Redacción VcV. Brenda Cano: diseño.
Toluca, México; 4 de mayo de 2022.
El gobierno de Alfredo del Mazo deberá informar a detalle las operaciones de los Cuerpos de Seguridad Auxiliar del Estado de México (CUSAEM). Esto, por un acuerdo de la Comisión de Seguridad Pública y Tránsito, que determinó que el CUSAEM se encuentra en un limbo legal, pues ofrece servicios de seguridad privada a empresas y dependencias, y los 30 mil miembros de la corporación disponen de seguridad social, pero no pagan aportaciones al ISSEMyM.
Así ha operado durante las últimas décadas, sin que nadie tenga la certeza de si es una corporación pública estatal o una empresa privada, por lo que su existencia es absolutamente irregular.
Un exhorto planteado por el diputado local Ariel Juárez Rodríguez exige que se emita un informe y compruebe, en un plazo máximo de 10 días naturales, el sustento jurídico que le permite operar en el territorio mexiquense, si forma parte de la estructura gubernamental, indicar de quién depende administrativamente y la fecha de creación con el acta constitutiva.
El diputado señala que para entender las múltiples irregularidades se debe revisar la administración de Alfredo del Mazo y de sexenios anteriores como el de Enrique Peña, Arturo Montiel y César Camacho Quiroz, entre otros.
“Hasta el día de hoy pareciera que nadie ve, nadie oye, nadie escucha, nadie sabe, nadie conoce de un limbo legal en el que está CUSAEM”, dijo.
El punto de acuerdo requiere al titular de la Secretaría General de Gobierno, Ernesto Nemer; al de Seguridad, Rodrigo Sigfrid Martínez-Celis Wogau, y al de Justicia y Derechos Humanos, Rodrigo Espeleta, para que informen la naturaleza jurídica de esa corporación, que presta servicios a gobiernos y empresas particulares.
El exhorto pide que los funcionarios estatales referidos esclarezcan de quién depende programática, administrativa y presupuestalmente CUSAEM, y a qué sistema de fiscalización se encuentran sujetos sus más de 30 mil elementos. También deberán presentarse manuales de organización y protocolos.
“En caso de no contar con dichos documentos, ordene al CUSAEM cese de manera inmediata sus actividades hasta en tanto se defina la naturaleza jurídica de su creación, funcionamiento y rendición de cuentas sobre sus ingresos y egresos”, dice el acuerdo.
El CUSAEM opera con diferentes razones sociales que nada tienen que ver con la que en teoría es su función, pues en algunos contratos a los que ha tenido acceso se puede leer que presta servicios como reparto de materiales de construcción para la Secretaría de Turismo estatal, entre otros que son ajenos a él.
De acuerdo con Ariel Juárez, se puede vincular a Alfonso Navarrete Prida, ex secretario de Gobernación en el sexenio de Enrique Peña Nieto, con los CUSAEM.
Juárez dijo que un ex secretario particular y asesor de Navarrete Prida en el anterior gobierno de la república, fue nombrado en 2019 en el cargo directivo más alto de CUSAEM. Se trata de José Manuel Álvarez González, quien a la fecha sigue en funciones.
El CUSAEM tiene una enorme deuda con ISSEMyM, que le otorga servicio médico a sus elementos sin que éstos sean servidores públicos. De acuerdo con los titulares del mismo Instituto de Seguridad, no pagan aportaciones por lo que tienen una deuda cercana a los mil 800 millones de pesos.
Además, las armas que portan sus elementos pertenecen a la policía estatal y desde ahí se definen las posiciones de mando del CUSAEM, pese a que no hay claridad si es pública o privada.
