Luvianos, México; 31 de marzo de 2025

Marycarmen Aguilar/ texto e imágenes

Orbelín Rodríguez nació en Luvianos y como muchos emigró a Estados Unidos. Él no iba con idea de vivir el llamado Sueño Americano, sino de regresar a su pueblo y construir “la casa perfecta”. Así fue. Con tesón y ahínco logró prosperidad y estabilidad en el norte, se casó y sus hijos nacieron en el estado de Tennessee. Entonces él y su esposa decidieron volver a México, ya sin pretensiones de regresar al otro lado.

El joven luvianense estaba decidido a cumplir lo que ahora llamaba “el sueño luvianense” y levantar una casa grande en la punta de una loma. Así lo hizo, y ahora esa casa sobresale entre el paisaje. Orbelín la llamo “Rancho La Cuchilla”, y resumen todo cuanto significa trabajar honestamente y esforzarse.

“Si una persona trabaja honradamente, puede lograrlo. Andar en malos pasos no es el único camino para un buen estilo de vida, pero a la gente en México ya se le olvido lo bueno de ser buenos y honestos, sin dañar a nadie y tener comodidades y hasta lujos, si se puede”, dice el joven, cuya familia ha sido perjudicada por el Operativo Bastión, realizado por fuerzas policiales y fuerzas armadas el pasado 28 de marzo de 2025, pues de manera inesperada su casa fue cateada y asegurada, dejando sin techo a su esposa y dos hijos, una pequeña de 12 años y un jovencito de 17 años, cuando preparaba su festejo de cumpleaños, dispuesto para el 29 de marzo.

Esto les ha ocasionado, además, señalamientos incómodos por la enorme difusión realizada por el gobierno del Estado de México, que exalta las acciones implementadas por el Poder Judicial del Estado de México (PJEM)y por la Fiscalía General de Justicia de la entidad (FGJEM), que los ha criminalizado al relacionarlos equivocadamente con un grupo delictivo y difundir masivamente imágenes de su hogar masivamente mediante comunicados oficiales y videos.

Luego de escuchar el relato de lo sucedido y analizar los documentos presentados por Orbelín Rodríguez, la defensoría de los Pueblos de Tierra Caliente, un organismo ciudadano y autogestivo, estableció un esquema de acompañamiento para esa familia, que aún no logra entender las razones por las cuales su domicilio fue “cateado y asegurado”. Así ha emprendido las denuncias necesarias para aclarar la situación, que no ha sido la única por la que han pasado. La primera que les sucedió alguno similar fue el 4 de abril del 2024.

Hace un año la intrusión de la policía en su casa arrojó solamente pérdidas materiales, pero esta ocasión los agentes colocaron sellos oficiales de aseguramiento de la Fiscalía. La familia llegó cuando la fuerza policiaca estaba adentro del inmueble y pese a identificarse y mostrar los documentos que los acreditaban como legítimos dueños, la supuesta diligencia judicial continuó.

El año pasado la Defensoría de los Pueblos de Tierra Caliente, encabezada por el activista Indalecio Benítez Mondragón, acompañó a Orbelín Rodríguez Arellano a entablar una denuncia contra elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA) y de la Guardia Nacional (GN). Esos hechos quedaron plasmados en el expediente NIC TEJ/CJA/00/MP/184/00029/24/04 Y NUC: SUL/TEJ/CJA/8/098718/24/04, donde se indica además como tema del oficio la serie “400L9A000/39/2024 MEDIDA DE PROTECCIÓN”. El documento fue suscrito en Amatepec, Estado de México, y está dirigido al director de Seguridad Pública municipal de Luvianos.

Lo que pasó en aquella ocasión fue muy similar a esta nueva acción del 2025. Em ese entonces Orbelin recibió una llamada en la que se le informaba que elementos de la Guardia Nacional y del Ejército estaban dentro de su propiedad. Al punto se dirigió a su hogar y efectivamente, encontró en la entrada de su Rancho La Cuchilla, camionetas oficiales que estaban cargadas de bolsas llenas de objetos que, después dedujo, eran enseres de su casa, que los agentes habían sustraído.

Ese 4 de abril del 2024 vio también a varios uniformados con bolsas y maletas bajando la loma. Estos oficiales, al verse descubiertos por el dueño de la casa, las aventaron y se alejaron sin explicar por qué habían irrumpido en su hogar. Orbelín entró poco después a su casa y encontró un desastre, pues la Guardia Nacional había hurtado cuanto había podido pudieron. Él vio cómo  se llevaban toda clase de aparatos, perfumes nuevos y hasta una cámara fotográfica que uno de ellos aventó cuando salía rápidamente de la propiedad.

En seguimiento a estos hechos la defensoría ciudadana les apoyó para traer peritos y hacer algunas diligencias con el propósito de dar cauce a la demanda, pero los propios trámites burocráticos retrasaron el esquema de denuncia. Así, con una denuncia pendiente, vuelve ahora enfrentar otra injusticia más. Esta vez Orbelin, su esposa y sus hijos habían salido de su hogar desde muy temprano, pero cerca de las 9 de la mañana recibió una llamada de uno de sus trabajadores, el cual le indicaba que varios vehículos y gente uniformada, algunos encapuchados, estaban en su casa. Orbelín regresó entonces a su hogar y se presentó ante los inesperados visitantes, exigiendo que le explicaran el motivo de esa movilización.

No hubo respuesta clara de parte de los funcionarios, pero sí se encontró con la desagradable sorpresa de estar impedido para entrar en su casa, consecuencia del operativo interinstitucional Bastión. Su hogar quedó asegurado con enormes carteles que significan para su familia un estigma y la criminalización de su imagen pública. No pudo hacer nada ni le explicaron nada, sólo le entregaron unos papeles, y tuvo que conformarse con ver cómo colocaban los enormes sellos en su casa y lo conducían hacia la puerta principal, que igualmente fue sellada. Leyó una copia de un machote de “NOTIFICACIÓN” con logotipos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, relleno a mano. Ahí se anotó como hora de entrega las 9 de la mañana con 28 minutos. El funcionario responsable es Alfredo Ortiz Galindo, servidor público adscrito a la Agencia de Investigación Criminal y según se indica en ese papel, se identificó con gafete número AMP2880 expedido por la FGJEM. La realidad, dice Orbelín, es que no se identificó.

La notificación oficial señala que la orden de cateo fue otorgada por el Juez de Control número 4/2025, 767/25 que es parte de una carpeta de investigación. Un texto oficial dice que durante la técnica de investigación se advierte la existencia de un “delito flagrante” por lo cual, se supone, quedaron las autoridades en posibilidad de realizar el aseguramiento del inmueble, además de: “televisores, un reloj, una caja de gorras y muebles propios del hogar”.

A Orbelín le entregaron otros papeles donde explican los por qués de estas acciones, y en tres hojas detalladas pudo leer que esos documentos habían sido suscritos por una jueza “especializada en cateos, órdenes de aprehensión y medidas de protección en línea”. Estos papeles son parte de una orden integrada por 19 páginas, aunque Orbelín sólo pudo quedarse con la 16, 17 y 18, donde indican algunos datos como el número cateo especializado, que es el 000767/2025; el número cateo 000004/2025 y un número auxiliar representado por el 000047/202.

El documento explica que hubo una petición de cateo por parte del ministerio público el 26 de marzo del 2025 a las 14:46; ahí mismo se apunta hora de la respuesta emitida en misma fecha, las 16:45 horas, Apenas dos horas y un minuto demoraron para resolver y autorizar la diligencia en el domicilio marcado mediante coordenadas geográficas, ubicada en la comunidad de Los Pinzanes.

El documento que conserva Orbelín señala, en el párrafo Segundo, que “El acto de molestia autorizado únicamente tendrá [la] finalidad [de] buscar y aprehender a la persona: …………… limitándose a esta circunstancia, ya que sólo así se dará certeza jurídica a los ocupantes del lugar, sin que ello de ninguna manera implique el aseguramiento de los inmuebles”.

Por otra parte, el párrafo Tercero señala que “Se previene al Agente del Ministerio Público Solicitante para realizar el cateo dentro del plazo de veinticuatro horas siguientes a la recepción de esta resolución, transcurrido dicho plazo dejara de surtir efectos; con un apercibimiento para el caso de no realizarlo dentro del término concedido, o sin causa justificada ‘se le impondrá multa por equivalentes al valor diario de medida y actualización vigente de conformidad con el artículo 104 fracción 2 inciso B del Código Nacional  de Procedimientos de penales’”.

El documento es una prueba de violaciones a reglamentos y está plagado de inconsistencias. Pero el aseguramiento de la casa ha dejado a la familia sin hogar y enfrentada a consecuencias graves como el daño patrimonial causado por el robo de pertenencias, así como el trauma psicológico y emocional, y el descrédito.

La familia hace un llamado a la gobernadora mexiquense, la morenista Delfina Gómez, y a las autoridades responsables para atender y solucionar esta situación lo antes posible.

El Operativo Bastión fue una acción dirigida contra bienes inmuebles que serían propiedad de los líderes de la Familia Michoacana, Jhonny y Alfredo Hurtado Olascoaga, e implicó la aseguranza de 21 edificaciones en seis municipios al sur del Estado de México. Participaron elementos de la DEFENSA, la Marina, la GN), la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

En Luvianos se reportó que los ranchos Caja de Agua, Calavera y Pinzanez fueron asegurados alegando que habpian sido construidos con recursos de procedencia ilícita.