistía de su nieto e hijo, de apellido Juárez, pudieron poner rostro a los jueces –y juezas- responsables de esta tragedia colectiva y por primera vez también los nombraron.

Simultáneamente, aquel día, en una ceremonia paralela, el presidente del Poder Judicial del Estado de México, Ricardo Sodi Cuéllar, quien meses antes había prometido que “ningún inocente pisaría la cárcel”, daba ascensos y reconocimientos a sus jueces con motivo de las fiestas decembrinas en una ceremonia oficial.

Ahí se incluyeron a algunos de los que en ese momento eran señalados por las mujeres.

Pese a ello y no obstante la ausencia de periodistas y medios, que no acudieron a su invitación, “Las pelonas” realizaron un pase de lista frente a la entrada principal de Palacio de Gobierno para exhibir a quienes consideran sus verdugos. Entonces, en modestas cartulinas que ellas mismas dibujaron, exhibieron sus nombres y sus crímenes.

Por primera vez, la indígena mazahua Lilia Reyes, se paró en medio de la avenida Lerdo de Tejada, donde se suspendió el tráfico, y acusó con su acento indígena al juez Simón Bernardo Álvarez Bastida, de condenar injustamente a 60 años de prisión a su esposo Carlos Martínez Reyes, de un homicidio que no cometió. El juez lo hizo sin proveer al acusado de un abogado especializado en derechos y cultura indígena, ignorando el hecho de que sufrió tortura, como lo asentó la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem), en el oficio 400C1A0000/059/2021, en el que se decretó su amnistía.

También la joven hermana de Gustavo Martínez Uribe fue la primera en exhibir el caso del juez Víctor Martín Mejía Hernández, quien sentenció a 40 años de prisión a su hermano por un homicidio en el cual hubo violaciones al debido proceso, según el dictamen de amnistía de la Codhem. Este juez en particular es señalado como responsable en tres casos de víctimas del colectivo, entre ellos el de Cristian Chávez.

Por su parte Teresa, hermana de Edmundo, Santiago y Enrique Santiago Lorenzana, citó el nombre de la jueza Verónica Contreras Marín, quien dictó sentencia contra sus hermanos por crímenes que no cometieron. De hecho, ella fue la última de una lista de más de 10 jueces que pasaron por este caso y lo conocieron en trozos. Ninguno revisó el expediente completo en los más de siete años que duró el juicio. De haberlo hecho, habrían advertido las contradicciones del enorme expediente.

Previamente, el 18 de agosto del 2023, esas mismas mujeres organizaron una cabalgata desde San Mateo Atenco hasta la Plaza de los Mártires transmitiendo su mensaje de libertad, protesta y justicia para “que la gente se informe”. Algo parecido habían hecho en octubre del 2021, durante una rodada de bicicletas desde el Museo Bicentenario hasta la Plaza de los Mártires, llevando las fotos de sus hijos, esposos, nietos y hermanos criminalizados.

“Las pelonas”, transformadas al tiempo en potentes defensoras de los derechos humanos del Estado de México, diseñaron diversas estrategias para mantener renovado su reclamo. Plasmaron los rostros de sus inocentes presos en playeras, carteles y en enormes mantas que ellas mismas diseñaron y que exhibían a la menor provocación.

En noviembre del 2022, las mujeres de “Haz Valer Mi Libertad” realizaron el Primer Encuentro por la Dignidad, Justicia y Vida de la Caravana Mexiquense. En marzo pasado, al acercarse a su cuarto año de aniversario como organización, realizaron un foro frente a la sede del Ejecutivo estatal hasta donde llegaron presos políticos que alcanzaron la libertad por vía de una amnistía federal y que se solidarizaron con “la locura” de estas mujeres en el Estado de la impunidad.

La ley de Amnistía del Estado de México se aprobó a principios del 2021 y derivó en reglamentos y procedimientos para atender los casos de los llamados “injustamente presos” por violaciones a derechos humanos o al debido proceso, incluyendo un procedimiento particular para los acusados por delitos graves o de alto impacto.

Entre las irregularidades que se buscaron corregir con la amnistía se encuentran detenciones ilegales, arbitrarias o sin órdenes de aprehensión; torturas y tratos crueles o inhumanos; juicios a indígenas sin traductor, desechado injustificado o cuestionable de las pruebas de inocencia y de los testigos de descargo, así como sentencias dictadas a partir de un solo testimonio incidental -conocido como testigo singular- sin peso verídico ni respaldo de algún otro testigo, entre otras.

En total, la Codhem dictaminó favorablemente, desde junio del 2021, un total de 25 expedientes para otorgar la amnistía a igual número de personas afectadas con juicios que violentaron sus derechos humanos. Al final quedaron 23 expedientes y hoy son 16.

A pesar de que estas resoluciones son oficiales y están firmadas por quien fuera el titular de la Codhem, Jorge Olvera García, el organismo los desconoce en la actualidad. También la actual gobernadora, Delfina Gómez Álvarez, quien por meses enteros ignoró a estas auténticas defensoras de la libertad.

En ese sentido, se solicitó una entrevista con la actual titular de la Codhem, Mirna García, ex fiscal de Feminicidios en el gobierno de Enrique Peña Nieto y designada en agosto del 2021 por Morena, pero no hubo respuesta alguna.

Finalmente, y después de 330 días de plantón en los que no se dio cumplimiento a la Ley de Amnistía del Estado de México por ninguno de los gobernadores del Grupo Atlacomulco y ni del Grupo Texcoco –fusionados ahora en uno solo-, las mujeres del colectivo Haz Valer Mi Libertad A.C., se retiraron.

Previamente, sostuvieron un encuentro con autoridades del Estado de México, que les ofrecieron más promesas para revisar sus casos, aunque en teoría ya existían mesas de trabajo desde el año pasado, que nunca se dieron a conocer públicamente.

La realidad es que los presos por delitos fabricados siguen sin recibir justicia. Además de los casos descritos en este trabajo, hay otros inocentes a los que las actuales autoridades se negaron a aceptar su amnistía, pese a haber sido decretada. Entre ellos están el indígena mazahua Carlos Martínez Reyes; el universitario Cristian Chávez, condenado a 65 años de prisión y torturado, así como Jorge Rivera Sánchez, quien perdió a su familia tras ser criminalizado.

El colectivo surgió tras la liberación, el 30 de enero del 2020, de Humbertus Pérez, un líder social que estuvo prisionero más de cuatro años bajo cargos falsos para acallar sus demandas contra políticos priistas involucrados en presuntos fraudes inmobiliarios. Luego de ser absuelto se lanzó a empujar una Ley de Amnistía estatal al asegurar que al menos el 60 % de los presos de las 22 cárceles mexiquenses son inocentes.

Las madres, esposas, hermanas y la abuela de Haz Valer Mi Libertad levantaron su plantón entre lágrimas por no haber obtenido justicia, en medio del proceso electoral para renovar el Congreso local, integrado por 75 legisladores (45 de mayoría); diputados federales y 125 ayuntamientos, así como la elección de un nuevo presidente de México.

Edición: Miguel Alvarado.