Guadalupe González, una empresaria del sector restaurantero, denuncia lo anterior y revela que ella y su familia han sufrido amenazas de muerte pese a que hay denuncias penales e investigaciones avanzadas.

Toluca, México; 16 de octubre de 2024

Miguel Alvarado/ texto. Imágenes/ VCV

Extorsiones, exigencias de dinero, alargamiento de trámites, amenazas con armas de fuego de funcionarios municipales contra emprendedores para que entreguen recursos económicos. Pequeños y medianos empresarios de Toluca, en el Estado de México, denunciaron esta mañana a Genaro Ruiz, director de Gobernación municipal; a Laila Chemor, pariente del ex gobernador mexiquense Emilio Chuayffet Chemor y directora de Desarrollo Económico, y a otras tres personas de amedrentarlos, engañarlos, cobrar por documentación gratuita e impedir la realización de inversiones y apertura de negocios en el centro de la capital mexiquense.

Guadalupe González, una empresaria del sector restaurantero, denuncia lo anterior y revela que ella y su familia han sufrido amenazas de muerte pese a que hay denuncias penales e investigaciones avanzadas. Señala que se han encontrado con situaciones que “hacen que uno desfallezca con los emprendimientos empresariales”, y asegura que si uno no tiene las conexiones o influencias necesarias con el gobierno municipal, entonces será obstaculizado.

“Yo me acerco a la Dirección de Desarrollo Económico de Toluca en mayo de 2022 y solicito una reunión con la directora, Laila Chemor Sánchez, quien me recibe junto con Héctor Javier Salas Camacho, director de Promoción Económica y Empleo. Les presentamos un proyecto que implicaba la generación de 50 empleos formales y con gente de Toluca. Ellos dijeron que sí, que era un proyecto viable y que avanzáramos”.  

Guadalupe firmó entonces un contrato para arrendar un local por diez años el 16 de octubre de 2022. Las autoridades le exigían tener un lugar ya establecido e instalado debidamente, por lo que tuvo que realizar una inversión considerable. Ese negocio planeaba la venta de bebidas alcohólicas y venta de pizzas hechas en horno de piedra. Al mismo tiempo comenzó a cubrir la documentación requerida y a realizar los trámites legales, pero también con eso comenzaron las dificultades.

En agosto de 2023 y con el local rediseñado, el municipio decidió no recibirles la documentación argumentando que no esos papeles no contaban con “el visto bueno” y que Guadalupe necesitaba esperar la visita de Andrés González Nieto y de Andrés Vergara Mañón, funcionarios municipales, que finalmente llegaron al negocio para realizar una “visita económica”.

“Nos dicen que sí, que está muy bonito el proyecto y que para abrir de inmediato nos iban a localizar para decirnos en cuánto nos saldría. Nos hacen una llamada y nos citan el 29 de agosto de 2023, en el palacio municipal. Ahí nos reunimos con Andrés Vergara Mañón, quien nos dice que no tiene tiempo, pero que nos van a atender Jessica Edith Sánchez y Jocelyn Becerril Colín”, dice Guadalupe.

En esa reunión, la funcionaria Jocelyn Becerril Colín les dice que para que puedan abrir “el changarro”, tenía que entregar 200 mil pesos de inicio, lo que permitiría la apertura inmediata. Pero además tendrían que pagar 50 mil pesos mensuales. Serían Jessica y Jocelyn quienes pasarían por ese dinero. La emprendedora respondió que su equipo no conducía de esa manera. Como respuesta, recibió una serie de insultos y descalificaciones, así como amedrentamientos y amenazas relacionadas con la imposibilidad de abrir. Guadalupe y sus socios rápidamente vieron que este chantaje inicial los dejaría sin ganancias y terminarían trabajando para el municipio y los funcionarios involucrados.

El primero de septiembre de 2023 se presentaron al negocio Magaly Ríos, Jéssica Edith Sánchez y Jocelyn Becerril. Entonces Magaly Ríos sacó una pistola y con ella apuntó al esposo de Guadalupe, a la altura de las piernas.

-¡Venimos por lo del acuerdo!- gritó la funcionaria municipal entonces.

-Nosotros no tenemos ningún acuerdo- respondió Guadalupe.

-¡Cómo chingados no!

Los hijos de la empresaria, menores de edad, estaban con ella, que tenía 50 mil pesos ahí mismo, que iba a utilizar para pagar unas bocinas. Ese mismo dinero, a la mala, fue el que las funcionarias con pistola pudieron llevarse.

Pero el 10 de noviembre de 2023, esas tres mujeres regresaron. En esa segunda visita se llevaron 30 mil pesos.

“Después de eso, determinamos que ya no íbamos a permitir nada de eso. Ingresamos una denuncia. Entonces esas tres personas fueron vinculadas a proceso desde la carpeta de investigación 96/2024. Y actualmente están esperando sentencia. Metieron amparos para llevar su proceso por fuera y les aceptaron uno, por lo que están en libertad. Luego, Desarrollo Económico municipal acepta nuestra argumentación y nos dicen que ellos tenían un convenio de colaboración con la Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Coprisem), el cual había vencido y por eso no nos podían dar el documento que contenía la opinión técnica de factibilidad de impacto sanitario”.

Los meses siguieron pasando y el 9 de enero de 2024 el municipio llamó a la empresaria. Pero al llegar a la oficina de Laila Chemor Sánchez la estaban esperando con un documento para que pagaran la factibilidad de agua potable, que implicaba una cantidad de 101 mil 86 pesos.

-Es demasiado alto- les dijo Laila Chemor, al tiempo que se ofrecía para conseguirles una cita con el funcionario Marcos Sandoval, que tuvo lugar el 12 de enero. Ahí les hicieron un descuento por 52 mil 806 pesos, pero de nueva cuenta, se encontraron con otro esquema de corrupción.

-La señora Leila Chemor quería la mitad de ese descuento, en efectivo- dice Guadalupe.

Después, a mediados de enero de 2024, se presenta otro funcionario, Jorge Cañas, que identifican como trabajador del área de Gobernación y les dice lo siguiente:

-Si ustedes no retiran todas y cada una de las denuncias que presentamos por extorsión agravada, no van a poder abrir nunca esta chingadera de negocio. Nosotros nos vamos a encargar de que así sea porque los favores políticos sobran. Y no abrirán ni en ésta ni en la siguiente administración- les espetó Cañas a rajatabla.

El 19 de febrero de este año recibieron un llamado de Desarrollo Económico para requerirlos por el pago del agua. Luego, ahí les dijeron que hacían falta documentos.

-Pero no nos hacían falta -dice Guadalupe-, lo que estas personas querían era cambiar nuestra fecha de ingreso de papeles. Mi primera fecha era del 21 de noviembre de 2023 y esa vez nos hicieron ir a firmar como si yo hubiera ingresado un trámite nuevo.

El 22 de marzo se presentaron citados en Desarrollo Económico ante Laila Chemor y Héctor Salas Camacho, quienes les informan que debido a la tardanza que se había generado, no habría manera de que abrieran el negocio. Además, arguyeron, ya se venían elecciones, y que si querían hacer las cosas de manera adecuada pasarían hasta más de cuatro meses. Entonces, los funcionarios volvieron a extorsionarlos.

-Mejor llévenle el faltante a Genaro Ruiz López, que estaba como cabeza de la Dirección de Gobierno, y a Constantino Díaz Álvarez, director de Inspección y Control Comercial- les dijeron. Eso quería decir que tendrían que llevar 220 mil pesos.

Laila Chemor conocía todo lo que los extorsionadores les habían hecho pese a que no se lo habían referido. La afectada obtuvo un amparo el 1 de abril por la omisión que cometían las autoridades para entregarle la opinión de factibilidad de impacto sanitario y el dictamen de giro. Y es que ese trámite, que lleva diez días, no había tenido respuesta en cinco meses. Ese 1 de abril Laila Chemor, Héctor Salas Camacho y Roberto Vera Benjamín intentaron cobrarles, vía telefónica, 70 mil pesos a cambio de entregarles el papel con la opinión de impacto sanitario, un documento que no tiene costo y que se fundamenta en cuatro rubros: temas de audio y sonido; normativas de limpieza; fauna nociva y la prohibición de fumar.

Los funcionarios municipales querían hacer pasar el negocio de Guadalupe como de alto impacto debido a la venta de bebidas alcohólicas y la cercanía de una escuela. Intentaban hacer creer que esas ventas eran la actividad principal cuando el negocio es un restorán familiar.

-Laila Chemor se ha dedicado a decir que este local iba a ser una casa de citas, un burdel y un prostíbulo. Esto lo sé porque diversas autoridades me lo refirieron, entre ellas regidores como Mario Cardoso, a quien me acerqué para para comentarle la situación- dice la empresaria.

El 13 de mayo de 2024 Guadalupe González llevó un escrito a la gobernadora mexiquense, la morenista Delfina Gómez, donde le contaba todo lo que había pasado. La enviaron a la Fiscalía Anticorrupción, donde integraron una carpeta contra Laila Chemor Sánchez por el delito de cohecho. También llevó un escrito a la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de México (Codhem), pues ha sido discriminada.

Todavía faltaba otra cosa. Laila Chemor es familiar del ex gobernador del Estado de México, Emilio Chuayffet Chemor, quien ha amedrentado a uno de los socios de Guadalupe. En una reunión, le puso una carpeta en la mesa.

– Ya sabemos el tema. Evítanos pedir favores. ¿Qué es lo que quieren? Retiren denuncias, incluidas las de quienes están en proceso- le dijo Chuayffet, célebre por su responsabilidad en la matanza de Acteal, Chiapas, en la que fueron masacrados 45 personas de origen tzotzil, el 22 de diciembre de 1997. Chuayffet era secretario de Gobernación en la administración de Ernesto Zedillo.

Esa, la de retirar todas las denuncias, era la única solución para los extorsionadores. A cambio, a Guadalupe le darían una licencia por 90 días. En esos días, la Coprisem visitó el negocio y se dio cuenta de que los funcionarios municipales habían entregado reportes falsos y no tenía por qué negarles el documento que les faltaba. A partir de entonces los trámites parecieron destrabarse, pero no era así. Después en Desarrollo Económico les dijo que debían ingresar desde cero los procesos legales. Esta petición lleva trampa, porque si lo hace, la responsabilidad de los extorsionadores quedará “borrada”. Además, la obstrucción a la inversión está tipificada como delito y eso fue lo que también pasó. Una jueza federal ha determinado que existe daño a la esfera jurídica de Guadalupe y por eso ha ordenado que se les entreguen los documentos que ha requerido.

-A la fecha no los han querido entregar porque saben que dándome el documento de impacto sanitario no habrá motivo por el cual puedan negarme un dictamen de giro. Esos mismos funcionarios nos confesaran, antes de que comenzaran los problemas, que había negocios que operaban sin tener licencias, y bastaba con que pagaran entre 15 mil y 50 mil pesos mensuales para que los dejaran operar. Incluso la representante del Centro Histórico tiene sus locales sin licencia. ¿Entonces cómo es que funcionan si no tienen los documentos completos? Pues por palancas o porque les pasa su renta mensual- dice Guadalupe, quien ratifica que Laila Chemor es la principal responsable de obstruir todos y cada que realizan quienes intentan abrir un negocio en el centro de Toluca.

“Que nos dejen trabajar honradamente”, dice al final.