Redacción VcV

Toluca, México; 22 de marzo del 2022.

Los Cuerpos de Seguridad Auxiliar del Estado de México (CUSAEM) tienen en su contra un sinnúmero de denuncias por presuntos delitos cometidos por elementos adscritos a esta instancia. Una de ellas es la llamada “Operación Zafiro”, que de acuerdo a una investigación realizada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, ex elementos y elementos del CUSAEM habrían operado la triangulación de recursos en diferentes estados del país, a través de 12 empresas, mediante las cuales se desviaron 650 millones de pesos en los estados de Chihuahua, Sonora, Colima, Durango, Estado de México, Morelos y en la delegación de Milpa Alta de la Ciudad de México, dentro de un esquema de presunto financiamiento ilegal de campañas electorales priistas en 2016.

La Recomendación 97/2019 y la 98/2019 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos exhortan al gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, a que se incluya en la página electrónica de la Secretaría de Seguridad del Estado de México en la sección “Marco Normativo”, el Manual Interno de Operación que contenga las normas operativas, administrativas y en general las actividades de las corporaciones de los CUSAEM y se reglamenten los mecanismos de supervisión para que sean auditados y supervisados conforme al artículo 21 de la Constitución Federal, el artículo 86 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México.

“Es necesario poner un alto a la impunidad con la que actúan los Cuerpos de Seguridad Auxiliar del Estado de México”, dijo la diputada Azucena Cisneros Coss, quien exhortó a Del Mazo a que dé cumplimiento a las recomendaciones 97/2019 y 98/2019 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CODHEM), a efecto de que reglamente la supervisión del CUSAEM, y gire instrucciones al Secretario de Seguridad del Estado de México, para dar cumplimiento a la verificación y capacitación de dicho cuerpo, bajo los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.

Ante el Pleno de la LXI Legislatura, Cisneros señaló que construir una sociedad segura requiere que el Estado asuma su responsabilidad en materia de seguridad pública, quien tiene la obligación de regular, supervisar y vigilar la actuación de las instituciones policiales.

La falta de legalidad en la regulación y supervisión de los CUSAEM ha permitido que opere bajo la protección del gobierno del Estado con total impunidad, sin rendir cuentas y sin que se fiscalicen sus ingresos, pese que existen diversas denuncias presentadas en su contra por violación a derechos humanos y presuntos hechos delictivos.

Cisneros aseguró que a pesar de que el gobierno ha señalado que el CUSAEM está integrado por personas sin carácter de servidores públicos, dicha corporación hace uso de insignias, escudos y armas de fuego de la policía estatal, al amparo de la licencia oficial colectiva 139, otorgada a la Comisión Estatal de Seguridad, hoy Secretaría de Seguridad del Estado de México, además de que su personal se encuentra afiliado al ISSEMyM, una instancia a la que adeudan más de mil 400 millones de pesos por cuotas.

La protección que ha tenido esta corporación por parte del gobierno ha sido tal que ha venido desregularizando el control, operación y desarrollo técnico de estos cuerpos de seguridad, pasando a ser una simple coordinación estrictamente de carácter operativo en situaciones de urgencia, desastre o cuando fuese necesario en apoyo de la seguridad pública.

Debido a esta falta de mecanismos de regulación, supervisión y sanción de los CUSAEM, se presentó un Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución ante el Congreso mexiquense.