Una misión mexicana encabezada por el obispo mexicano Raúl Vera pudo entrevistarse el 18 de octubre de 2023 con el jerarca católico, a quien se le entregaron documentos relacionados con el caso del normalista.

Ciudad de México; 23 de septiembre de 2023

Miguel Alvarado/ texto y fotos

Ha llegado al Papa Francisco el caso del normalista mexiquense Julio César Mondragón Fontes, torturado y asesinado la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. Este tema, junto con el de otros mexiquenses afectados por acciones del Estado, ha llegado por fin a una instancia desde la que puede ejercerse presión para que sea resuelto o por lo menos para que se presione en busca de que se establezca un canal de información con las familias por parte de las actuales autoridades que lo investigan, que se han negado a entregar avances aduciendo que podrían ser compartida con medios de comunicación.

Una misión mexicana encabezada por el obispo mexicano Raúl Vera pudo entrevistarse este 18 de octubre con el jerarca católico, a quien se le entregó en mano cartas de la familia Mondragón y documentación relacionada con la ejecución de Julio César.

La organización guerrerense Década contra la Impunidad presentó también en Roma la masacre de El Charco, perpetrada por el ejército el 7 de junio de 1998 en la comunidad del mismo nombre, ubicada el municipio de Ayutla de los Libres, en la montaña de Guerrero. Este tema ha sido investigado por Érika Zamora, una de las sobrevivientes de aquella jornada y que fue encerrada en penales mexicanos durante cuatro años.

Otra violación presentada ante el Papa fue la ejecución del líder social Arturo Hernández Cardona, secuestrado en Iguala y ejecutado por el alcalde perredista José Luis Abarca el primero de junio de 2013. El de Hernández Cardona está ligado a la desaparición y asesinato de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y por lo tanto con la investigación de Julio César Mondragón. El 3 de junio el cadáver de Hernández fue hallado y un grupo de estudiantes de la Raúl Isidro Burgos quemó y tomó el palacio municipal de Abarca. Ahí, en ese lugar, se realizó una jornada de velorios y los estudiantes habían ofrecido que la Banda de Guerra de Ayotzinapa estuviera presente durante el funeral, pues se consideraba al asesinado un aliado de la institución. Los familiares de Hernández aceptaron y los normalistas volvieron a su escuela, situada en el municipio de Tixtla, muy cerca de Chilpancingo.

Durante el trayecto, sin embargo, recibieron una llamada de la viuda de Hernández en la que les decía que no volvieran a Iguala porque los Guerreros Unidos ya los habían sentenciado a muerte, en caso de hacerlo. Además, les dijo que eran seguidos por sicarios, que cumplirían sus amenazas sin ambages. Así, la Banda de Guerra no fue movilizada pero la cúpula estudiantil prohibió desde entonces a los jóvenes acercase a Iguala, un lugar vedado para cualquiera de ellos.

Que los líderes de la escuela, el 26 de septiembre de 2014, hayan decidido enviar a los jóvenes de primer año a Iguala a pesar de conocer la amenaza que pendía sobre ellos, ha sido una línea que no se ha investigado porque el gobierno cree que se revictimizaría a algunos estudiantes. Pero sin esa pieza del rompecabezas en el que se ha convertido esa matanza, entonces queda sin explicarse la presencia de los chicos en aquella ciudad. Los responsables de enviarlos fueron el entonces secretario general de la escuela, David Flores Maldonado, a quien le apodan el Parca, Manuel Vázquez Arellano, hoy diputado federal plurinominal por Morena, a quien le apodan el Eterno. “Fuimos nosotros”, dijo el diputado en referencia a la responsabilidad de poner a los de primer año en las calles de Iguala, el 14 de octubre de 2022, durante una conferencia en la XXII Feria del Libro en el Zócalo de la Ciudad de México. Ese día dijo que los padres de los desaparecidos le preguntaron lo siguiente:

-Primera pregunta: ¿quién los mandó a Iguala? Segunda: ¿por qué los mandaron a Iguala? Tercera: ¿por qué sólo a los de primero? Cuarta pregunta: ¿por qué en la tarde? ¡Claro! ¡Esa pregunta se la haría cualquier familiar! ¡Y claramente respondimos: fuimos nosotros! ¡Fuimos los dirigentes estudiantiles que seguíamos una tradición de lucha, de participar en la marcha del 2 de octubre!- narró Vázquez Arellano, quien también se hace llamar Omar García Velásquez.  

Ahora, la decisión que tomó el diputado federal la conoce el Papa.

La audiencia con el Papa Francisco es uno de los puntos centrales de una gira que realizan los integrantes de Décadas contra la Impunidad, que llevan bajo el brazo los casos de otros mexiquenses, como el del activista José Humbertus Pérez Espinoza, dirigente del Frente Mexiquense en Defensa de una Vivienda Digna y de la organización Presunción de la Inocencia y Derechos Humanos. El Papa ha turnado a la comitiva mexicana al Discaterio para el Servicio de Desarrollo Humano Integral del Vaticano, instancia en la que se profundizaron las historias. También hicieron del conocimiento de Francisco los casos de violaciones a derechos humanos que sufre la Coordinadora Nacional Plan de Ayala de Zacatecas y la tortura y encarcelamiento de Ramón Burciaga, sucedidas en Coahuila.

El presidente de Década contra la Impunidad es el obispo de Saltillo, Raúl Vera López; la secretaria ejecutiva y representante legal es Magdalena López Paulino y la coordinadora de Derechos Humanos es Éricka Zamora Pardo.