Miguel Alvarado: texto. Karen Colín: diseño.

Ciudad de México, a 18 de abril de 2022.

Ya era evidente que el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador perdería la votación en la Cámara de Diputados federal para que se aprobara la reforma eléctrica.

“Sea cual sea el resultado, ya estamos blindados. Lo explico en la mañanera”, publicó AMLO en sus redes sociales. Minutos después, la votación en la Cámara decía que Morena y sus aliados obtenían 275 votos. Las caras de los legisladores se demudaron pese a que ya sabían.

La reforma eléctrica que cambiaría los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución y que le daría a la Comisión Federal de Electricidad personalidad jurídica y patrimonio propio ya como organismo de Estado había nacido muerta, pero no la Ley de Electricidad, que fue aprobada y validada hace unos días.

La CFE generaría 54 por ciento de la energía contra 46 por ciento que produciría la iniciativa privada.

La reforma eliminaba a la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y a la Comisión Reguladora de Energía (CRE), lo que significa que eliminaba la participación empresarial.

Para que la reforma pasara se requerían 333 votos, es decir, dos tercios de la Cámara. Así que la oposición, perdiendo, cayó para arriba.

“Y por mí, miren”, dijo el Presidente al tiempo que aplauía. El sonido de sus manos sonó como toques de campana que doblaba. Para él dobla a una trágica fiesta. Para sus adversarios, como llama a priistas, panistas y perredistas, dobla a muerto.

En realidad, la reforma es un pulso y la victoria puede esperar.

“Es espléndido un momento así. Los que se dice representantes populares votan por Iberdrola. Es un momento estelar, pero es triste. Me refiero a la traición de la llamada clase política, porque carece de ideales. Y lo que no suena lógico, suena metálico […] El que no quiere a su patria, no quiere a su madre”, resumió el presidente.

Por un lado, el debate en la Cámara del 17 de abril exhibió la pobreza de todos los diputados, por lo menos de todos los que hablaron en tribuna. Pero no de pobreza económica, está claro, sino de la capacidad de debate y de la exposición clara de ideas. Ninguno, a excepto de la morenista Aleida Alavez, de extracción perredista, pudo expresarse en forma adecuada. Todo el día, diatribas e insultos, provocaciones y apenas un rosario de datos duros que apelaban a algo que los diputados no tienen, fueron lanzados en un tiroteo innecesario y tenebroso, pero sobre todo inútil.

El resultado final también terminó por ubicar los bandos políticos, que se perfilaron más claramente durante la reciente votación del referendo presidencial, el 10 de abril. Por un lado Morena y los partidos parásitos del PT y el Verde Ecologista; por otro, la fusión denominada como prianismo, al que se le añade la fuerza ínfima del PRD. Izquierdas y derechas mezcladas como sucede en las democracias que se parecen más a una olla de tamales.

Esas facciones, que lo son, se enfrentarán primero en las elecciones del 2023 por el Estado de México, el último reducto del PRI y del Grupo Atlacomulco, el cual debería ganar Morena porque la realidad es que ese PRI ha sumido en la miseria y pulverizado el tejido social, además de enhebrar expresiones letales como el narco en la vida de todos nosotros. Ha sido una etapa repleta de injusticias. Y Morena, que apenas comienza, y que ha llenado su entraña de priistas, panistas y perredistas, significó en un prinicipio la oportunidas de un cambio, pero esa oportunidad no la ha sabido aprovechar.

Un año más tarde, en 2024, vendrán las elecciones presidenciales, que también tendría que ganar Morena por una sola razón: la oposición es una reunión de impresentables que efectivamente son camorra. Sin embargo, Morena se ha convertido en la nueva mafia y en muchas de sus vertientes es más poderosa que  la desdibujada oposición. La verdad es que se trata del enfrentamiento de dos fuerzas que se han corrompido, a pesar de que ambos bandos cuentan con excepciones muy puntuales.

La lucha por frenar o hacer avanzar la reforma energética sirvió entonces para indicarle puntualmente a los adversarios de AMLO cuánto necesitan y para mostrarles cuán imposible parece alcanzar esa cifra, la que sea. A esto hay que sumar el abstencionismo, que es un mensaje que más del 60 por ciento del electorado envía a los gobernantes, a los que de este modo les da la espalda, sin importar quiénes sean o cómo se llamen, porque en esencia todos hacen lo mismo: abusar del poder.

Eso es lo que en el presidente cala más que cualquier reforma, y por eso tiene arranques públicos como el de hoy, que lo impulsan a poner una encuesta que lo clasifica como el segundo líder más respaldado del mundo con 67 por ciento de aceptación. “Miren cómo estamos. Pobremente”, dice con voz cansada, con una sonrisa que ya se ha cansado de forzar.

La reforma eléctrica pasa por el negocio de la generación de energía, que a nivel mundial quiere decir que mueve 750 mil millones de dólares al año, de acuerdo con el reporte World Energy Investment 2018.

Según un reporte de Forbes y del periodista Arturo Solís, en 2021 la CFE señaló daños a México por 412 mil 400 millones de pesos “generados por subsidios, bajo despacho, tarifas crecientes, riesgo de debilidad del peso frente al dólar y riesgos inflacionarios”. La fuente agrega que la CFE “posee un negocio de 50,000 millones de pesos anuales con la reventa de electricidad que producen centrales de energía privadas”.

Al final, como dice el presidente, todo suena a metálico para ambos lados.

El de la Cuarta T no es un gobierno de izquierda y hay razones que lo afirman. La primera es la militarización del país, un viejo sueño priista; el segundo es permitir que las mineras extranjeras y mexicanas practiquen extracción a cielo abierto, lo cual implica la necesidad de megaproyectos hidroeléctricos que nutran de agua a las minas. Hay 60 hidroeléctricas en el país y 14 de ellas son actualmente reparadas en sus turbinas principales.

Una idea de lo que significa una mina de oro en México la da la mina de Los Filos, ubicada en el pueblo de Carrizalillo en Guerrero. Esta mina, propiedad de la canadiense Equinox, tiene una reserva de 60 millones de toneladas de oro. El pueblo que alberga a los canadienses es uno de los más miserables del país.

Y esto viene a cuento porque el siguiente round para AMLO es la reforma a la  ley minera, por el interés de extraer un mineral, el litio. Pero lo cierto es que la  nueva ley minera actual en nada cambiará el extractivismo que se lleva a cabo; no tocará a las minas ni a sus dueños y mantendrá las cosas como están. Lo que la ley minera impulsada por el presidente pretende es que el litio, al que López Obrador se refiere como “oro blanco”, se reserve en su totalidad para el Estado.

“Es de la nación. Habrá una empresa para todo el proceso del litio. Esa empresa podría pertenecer a Hacienda, Energía o Economía. Ya la envié al Congreso desde el 14 de abril. Estoy seguro de que se va a aprobar porque es mayoría simple y la Corte podría resolverlo. Esto es litio y no queremos que se nos vayan por las ramas. No hay problema con el oro o la plata. Todo sigue igual. Es básicamente para nacionalizar el litio. Hay que buscar que la nación maneje el petróleo, la industria eléctrica y el litio”. Olvida el presidente que no hay necesidad de nacionalizar el litio, porque éste pertenece ya a la nación, tal como lo establece el artículo 27, párrafo 4 de la Carta Magna, en donde se lee que corresponde a México el dominio de los minerales.

Algunos datos marcan el valor del litio: una tonelada de carbonato de litio en el 2020 valía 10 mil 800 dólares, pero ahora cuesta 59 mil 200 dólares, por arriba del millón 219 mil pesos, de acuerdo con la periodista Almudena Barragán.

Una reserva hallada recientemente en México, en Bacadéhuachi, Sonora, al norte del país, contiene 243 millones de toneladas de minerales en rocas y arcillas.

Debe puntualizarse que las actividades mineras son reguladas en primera instancia por el Tratado de Libre Comercio firmado por México, Canadá y Estados Unidos, desde tiempos de salinas de Gortari, ratificado ya por el actual gobierno federal, con algunas enmiendas, y conocido hoy con las siglas T-MEC. Este Tratado es el que regula las actividades mineras, y en él se prohíbe que se impida la participación de gringos y canadienses. Y esto es así, aunque AMLO no se canse de afirmar que México ya resolvió lo de ese Tratado.

La reforma eléctrica parece buena en lo general y en puntos muy particulares, pero se estrella en el propio presidente. El director de la CFE es Manuel Bartlett, quien fuera el operador político más efectivo de Carlos Salinas de Gortari, quien no merece una nota, sino libros enteros.

Que en pleno ímpetu reformista el litio se le atraviese a AMLO le resulta incluso providencial, porque lo toma como una bandera que hoy enarbola con gallardía, y que deja fuera muchos temas importantes. El primero, ya señalado, es que el litio no necesita ser nacionalizado porque no le pertenece a ninguna compañía extranjera, ni siquiera a las tres registradas que realizan su extracción. Después, en el tema minero, AMLO obvia lo que les pasa a las comunidades en donde se encuentra algún tipo de yacimientos, y lo hace porque la minería es una actividad a la cual, desde el Tratado de Libre Comercio, se le pone especial atención en vista de que representa el mayor punto de interés de canadienses y gringos, que ven a México como el terreno del que pueden llevarse a placer las materias primas. Entonces, no tiene vuelta de hoja, el tema minero es como es y así seguirá siendo, porque el gobierno de AMLO reconoció y firmó los nuevos términos del T-MEC y eso obliga al país a sujetarse a ellos, sin importar si se trata de este gobierno o de cualquier otro, de cualquier tipo. La realidad la impone el Tratado.

Los pueblos en las costas mexicanas y otros ubicados donde se ha señalado la presencia del litio ya saben lo que se les viene encima, porque sea quien sea que explote los yacimientos, y por más cuidado que se ponga en hacerlo, la extracción terminará por devastarlos, y esto es así los pueblos originarios no cuentan nada para nadie.

El tema de la energía eléctrica y del litio, nos guste o no, pasan por el T-MEC, el cual habrá de ser revisado con lupa para dónde o cómo es que México está blindado y a cambio de qué. Aquí vale la pena recordar las negociaciones en las que Marcelo Ebrard fue forzado a utilizar la moneda del paso migrante desde Centroamérica para aplacar los furores arancelarios de Estados Unidos. Fue obligado, pero México, con AMLO a la cabeza, bien pudo haber rechazado usar a los nadies, a los sin tierra que atraviesan el país y abstenerse a militarizar la frontera sur, pero no lo hizo.

Entonces, el litio equivale a haber hallado oro, uranio o plata. Aunque la empresa que explote sea mexicana, no habrá ganancias porque los procesos de extracción serán los mismos, y serán los mismos porque, además, no hay otros. Entonces, a las 16:00, más o menos, del lunes 18 de abril, el Pleno de la Cámara federal de Diputados aprobaba en lo general la iniciativa que reforma y adiciona puntos de la ley minera relacionados con el litio. La oposición había abandonado el recinto.

Y el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos y asesinados el 26 de septiembre de 2014, está ligado a la actividad de la mina de Los Filos, que atraviesa a la escuela hasta lo más profundo, y de eso, nada se dice.

“Yo garantizo que no va a aumentar el precio de la luz, pero para estar más seguros se requiere la reforma constitucional”, apuntó el presidente hoy, mientras omitía cualquier mención acerca de los pueblos originarios.

Como él mismo dice, hasta las piedras cambian radicalmente de opinión. Excepto si son rocas de oro, plata, uranio. O litio.