Miguel Alvarado

Toluca, México; 31 de julio de 2021.

“A los camajanes, a los fifís, no les gusta la consulta”, decía el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador cuando se realizaban las votaciones que definirían la construcción de un nuevo aeropuerto y la cancelación de lo que hasta entonces se tenía en Texcoco. El resultado fue favorable para la cancelación de la obra de Enrique Peña. Quienes votaron tuvieron sus razones, unas profundas y otras primarias, pero todas tamizadas por la enorme corrupción que el sexenio de ese ex presidente arrojaba. Pasó un poco lo mismo con la consulta a comunidades indígenas para la construcción del tren maya, en el sur de México. Los números de cuántos votaron son otra historia. El hecho es que una voz unificada del pueblo o de lo que debería ser el pueblo dio su opinión y ésta fue respetada, avalada y etcéteras por el gobierno federal, a pesar de que con esas obras se afectaba también a otras comunidades en Zumpango, Estado de México, y en el sur. En ese vasto sur algunos de esos números fueron los siguientes, de acuerdo a la Secretaría de Turismo federal: “30 asambleas (15 informativas y 15 consultivas. Participaron 10,305 personas pertenecientes a 1,078 localidades indígenas de los 112 municipios de influencia social del tren, los cuales fueron agrupados en 15 micro regiones indígenas, acorde a criterios metodológicos del INPI”.

Ahora, una nueva consulta será aplicada este domingo primero de agosto, y según la difusión, se necesitan 40 millones de votantes para hacerla válida, sea cual sea el resultado. La encuesta busca saber si la población está de acuerdo en enjuiciar a políticos por actos de corrupción cometidos por funcionarios y servidores públicos en el pasado más o menos reciente, fijado a partir de la administración federal de Carlos Salinas de Gortari. Este supuesto juicio se ha centrado en la figura de cinco ex presidentes: el mencionado Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña. Las calles de las Ciudad de México, en alcaldías como Tlalpan o Coyoacán, se tapizaron pronto de pósters y pintas en paredes acerca de la consulta, que fue abordada de mil maneras por las brigadas morenistas de difusión que en algunas ciudades se dieron a la tarea de informar de qué se trataba. En Toluca, hasta Omar García, el cuestionado “vocero” de la normal rural de Ayotzinapa en 2014 hizo campaña a favor de la consulta, a la que por otro lado nadie que busque justicia, que haya sido víctima, que haya observado al menos las condiciones reales, actuales del país, votaría en contra. La verdad es que nadie tiene por qué dudar que esos cinco ex presidentes y cientos de miles de funcionarios, servidores públicos y políticos no hayan sido corruptos. En ese sentido, el ejercicio es un pleonasmo y ha desatado una agria pero muy poco inteligente campaña en contra de ese ejercicio, del que se cuestiona todo, para empezar la propia pregunta: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”, y que inicialmente decía como sigue: “¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen, y en su caso sancionen, la presunta comisión de delitos por parte de los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones?”. Esa fue la propuesta enviada por AMLO para su aprobación al Senado de la República, que terminó modificándola con el bodrio de texto que ahora se votará.

Por otro lado, una Comisión de la Verdad no exige una consulta previa, y es cierto, tampoco una acusación penal, administrativa o mercantil contra cualquier funcionario público. Así que, si es así, ¿para qué una consulta popular cuando el tema de los juicios es avalado por la inmensa mayoría de los ciudadanos?

México es un país profundamente feminicida y tiene hoy los registros históricos más altos en asesinatos y desaparecidos. Los tiene porque además es un país profundamente neoliberal y en esta administración no ha dejado de serlo, a pesar de las buenas intenciones que las autoridades federales han expresado. Sin embargo, hay acciones muy concretas que expresan su vocación neoliberal. La primera es la militarización creciente del territorio nacional. La segunda es la nula oposición al extractivismo ya sea de minerales, de hidrocarburos y de gas, así como la explotación indiscriminada de recursos naturales llevada a cabo por empresas trasnacionales, sobre todo. La tercera es la integración de las fuerzas militares a comandos internacionales como sucede en la frontera sur. La cuarta es la firma de tratados como el T-MEC que favorecen a Canadá y Estados Unidos, que ponen dinero y maquinaria, pero no a México, que sigue poniendo los muertos y los recursos primarios. La quinta es la profundización de los niveles de bienestar social; la sexta es el crecimiento exponencial de la inseguridad y la violencia. La séptima es el reciclaje de actores políticos, ahora participantes y defensores de la izquierda mexicana y la octava es la participación en el gobierno del factor empresarial, el mismo que se encargó de hundir a México en la actual crisis económica que vive. Hay más, pero con esos basta. Neoliberalismo y paz son dos cosas incompatibles por definición.

Este domingo habrá que buscar la casilla en donde a uno le corresponda votar. Eso puede hacerse en el sitio web https://ubicatumesa.ine.mx. También se puede llamar al teléfono INETEL 800 433 2000. Para votar se requiere la credencial de elector. Habrá 56 mil 908 mesas instaladas por el INE, que abrirán a las 8 de la mañana y cerrarán a las 6 de la tarde.

Una consulta para enjuiciar a los corruptos, aunque no sea vinculante a nada, es mejor que nada. Incluso si solamente sirven para impulsar la creación de comisiones de la Verdad Histórica -como la de Guerrero y la de Ayotzinapa, que no necesitaron de consulta para su formación- en cada entidad es una necesidad imperante siempre y cuando no las controle ningún gobierno.