Redacción VcV

Toluca, México; 7 de marzo de 2022.

Una lista elaborada por la Secretaría de Seguridad del Estado de México ha calificado a 5 manifestaciones feministas que se realizarán mañana con la denominación de “realizan pintas y destrozos”, un letrero que aparece en color rojo, a manera de clasificación, en la cual también está la denominación de “pacíficas”, en letras verdes, y la de “realizan pintas”, en color naranja.

Mañana colectivas feministas saldrán a las calles a conmemorar el Día Internacional de la Mujer.

Este “semáforo de marchas” ha clasificado las actividades de las colectivas, y la SS mexiquense marca diferencias entre unas y otras. Todo esto está contenido en un documento denominado “Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Convocatorias”, que se hace pasar como un boletín informativo, en el que se enlistas las marchas confirmadas que se realizarán en el Estado de México.

Así, hay 35 marchas de las que se informa el punto y hora de salida, la colectiva que la organiza o encabeza y “el poder de convocatoria”, así como una liga para sitios de internet de las organizaciones.

En el apartado de “poder de convocatoria”, se informa también cuántas personas asistirán y el grado de actividad que se despliega. En letras rojas aparecen las manifestaciones que “realizan pintas y destrozos”. En naranja, las que pintan edificios y en verde las que se consideran como pacíficas. Además, se publican los nombres de las colectivas y organizaciones que estarán en cada una de las movilizaciones.

Las manifestaciones marcadas en rojo, de acuerdo a la SS, se realizarán en Ecatepec, Lerma y tres en Toluca. Ecatepec y Toluca son municipios feminicidas, en los que este año se han incrementado las desapariciones de mujeres, pero también los asesinatos en su contra.

Las marchas clasificadas en naranja son 5, las pacíficas son 18 y hay siete que no tienen ninguna denominación, pero estas últimas están organizadas por asociaciones de abogadas, así como el ayuntamiento y el DIF de Villa del Carbón, y estudiantes universitarios, entre otras instancias.

En Toluca, la Universidad Autónoma del Estado de México fue denunciada el 17 de marzo de 2020 de espionaje por alumnos universitarios en huelga. El medio de comunicación local Imagina publicaba en esa fecha que desde 2012 la UAEMéx realiza ese tipo de prácticas, en tanto el Comité Coordinador de Lucha (COCOL) exponía ante medios “una serie de documentos que evidencian las acciones del espionaje y contrainsurgencia mediática llevadas al menos desde 2012 a universitarios, y que se incrementaron desde 2014 con la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Los archivos fueron localizados en el Centro Juvenil Universitario (CEJU) considerado ahora como un centro de espionaje por los Comités de Lucha. En los documentos se observan índices con: análisis de riesgo, perfiles con nombres, fotografías, redes sociales y actividad de estudiantes disidentes denominados como subversivos”, de acuerdo al reportero local Alí Pacheco.

La criminalización de los movimientos sociales en México es de larga data y entes como el desaparecido Centro Nacional de Inteligencia, que no era otra cosa que una instancia de espionaje contra civiles. Ese espionaje tambipen lo practican las fuerzas armadas de México como la Guardia Nacional, la Marina Armada de México y el ejército mexicano. Estas instancias avisan a la Secretaría de Gobernación acerca de sus hallazgos, así como a las distintas fiscalías, que en consecuencia detienen a luchadores sociales, normalistas rurales, líderes de autodefensas, líderes comuneros, activistas de derechos humanos y miembros de resistencias contra la industria extractiva.

“El ejército tiene un Manual de Disturbios Civiles con sus procedimientos de operación sistémicos y defiende a ultranza su secrecía, como se desprende de algunos casos”, documentaron los periodistas Miguel Alvarado, Francisco Cruz y Félix Santana en el libro La guerra que nos ocultan, donde narran los operativos de las fuerzas armadas y de seguridad pública contra los normalistas de Ayotzinapa. El ejército se negó a entregar el libelo a ciudadanos que lo pidieron vía Transparencia alegando que la difusión del contenido pondría en riesgo las operaciones del ejército en situaciones como las que se generan en las marchas. Ese librito, sin embargo, se vende en librerías de segunda mano de Donceles, en la Ciudad de México.

En las listas de espiados por el gobierno de México aparecen periodistas, líderes sindicales, políticos de todos los partidos, activistas de derechos humanos, buscadoras de desaparecidos, normalistas rurales, sacerdotes con trabajo de activismo, líderes de movimientos de resistencia y militantes de autodefensas, entre otros.

En el siguiente botón puede descargarse el documento completo.