Ramsés Mercado: imagen. Redacción VcV
Toluca, México; 17 de enero de 2023
Unos 500 manifestantes exigieron la liberación de Tomás Martínez Mandujano, de 58 años, acusado de homicidio y preso en el penal de Otumba, en el Estado de México. Martínez fue detenido el 4 de junio del 2022 y de acuerdo con quienes exigen su libertad, no cometió ese delito.
Su abogada, Gabriela Cruz, señala que el proceso judicial que se le ha seguido está plagado de irregularidades. El acusado es un dirigente social de la comunidad de Llano Grande, en el municipio de Nicolás Romero, la misma de la que es originaria Leticia Cruz, otra activista presa, acusada por policías del robo de 650 pesos y que fue detenida cuando documentada una detención arbitraria y fuera de protocolo.
La Fiscalía del Edoméx, apunta la defensora de Martínez Mandujano, acusó al preso desde los testimonios de policías que han sido protegidos por la propia instancia, y no han ampliado su declaración porque “no se encuentran localizables” para ser notificados de la diligencia.
Los policías trabajan en la Fiscalía, y que la instancia no los pueda localizar es irracional, consideró la abogada. La Fiscalía dice que no saben en dónde viven. La abogada ha dicho que la orden de aprehensión se ejecutó dos años después de que el supuesto asesinato se cometiera, aunque en todo ese tiempo el imputado no se escondió e hizo su vida normalmente y estuvo siempre localizable.
La abogada recuerda que el 10 de marzo de 2020, en la comunidad de Llano Grande, una mujer y sus dos hijos se encontraban en su domicilio.
Ahí se presentaron cinco agentes de la Fiscalía que de acuerdo con ellos. Entraron a la casa y torturaron a la familia. Amarraron a uno de los niños y lo encañonaron con sus armas. Pero los gritos de la madre alertaron a la comunidad, que acudió a defenderla. Los vecinos consiguieron que esos agentes los dejaran en paz y que además abandonaran Llano Grande. Pero en ese transcurso, algunos de los habitantes agredieron a los policías. Los uniformados entonces comenzaron a disparar, pero una de esas balas hirió a un agente, el cual perdió la vida más tarde.
Ese es el homicidio que se le atribuye a Tomás Martínez. Sin embargo, el imputado no se encontraba en Llano Grande el día de los hechos.
En el momento en el que lo capturan, Martínez recibió un balazo en el pie por parte de uno de los policías que participaron en el operativo, pero esto no fue reportado en el informe oficial. Hoy, ese hecho se encuentra en “investigación”, aunque tampoco se han obtenido avances. Otra irregularidad se asienta en que los policías que llegaron al domicilio de la madre y los niños eran cinco, pero en las declaraciones se dijo que eran tres. “Ni siquiera se sabe de qué pistola salió la bala que posteriormente mató al policía”, dijo la abogada.
Al detenido lo han señalado de extorsionador y fraccionador, pero eso tampoco pudo ser probado por la Fiscalía. Asesores de la Coordinación de Concertación de la Subsecretaría General de Gobierno y de Atención Ciudadana del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México pidieron a los manifestantes que aportaran más pruebas y prometieron que el Tribunal intervendría para revisar y corregir las irregularidades que haya.
