Miguel Alvarado

Toluca, México; 21 de diciembre de 2020.

Los tres niveles de gobierno sabían que la infección del coronavirus estallaría con toda su violencia a finales de año pero no lo dijeron. Desde noviembre las señales de esa explosión de infección se hicieron visibles en las calles de todos los pueblos y ciudades del país. Decenas de muertos en los entornos inmediatos, en las colonias en donde uno vive, diezmaron a las familias. Ya no eran casos que alguien más contara, eran muertos que nos encaraban de frente para, sin palabras, asfixiados y ahogados, decirnos que el coronavirus es algo más letal de lo que nos habían hecho creer.

Pero el punto aquí es que los gobiernos sabían de esa nueva explosión. Sabiéndolo, la estrategia fue enfocada a la recuperación económica, un fantasma que durará bien poco en un escenario de calles cerradas, negocios clausurados, de cien muertos por semana en Toluca, y que a tres días de la implementación del segundo semáforo rojo nos ha dejado un quebranto a todas las indicaciones que pueden darse para prevenir algo en un país con 118 mil muertos, que deben multiplicarse por siete, pues están los no contados, los fallecidos por “enfermedad relacionada con el coronavirus” y los muertos por enfermedades respiratorias.

Los gobiernos avisaron a los sectores empresariales lo que sucedería este fin de año. Permitieron a una parte de sus burócratas estar al tanto pero a los ciudadanos no les dijeron nada. Dejaron pasar todo noviembre y parte de diciembre para por fin decidirse. Por lo menos, no inventaron una gama de naranjas, aunque sí lo plantearon en las reuniones con el sector Salud, antes de ir directamente a la zona roja, al anuncio del máximo peligro. Por eso lo sabía la industria farmacéutica, que desde noviembre se preparaba para no contaminar por lo menos a sus empleados. También lo sabían las grandes empresas, pero nada más.

Los resultados de no declarar con anticipo la vuelta al semáforo rojo se suman al manejo increíblemente desaseado de la pandemia, desde que comenzó. Los 118 mil muertos -que deben multiplicarse por siete, de acuerdo con funcionarios del municipio de Toluca, que calcula mil 500 muertos para el primer trimestre del 2021- son apenas el reflejo de este país, profundamente violentado por su gobierno, por sus empresarios y por una inmensa porción de ciudadanos.

Nunca como ahora los de a pie somos frágiles y se nos revela más claramente nuestra condición de desechables, ciudadanos de tercera o cuarta categoría, que no podremos sostenernos ni robando si perdiéramos el trabajo que duramente hemos mantenido hasta ahora. El millón y medio de empleos que se han esfumado han dejado un boquete más de miseria, espanto y desesperanza. El virus nos ha colocado contra la pared, pero ahora que se analiza, tampoco esto es cierto.

El virus ha desnudado las carencias y los abusos sufridos todos los días, desde hace décadas, y que siguen ejecutándose en contra de quienes menos tienen, los desprotegidos y los miserables, que en términos de pobreza son la mitad de los 130 millones que habitan México.

A punto de aplicarse las vacunas, o eso dicen en el gobierno federal, los municipios y los estados hacen planes, los pocos que pueden, para afrontar una crisis que todavía exige un plazo mayor para resolverse y ponen marzo de 2021 para más o menos comenzar a reactivar actividades públicas.

Todavía falta, y las vacunas serán soluciones momentáneas, por lo que se ve y se vive en otros países como la Gran Bretaña, donde una segunda cepa del coronavirus ha aislado ciudades enteras, y vuelve a suceder lo que pasó a principios de 2020, cuando a China e Italia llegaba la infección. Ahora es lo mismo pero peor, porque pasa por la desazón de una nueva mortandad propiciada por un virus que ya no es lo mismo y que por lo visto mutará de manera regular aunque haya vacunas. Otras cepas se incuban en otras regiones del mundo y la movilidad hará que tarde o temprano se dispersen.

Una tragedia de la que no se habla o se habla muy poco es la que viven actualmente los miembros de las fuerzas armadas, calladas y plegadas al poder presidencial, y que sufren los embates de la enfermedad porque sus hospitales no tienen la capacidad para atender ni a los propios soldados o marinos, que caen enfermos a racimos, víctimas de la mala planeación, de la dinámica inefectiva en la que su superiores los metieron. Como los civiles, no tienen insumos y en la Marina se brega con el escaso presupuesto que recibió en 2020 para salvar a los suyos. No siempre lo consiguió y los testimonios de oficiales muertos por la infección suman centenas. No tiene voz, no pueden reclamar, no pueden visibilizar esa tragedia. Lo mismo pasa en secretarías como la de Cultura en el Estado de México, cuya titular Marcela González, fue portadora de coronavirus y en una reunión reciente contagió a colaboradores. Tampoco tiene manera de denunciarlo.

Entonces, ¿qué es esta extraña enfermedad? La que padecen México y sus habitantes, por supuesto.

Su primer nombre, ya se sabe, es corrupción. Su apellido, ineficiencia.