La decisión de dejar de pagar ha afectado hasta a 12 personas, pero solamente cinco de ellos han entablado una demanda en la Secretaría del Trabajo. De esos esos cinco, apenas dos o tres han protestado públicamente afuera de las instalaciones del periódico, ubicado en la calle de Camino Real a Metepec, número 827, en San Francisco Coaxusco, del municipio de Metepec, Estado de México. “A mí me deben 100 mil pesos”, dice el fotoperiodista Arturo Hernández en algún momento de la entrevista. Su historia representa la de cientos de trabajadores de medios de comunicación en la capital mexiquense, pero él se ha propuesto visibilizarla.
Toluca, México; 11 de septiembre de 2023
Miguel Alvarado
La última vez que estuvieron en las instalaciones del diario Impulso -un medio de comunicación que se publicaba en Toluca- se encontraron con un galerón abandonado. Allí estaban la gigantesca rotativa y hasta una camioneta chocada, que dejaron morir como al resto de la planta. “Impulso. Prensa”, dicen los rótulos de esa unidad, que se pudre abandonada con sus cuatro llantas desinflándose lenta, inevitablemente. Junto al auto hay un escritorio en el que a veces llegan a sentarse los últimos tres empleados que increíblemente siguen trabajando en ese lugar, que hace meses dejó de imprimir, aunque ahora tira solamente cierta cantidad para cobrar los convenios publicitarios que, esos sí, factura con toda regularidad.
Al fondo, en una sala que se encuentra cerrada, estaba la Redacción. Ahora es más bien una bodega en la que han aventado computadoras, escritorios, sillas y equipo de oficinas. Tiene así ya un año, y la muerte por covid de la directora editorial, Adriana Tavira “representó para Impulso el último clavo del ataúd”.
Así está la nave industrial que ocuparon por años quienes trabajaron en ese diario, de corte oficialista, propiedad del empresario Alejandro Zendejas Hernández, que un mal día también decidió dejar de pagarles a los empleados, una acción que solamente hizo crecer la serie de irregularidades que ya afectaban incluso desde 2006 a otros trabajadores. Deudas de 10 meses, de un año, de dos y pleitos interminables que datan desde hace 17 años terminaron con la vida útil de este periódico, hijo inválido de un dueño al que se le hizo fácil cortar los salarios a pesar de que, hoy día, sigue cobrando publicidades gubernamentales.
Algunos trabajadores han demandado, pero incluso ese proceso se ha vuelto excesivamente lento y por eso consideran que la Secretaría del Trabajo protege al empresario, cuyo nombre se encuentra ligado a otros conocidos negocios en la capital mexiquense, como el colegio privado Argos o el gimnasio Forzza. La decisión de dejar de pagar ha afectado hasta a 12 personas, pero solamente cinco de ellos han entablado una demanda en la Secretaría del Trabajo. De esos esos cinco, apenas dos o tres han protestado públicamente afuera de las instalaciones del periódico, ubicado en la calle de Camino Real a Metepec, número 827, en San Francisco Coaxusco, del municipio de Metepec, Estado de México. “A mí me deben 100 mil pesos”, dice el fotoperiodista Arturo Hernández en algún momento de la entrevista. Su historia representa la de cientos de trabajadores de medios de comunicación en la capital mexiquense, pero él se ha propuesto visibilizarla.
– Yo comencé a trabaja en Impulso en octubre de 2017 como fotógrafo. Entré cuando lo dirigía precisamente Adriana Tavira. Ella me dijo desde el principio que los pagos a veces llegaban a retrasarse una o dos quincenas porque de pronto había problemas con los convenios- dice Hernández, quien tuvo la mala idea de aceptar así el trabajo. Él mismo reconoce este error, pues señala que al menos en Toluca este tipo de cosas se han llegado a normalizar tanto que muchas veces se pasan definitivamente por alto.
El retraso en los pagos comenzó un años después, en 2018, porque los retrasos se hicieron todavía más largos, hasta tres o cuatro meses y después, de plano, ya no les pagaron. En 2020, un poco antes de que comenzara la pandemia de coronavirus, a Arturo se le debían 10 meses. Pero esa vez él y sus compañeros pudieron cobrar en diciembre. Les explicaron lo mismo, que el pago de convenios se había retrasado y que el dueño, al que nunca le veían la cara, estaba apenado con ellos. Debieron renunciar o demandar, pero no lo hicieron porque por lo menos en Toluca quienes trabajan en medios de comunicación consideran que es mejor trabajar en una empresa que pague con tanto retraso a no tener empleo.
En general, periodistas y empleados de medios de comunicación no están dispuestos a hablar públicamente de los abusos que los patrones cometen contra ellos, primero porque temen represalias y después quieren evitar quedarse sin trabajo, pues los casos se van conociendo en las empresas, cuyos dueños no contratan a quienes se defienden.
En el caso de Arturo, él y sus compañeros decidieron continuar trabajando en Impulso, pero nada cambió. Las deudas de la empresa con ellos fueron de nuevo acumulándose a partir de enero de 2021.
-Yo corté relación en septiembre de 2022 con Impulso y me quedaron a deber 10 meses y medio. Pero en otros compañeros el problema es mayor porque les deben hasta dos años solamente de sueldo- recuerda el fotoperiodista.
– Todo es una sarta de mentiras. Nosotros ya fuimos a demandar a la Secretaría del Trabajo y primero lo que hacen es la conciliación. Son tres citas en las que se trata de llegar a algún acuerdo antes de demandar. Nosotros ya estamos en el proceso de la demanda, que puede durar… las autoridades de la Secretaría del Trabajo (ST) me decían que ya han cambiado con la nueva implementación de la ley, que no es como antes… pero nosotros llevamos desde marzo de 2023 y no nos han dado ningún tipo de actualización- señala Arturo.
A principios de agosto, el fotoperiodista y otros tres de sus compañeros protestaron públicamente, porque los demás tienen cierto miedo, que hace una mala mezcla con la pereza, la falta de empatía y el propio desconocimiento de sus derechos. Algunos ya tienen un nuevo trabajo y no quieren perderlo por manifestarse.
Alejandro Zendejas Hernández se hizo del diario Impulso después de que fracasara la primera franquicia ofertada por Grupo Multimedios, que él mismo había conseguido. A ese diario le pusieron Milenio Toluca pero duró muy poco debido a pleitos entre los empresarios. Fue de esa fractura que nacería Impulso, en el 2006. Comenzaron con el pie izquierda porque de inmediato se registró un despido masivo, lo cual originó demandas que hoy día no han sido resueltas. La familia del empresario Zendejas es parte de la sociedad que controla al Colegio Argos, una escuela privada famosa porque ahí estudiaron los hijos del ex gobernador mexiquense Arturo Montiel Rojas y de otros políticos locales. Al casarse, Zendejas comenzó a compartir estos negocios, que al principio eran de su esposa. Tiene además una gasera, una constructora y restaurantes. Todos estos negocios pertenecen a la razón social Operadora Multirregional de Medios SA de CV. Y en esa misma está inscrito el diario Impulso.
-Zendejas no nos ha dado la cara. La deuda la controla una abogada, esto nos lo dijeron en la ST, y ella nunca nos ha dado una fecha de pago. Nosotros por eso demandamos y seguimos en ese proceso. Tristemente, nosotros no tenemos el capital para pagar un abogado y no sabíamos realmente cómo asesorarnos. Entonces tenemos un abogado de oficio que nos da la ST, pero ahí nos dijeron que el caso es muy ganable y que no era necesario que pagáramos el 30 por ciento a uno particular. Eso nos lo dijeron los procuradores del Trabajo- recuerda Arturo.
Ahora los periodistas se han dado cuenta de que el proceso es muy lento. Todavía no se cumple el año, aunque pareciera que se ha empantanado en alguna parte, lo cual hace sospechar que el empresario ha sido favorecido por algunos funcionarios. Esto ha sido negado por la Secretaría, pero el caso se ha ido a los juzgados de Xonacatlán, donde se dará el dictamen.
Los citatorios para las demandas son enviados al galerón abandonado, pero ahí no hay quién reciba esa correspondencia. Hay solamente un vigilante y de hecho el diario ha perdido o cancelado su página web, ubicada en la dirección www.impulsoedomex.com.mx, que refiere a una página en blanco. Pero no por eso ha dejado de imprimir algunos números con los que simulan circulación efectiva y que en realidad sirven para presentar como testigos para el cobro de publicidad. Lo único que tiene es un muro en facebook donde suben las portadas de una falsa edición electrónica. Por ejemplo, la portada del 11 de septiembre de 2023 lleva como nota principal un boletín del gobierno de Alfredo del Mazo, que titularon “Destina gobierno de Alfredo del Mazo más de 18 mil mdp a obra pública”.
Otras notas en esa portada sin contenido se refieren a la alcaldía de Naucalpan y a información relacionada con la morenista Delfina Gómez que genera su equipo de comunicación social. Sólo existen las fotos y los títulos. No hay nada más disponible. Durante un tiempo, a los empleados de las rotativas los convocaban solamente para imprimir unos cuantos números con publicidad. En facebook dice que cuenta con 42 mil seguidores, un número muy menor para un medio con tantos años en circulación. Quienes forman y suben a esa red social las portadas falsas son tres empleados que trabajan sin salario y que no se solidarizaron con sus compañeros. “Se trata de una publicación que ha comprado seguidores porque ninguna de sus publicaciones tiene follow o un ‘me gusta’. No puede explicarse ese número”, apunta el fotoperiodista.
Impulso mantiene su principal convenio con el gobierno del Estado de México, pero también tiene contratos con el DIF estatal, con la Universidad Autónoma del Estado de México y alguna vez con el Congreso local. Lo que pasa con Arturo y a sus compañeros es más común de lo que puede esperarse, incluso a nivel nacional. En el valle de Toluca un estudio realizado en 2022 por la Asamblea Tenemos que Hablar (ATQH), demostró que al 35 por ciento de los encuestados, empleados en medios de comunicación de la región, los patrones les debían pagos de salarios. “De este universo, al 33.3 por ciento le adeudaban una quincena. Al 33.3 por ciento, más de tres meses y al 16.7 por ciento nunca le pagaron”, dice la ATQH.