Toluca, México; 10 de mayo de 2024

Teresa Montaño/ The Observer/ Ramsés Mercado: imágenes.

Historias de la criminalización de inocentes en el Estado de México y el imposible acceso a la justicia, incluso en tiempos de la 4T.

Al hijo de la señora Luisa Montoya se lo llevaron policías ministeriales sin ninguna orden de aprehensión el 18 de diciembre del 2017, luego de ser detenido con violencia mientras compraba quesadillas en una esquina del pueblo de Santiago Miltepec en Toluca, de donde es originario.

Cuando su madre localizó a Carlos Estrada Montoya en el centro penitenciario de Almoloya de Juárez, tras recorrer hospitales, ayuntamientos, Semefos y comandancias, se estaba realizando la primera Audiencia de formulación de cargos en un juicio por homicidio que nadie de la familia, ni siquiera el imputado, estaban enterados.

“Madre, me acusan de un homicidio que sucedió en el pueblo, no sé quiénes me acusan, no sé quién es el occiso, no sé nada”, fue lo único que alcanzó a decir Carlos al reencontrarse con su madre 24 horas después, tiempo durante el cual Luisa levantó un acta por desaparición. Luego, tras quedar preso, se convirtió en una investigadora de tiempo completo, y así ella descubriría el montaje contra su hijo. Pero ella no es Florence Cassez.

A Pedro Fonseca Aldama, de entonces 30 años, le ocurrió algo similar cuando un agente de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), sin la orden de un juez, lo paró a mitad de una calle del pueblo de Zinacantepec y le soltó que tenía que ir a responder por un homicidio de quién sabe quién.

Aunque intentó resistirse y demostrar que se trataba de una confusión, llegaron más agentes y lo amagaron con cargar también con su novia. No tuvo opción.

Al subir al vehículo fue recibido a patadas, amenazado de muerte y amarrado al piso del auto. Le apuntaban con un arma, no podía moverse y en varios momentos de aquel trayecto que desbarrancó a su familia y su vida, escuchó cuando el oficial informaba a su comandante que “ya tenía a la persona, pero no era el de la carpeta”. Igual se lo llevaron y por horas se lo tragó la tierra.

Eso también le ocurrió a Jorge Daniel y a su padre Miguel, de apellido Juárez, originarios del pueblo de Santa Cruz Ayotusco, en Atizapán.

El domingo primero de julio del 2018, Jorge, de 20 años, terminaba su turno en la plataforma de UBER cuando fue interceptado por sujetos armados. Entonces le quitaron el teléfono, las llaves y le robaron el vehículo, propiedad de su padre. Al siguiente día fue con su familia a Naucalpan a denunciar el robo y automáticamente comenzó a recibir amenazas. Lo citaron en la agencia del ministerio público de Barrientos y en un minuto lo transmutaron en victimario, con una falsa acusación de cohecho. Así, quedó detenido.

Días más tarde una juez lo liberó por falta de elementos, pero se negaron a soltarlo. En lugar de ello los sujetos involucrados en aquel incidente del UBER (que resultaron ser agentes de la FGJEM), lo retuvieron en la aduana y lo sacaron encajuelado en un auto.

Dany desapareció cinco días completos y reapareció con nuevos cargos, ahora por “vender drogas afuera del penal de Barrientos” y por liarse en un homicidio. Cuando su padre Miguel logra ubicarlo en ese centro de readaptación y sale del MP para avisarle a la familia, uno de los agentes lo detuvo como “cómplice” del mismo asesinato por el que acusaron a su hijo.

Así, Miguel Ángel Juárez, de entonces 45 años y su hijo de sólo 20, quedaron presos y entonces fueron torturados. En el suplicio para auto-incriminarse, al padre le dislocaron un brazo, una lesión que nunca fue atendida y que le dejó otras secuelas, mientras que el vehículo nuevo nunca fue recuperado. Dicen que “el agente ministerial se lo acabo”, ya que jamás se integró la denuncia por robo.

A Eduardo Rebollo, de 23 años, sus captores policiacos le aventaron unos documentos, tras torturarlo y desaparecerlo más de una semana.

“Tienes que pagar un secuestro”, fue todo lo que escuchó, días después de ser levantado, lesionado y criminalizado por policías del Edomex.

La noche del 5 de octubre del 2017, sujetos encapuchados lo detuvieron en una gasolinera de Atizapán. Luego de descender de una camioneta particular portando armas largas, “se le fueron encima mientras cargaba combustible”, por lo que instintivamente intentó huir -existe un video-,  le dispararon y le reventaron la quijada de dos tiros. Luego, lo subieron a su propio taxi y lo llevaron a una calle aledaña, pero antes le robaron las llantas.

Aunque iba malherido lo pasearon y en el trayecto escuchó lo que parecían negociaciones vía telefónica entre sus captores y otras personas. Horas después lo trasladaron a la Cruz Roja de Cuautitlán Izcalli, donde se negaron a recibirlo sin una declaración de por medio. Entonces fue sacado y paseado de nuevo. Ahora le han quitado la ropa ensangrentada, lo cambiaron y fue conducido a declarar por segunda ocasión -sin poder hablar-, luego lo metieron en el Hospital Américas de Ecatepec, de donde lo sacarían horas después, sin recibir atención.

Eduardo desapareció diez días completos. Lo presentaron formalmente después de ese lapso acusado de un secuestro en el cual, inexplicablemente, él no era la víctima.

Ya encarcelado, pasaría tres meses en una enfermería, pero nunca lo operaron (se requerían dos placas y 40 tornillos). Aún tiene esquirlas alojadas en la cara y su vieja herida aún supura. Sus captores, agentes del Estado mexiquense en el gobierno de Alfredo del Mazo, argumentaron durante el juicio una enredada historia sobre el supuesto “pago controlado” de un secuestro que el juez dio por buena, al tiempo que anulaba todas las pruebas de su inocencia.

Otro caso fue el de Daniel Plácido Arroyo, detenido el 5 de noviembre del 2015 sin ninguna orden de aprehensión. Se lo llevaron directo de la vulcanizadora donde trabajaba, por lo que al momento de su detención iba cubierto de ese hollín negro que desprenden las llantas viejas y con la ropa sucia debido a la manipulación de rines lodosos, herramienta grasienta y cámaras viejas. Tenía el rostro ennegrecido también por realizar su labor la vía pública, circunstancia que el juez del Poder Judicial del Estado de México (PJEM), Cosme Díaz Osorio, dos años después, cuando lo sentenció, se lo echó en cara como algo incriminante y digno de ser castigado, porque él era “por mugroso y moreno”.

Le impuso 70 años de prisión en una sentencia marcada por la discriminación, según argumentó la propia Codhem en el oficio 400C1A0000/060/2021, en el que se pronunció por amnistiarlo de inmediato, tras constatar violaciones a sus derechos constitucionales.

Afortunadamente, la noche del pasado 2 de mayo y tras ocho años y seis meses de prisión, Daniel Plácido obtuvo su libertad por la vía de una revisión de su carpeta, pero no por la amnistía a la que tenía derecho, lo que le hubiera ahorrado prácticamente tres años.

El resto de los inocentes criminalizados por el Estado y en cuyos casos se dictaminó la amnistía desde junio del 2021, en términos de la Ley de Amnistía del Estado de México promulgada en enero del 2021, siguen presos.

Amnistías robadas

Los dictámenes emitidos por la Codhem para amnistiar por primera vez en la historia a personas inocentes criminalizadas en el Estado, imputados de delitos graves, datan del 2021, pero las autoridades mexiquenses, incluida la propia Codhem, el Poder Judicial del Estado de México (PJEM) y la gubernatura no las han acatado.

Según el dictamen 400C1A0000/061/2021 emitido por la Codhem el 3 de junio del 2021, para otorgar la amnistía a favor de Carlos Alberto Estrada Montoya, durante el juicio sufrió discriminación, tortura y se valoraron mal las pruebas de descargo.

Entre las irregularidades avaladas por el organismo en estos expedientes aparecen detenciones arbitrarias y sin órdenes de aprehensión; torturas y tratos crueles y degradantes; pruebas de descargo desechadas o deficiente valoración de éstas –las que comprobaban la inocencia- por parte de los jueces implicados o ministerios públicos, entre muchos otros fallos

En el caso de Estrada Montoya, la representación social no presentó ninguna prueba sólida que demostrara la culpabilidad de este albañil, aunque en su lugar la jueza anuló todas las pruebas de descargo, incluyendo testimoniales de testigos directos y documentos que comprobaban que el día de los hechos estuvo en otro sitio y con otras personas.

Al final, la jueza María Levit Becerril García le impuso 47 años de prisión, por lo que a los 70 años cumplidos podría alcanzar la libertad.

De acuerdo con Antonio Lara Duque, presidente de la  organización defensora de derechos humanos, Zeferino Ladrillero A.C,, en todos estos casos de personas criminalizadas durante gobiernos priistas recientes, se trató de “montajes” judiciales y mediáticos para incriminar a las víctimas de delitos cometidos por otros, los cuales lograron -por alguna razón inentendible- evadir la cárcel y ser suplantados por inocentes.

Se trata de, quienes en los corrillos de la “justicia mexiquense”, se les bautizó como “pagadores”, esto es, personas comunes, generalmente morenas y pobres -que meten a las cárceles bajo estrategias judiciales y policiacas fraudulentas para literalmente “pagar” los delitos de otros.

En el caso de los expedientes de amnistía por delitos graves que las autoridades mexiquenses se negaron a acatar –ahora aseguran que analizarán los casos otra vez, ignorando los primeros dictámenes-, el abogado Lara Duque, del “Zeferino Ladrillero A.C.”, aseguró que el Poder Judicial (PJEM) y la Codhem se encuentran entrampados frente al tamaño de la corrupción judicial y  violaciones al debido proceso que contextualizan estos casos, ya que exponen con crudeza cómo opera la impartición de justicia en el Edomex.

Entrevistado en febrero pasado, Lara Duque refirió que tanto la Codhem como el PJEM, se encuentran en lo que parece un paradoja, pues si aceptan los dictámenes de amnistía del 2021 para hacer “auténtica justicia”, quedará expuesta la calidad de la justicia que reciben –o no reciben- los mexiquenses.

“Están entrampados”, insistió.

Edición: Miguel Alvarado.