Redacción VCV
Toluca, México; 29 de diciembre de 2020. Unos 200 elementos de la Fiscalía del Estado de México fueron excluidos de dos pagos de bonos por 40 mil pesos, que fueron adjudicados a policías de Investigación y funcionarios con categorías R1,R2 y R3. Los afectados señalan que este acto de exclusión ha generado descontento y molestias, pues no se les ha explicado la razón de tales determinaciones.
Omar González Pineda cumplirá 30 años en la institución y ahora se ve afectado por las desiciones de la Fiscalía. “Le he dado a la institución la mitad de mi vida para que ahora me salgan con esto”, dice, y asegura que esos bonos los ha recibido sin problemas los últimos cuatro años.
Pero sí hay una explicación.
A los policías no beneficiados se les han abierto durante el año carpetas de investigación que los impedirían para recibir los beneficios completos. Esto, según el propio González Pineda, quien afirma que esas carpetas provienen de denuncias de la ciudadanía.
Carlos Reyes Camacho, otro policía de Investigación, señala por su lado que sí fueron notificados por sus superiores acerca de la entrega de bonos, y que les aseguraron que los recibirían. Les informaron horarios y fechas para esa recepción, que sucedería los días 23 y 24 de diciembre.
“Nos sentimos indignados porque sentimos que es un bono que fue colectivo. Yo en lo personal digo que estoy discriminado, porque dónde queda legalmente la presunción de inocencia, dice quien tiene una carpeta abierta por la propia Fiscalía, caso que según él nunca le fue notificado.
Reyes Camacho dice que él tiene derecho al cobro de bonos por 80 mil pesos.
Los quejosos exigen saber quién fue la persona que decidió no darles los bonos de fin de año, y cuando se aclare eso, irán a quejarse al Tribunal de lo Contencioso.
El escolta Francisco Sánchez dice que independientemente de que alguien tenga alguna carpeta, los casos no son cosa juzgada.
Esta determinación afecta a todos los empleados del Estado de México, a todas las regiones, a todas las Fiscalías y a todos los departamentos. Los afectados dicen que buscan una negociación con la Fiscalía que sea conveniente para todos y que no pretenden violentar nada.



