Valle de Bravo, México; 15 de octubre de 2025

Marycarmen Aguilar

Son legítimos herederos de una porción de tierra que ha pasado de generación en generación y desde hace años las defienden inútilmente. Mientras, una poderosa mafia inmobiliaria los repliega y hasta la propia Fiscalía General de Justicia del Estado apoya a los invasores, que han logrado también la complicidad del ayuntamiento y de instancias estatales y federales para construir de manera ilegal un fraccionamiento campestre de lujo en ese terreno.

Para evitar más abusos el grupo de afectados, que suman más de 600 personas de todas las edades, han emprendido diversas acciones de defensa y protección, incluso han montado guardias continuas en la zona de bosque que les corresponde y familias completas se turnan para vigilar las 24 horas, los 365 días del año. Otra parte de los perjudicados se encarga de enfrentar el acoso institucional y acudir en apoyo de quienes fueron acusados falsamente y enfrentaron un juicio irregular, recibiendo una sentencia injusta.

Un citatorio urgente fue recibido por el Colectivo para la Conservación y Defensa del Patrimonio Natural de Santo Tomás El Pedregal Valle de Bravo (COCODEF), en el que se acusa, por supuesto “delito de despojo”, a cuatro integrantes de la organización, pero no están dispuestos a seguir soportando todas las injusticias, mucho menos dejar que los invasores logren su cometido. Estas acusaciones no han sido las únicas.

Los afectados explicaron que con ese citatorio comprueban y reafirman el acoso institucional y el fraude procesal del que han sido víctimas, pues en cuanto recibieron la sentencia para cuatro de los suyos, quienes pasaron dos años en un juicio totalmente irregular, enseguida les entregaron el “citatorio urgente” firmando por Édgar Salvador Galicia Alcántar, agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especial para la Investigación de Delitos de Despojo y Contra la Seguridad de la Propiedad y Posesión de Inmuebles de la Entidad, con sede Toluca. El documento lo dirigieron al teniente de Navío del Servicio del Medio Ambiente Marino, Gabriel Vázquez López, director de Seguridad Publica, Tránsito y Movilidad del ayuntamiento del Valle de Bravo, en el Estado de México.

Lo irónico del asunto es que los citados han tratado desde hace años de levantar las denuncias correspondientes por los mismos delitos por los cuales son acusados. No obstante los riesgos que para su libertad representa, los cuatro integrantes de la familia  Reyes acudieron primero a la cita en los tribunales de Valle de Bravo, donde el mismo personal, incluyendo una jueza, mostraron su extrañeza por la citación ante un hecho que desconocían y por tanto no podían atenderlos, así que los remitieron a Toluca, a donde acudieron días después Efrén Reyes Salazar, Maribel y Rodolfo Reyes González y Celso Guadarrama Reyes, que se presentaron a la Unidad Especial Para la Investigación del Delito de Despojo y contra la Seguridad de la Propiedad y Posesión de Inmuebles, respondiendo a la citación dictada en el oficio 380/2025, bajo los números de investigación NIC: VAL/VBR/00/MPI/176/00856/24/10 y NUC: VAL/VAL/VBR/111/316230/24/10.

Los afectados están cansados de los múltiples ataques en su contra, desde el acoso institucional y las denuncias falsas, hasta la invasión gradual del territorio que legalmente les corresponde y que está a un paso de convertirse en ejido, pero este procedimiento, aseguran, se encuentra igualmente detenido, con toda seguridad por intervención de los poderosos invasores, a decir de Efrén Reyes Salazar, representante del Comité Particular Ejecutivo Agrario, quien eventualmente será el primer Comisariado Ejidal, y que está resuelto a enfrentar y denunciar, con toda la energía de sus 70 años a cuestas, la maquinaria judicial convertida en cómplice de los propietarios de casas de lujo construidas en las tierras que no les pertenecen.

De 235 hectáreas asignadas legalmente a los vallesanos de esta comunidad, les han invadido 110; la mayoría de este espacio ha sido ocupado por Banca Mifel, empresa reconocida precisamente como invasora. Hay otros particulares, quienes han sido respaldados por los hermanos Luis y Agustín Quintanilla, vecinos de la comunidad, quienes, se sospecha, están detrás de la destrucción de 10 hectáreas de cultivo, un trabajo de siembra machacado con maquinaria pesada hace un par de años, pero al tratar de levantar la denuncia, el Ministerio Publico se negó. Los afectados no tuvieron opción alguna, al contrario, familiares directos de Efrén Reyes han sido víctimas de injurias, fabricación de pruebas falsas y argumentos tan absurdos como asegurar que las pruebas de los delitos son unos videos registrados por “cámaras del C5”, cuando el supuesto lugar donde se cometió el daño que fabricaron es zona rural y ni siquiera hay señal telefónica.

Aun así, los cuatro indicados fueron sentenciados a siete años de prisión sin beneficio alguno, y el mismo resultado pretenden acusando ahora a cuatro más. Esto ha colmado la paciencia de los ejidatarios, que han iniciado diversas acciones para la defensa de su territorio y recuperar la tranquilidad que les fue arrebatada desde hace décadas por la codicia que despierta el terreno donde casi 100 familias han asentado sus hogares, heredándolos de generación en generación.

Con esta nueva demanda en su contra esperan ser atendidos para revisar todas las peticiones hechas ante los tres niveles de gobierno y se instale a la brevedad la mesa de trabajo y diálogo solicitada al gobierno del Estado, esperando lograr que las instancias correspondientes cumplan.  

Además, por la experiencia acumulada al enfrentar y resistir a este embate institucional, contemplan la posibilidad de ampliar sus acciones para combatir al cártel inmobiliario que los acosa. En esa misión de defensa, enmarcada en códigos y leyes internacionales de Derechos Humanos, se anotan a la cabeza del numeroso grupo de habitantes de Santo Tomás, el propio Efrén Reyes Salazar, junto con sus hijos Maribel y Rodolfo Reyes González, así como decenas de comuneros que exigen a las autoridades les hagan valer la resolución presidencial y la del Tribunal Superior Agrario que les otorga el derecho pleno sobre esas tierras, y sobre todo, exigen, se les permita demandar el despojo de Banca Mifel y los otros invasores, para recuperar esas otras 110 hectáreas que les corresponden.

Debe revisarse también el delito de daños causado en las 10 hectáreas de siembra de maíz, para que los responsables paguen los cuantiosos daños y se pueda volver a sembrar.

El otro gran pendiente es lograr el respeto pleno a la legalidad agraria en Valle de Bravo y en ello no claudicaran los habitantes de la comunidad de Santo Tomás el Pedregal. Por ello han realizado varias protestas para denunciar la falta de atención, tanto de autoridades como de líderes locales y hasta de representantes populares, padeciendo toda clase de agresiones incluso el corte de suministro de agua con el fin de cansarlos y obligarlos a desistir y abandonar sus tierras.