Toluca, México; 3 de marzo de 2025
Miguel Alvarado
-¿Saben cuántos hombre se suicidan dentro de una prisión?- pregunta Laidy Plácido Arroyo, una de las activistas más importantes en la lucha por los derechos de quienes están presos injustamente, y que es parte del colectivo Haz valer mi libertad, que este día celebraron su quinto aniversario. Pero este cumpleaños quiere decir que el objetivo de familiares y activistas no se ha cumplido y que la gobernadora morenista, Delfina Gómez, tampoco ha empujado su palabra para destrabar los casos para que puedan ser revisados nuevamente, considerar pruebas que fueron desechadas y dictar nuevas resoluciones.
-¡Muchos!- se contesta Laidy, mientras vuelve, por enésima vez, a hacer un llamado a Gómez y al Poder Judicial para que permitan salir a los inocentes. Esta demanda ha sido realizada ante una ofrenda de flores en la Plaza de los Mártires, al lado de un campamento que han instalado organizaciones sociales de maestros, estudiantes, médicos y jubilados que ha cerrado desde hace una semana la avenida Lerdo. Frente a la oficina donde Delfina despacha hay casas de campaña, carpas multicolores y decenas de manifestantes que exigen a la gobernadora una audiencia para recordarle las promesas incumplidas y el maltrato al que los distintos sociales son sometidos. Fue ahí, en esa misma avenida Lerdo, donde Laidy Plácido y su grupo pusieron su propio campamento y por meses presionaron al gobierno del priista Alfredo del Mazo y luego al de Delfina, por la liberación de los presos. Se consiguió la libertad de uno, Daniel Plácido, hermano de Laidy, el 3 de mayo de 2024. Daniel había sido sentenciado a 70 años de prisión acusado de un secuestro que no cometió y llevaba ya siete años en el penal estatal de Almoloya de Juárez. Si libertad supuso una puerta abierta en los procesos de lucha de Haz valer mi libertad, que esperaba obtener la liberación de más encarcelados, pero desde entonces nada ha sucedido. El campamento de Laidy fue levantado porque la gobernadora Delfina Gómez interceder por los demás. Eso no ha sucedido pero el grupo tampoco se deshizo ni se desanimó. Ahora los reclamos se le juntan a la primera mujer que gobierna la entidad, que ha demostrado no ser tan distinta de los mandatarios priistas que administraron la entidad casi 80 años.
Laidy compartió una mesa en donde también estaba Carlos Valdés, visitador de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, que realiza investigaciones en materia de amnistía.
-La Comisión da voz y trata de que las autoridades escuchen, trata de transformar en expedientes y pruebas las palabras de ustedes. Sabemos que enfrentamos un reto complejo y difícil. Tenemos investigaciones en curso y sé que muchos de ustedes desearían que ya las hubiéramos terminado, pero no es tan fácil evidenciar las irregularidades que se han presentado. Somos la única Comisión en el país que ha conseguido que se otorguen amnistían por delitos de alto impacto como secuestros, homicidios, robos con violencia. Hemos logrado amnistía para 19 personas- dijo, durante un breve mensaje apenas aplaudido por los asistentes. Luego, para abundar sobre la amnistía, Max Correa, uno de los pocos diputados morenistas que en la Legislatura pasada apoyó la causa de los presos injustamente, dijo que uno de los triunfos emanados de la lucha del colectivo es la ley de Amnistía.
-Una de las propuestas del anterior presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), fue una ley de Amnistía que permitiera reconciliar a la sociedad con sus autoridades y también, ¿por qué no?, con las víctimas de las injusticias- dijo el ex diputado.
En 2018, después de ganar las elecciones presidenciales, AMLO realizó algunas reuniones con colectivos de desaparecidos, presos y asesinados que buscaban justicia. En esas reuniones lanzó la propuesta de “abrazos, no balazos”, que de inmediato fue rechazada y abucheada por los familiares, que acudían al nuevo presidente en busca de justicia, no de palmadas en la espalda. En una de esas reuniones, en noviembre de 2018 en Tlatelolco, con Alejandro Encinas y Olga Sánchez presentes, como parte del equipo que lo ayudaría a gobernar, los colectivos se le fueron encima a AMLO, que no pudo justificar aquella propuesta de amor y paz porque incluía el perdón para los culpables y la inacción de la justicia en contra de ellos. “No van a caber los culpables en las cárceles”, dijo AMLO en aquella oportunidad, en la Ciudad de México ante la indignación de los asistentes. La posterior Ley de Amnistía pretendía también atemperar aquel yerro político del presidente, que se mostró siempre en contra de quienes defendían una causa social, a pueblos enteros y a los asesinados y los desaparecidos, como sucedió con los 43 alumnos levantados y asesinados en Iguala, Guerrero, pertenecientes a la normal de Ayotzinapa, en septiembre de 2014. AMLO, sin más, se puso del lado de los militares.
-En estos años oscuros de lo que fue el régimen del neoliberalismo las cárceles se llenaron a lo largo y ancho de México con inocentes criminalizados por su condición de pobreza, por su color de piel, por el racismo y clasismo de una sociedad que se conformó a imagen y semejanza de la clase política que mal gobernaba a nuestro México- dijo luego Correa, que parece, al mismo tiempo, describir la tragicómica entelequia en la que terminó convirtiéndose la Cuarta Transformación, Morena y los gobiernos que encabeza. En el 2020 la ley federal de Amnistía se aprobaba y publicaba. Era una ley para delitos federales y se consideraba la posibilidad de que el Ejecutivo, a través de la Secretaría de Gobernación promoviera con los congresos y gobiernos locales una propia ley de Amnistía para abordar los delitos de su competencia- dijo Correa, que recordó que un grupo de diputados de Morena abrazó esa causa y formuló una iniciativa construida a partir de la consulta con especialistas, colectivos y parlamentos abiertos, en donde participó el Poder Judicial, que envió al magistrado Ricardo Sodi, uno de los principales responsables de que los procesos de revisión de casos de Haz valer mi libertad no hayan avanzado nada.
Sodi fue confrontado por Laidy Plácido y su colectivo en plena calle, cuando él salió de sus oficinas para regañarlos por hacer escándalo y bulla, pretendiendo darles clases de derecho penal, cínicamente. Qué rara es la política mexicana que debe incluir a un perpetrador de la libertad en un ejercicio de construcción de la ley de Amnistía.
El mismo Correa, en algún momento de su exposición, recordará que Ricardo Sodi expresaba en aquellos foros que una ley de Amnistía era una locura y no estaba de acuerdo en su formulación porque no tenía razón de ser. Ahora Ricardo Sodi, emanado del priismo del Grupo Atlacomulco y de la esfera del Alfredo del Mazo Maza, impulsó la reforma judicial promovida por el propio AMLO y es candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esa es la política que ha sustituido al periodo neoliberal del priismo.
-Normalmente, la amnistía, que es una facultad constitucional exclusiva del Poder Legislativo, en nuestro país se había otorgado a presos por causas político-ideológicas. Un ejemplo fue la amnistía que se otorgó a los guerrilleros detenidos durante la Guerra Sucia. Esto sucedió a partir de una reforma política que promovió en su momento el presidente priista José López Portillo -dijo Correa. Muchos guerrilleros de la Liga 23 de Septiembre fueron amnistiados y la más reciente amnistía fue otorgada por el Congreso de la Unión para favorecer al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), en enero de 1994. Por eso se decía que en el Estado de México no había razones para construir una ley de amnistía, ya que no se aceptaban errores en la impartición de la justicia.
La insistencia y perseverancia de las organizaciones y agrupaciones sociales, reconoció Correa, hicieron posible que en la entidad se aprobara la Ley de Amnistía el 5 de enero de 2021, durante el gobierno de Alfredo del Mazo.
-No es perfecta esa ley. Todavía el día en que en una plenaria se discutía este punto, hubo intentos de presiones que me llegaron desde la Secretaría de Gobierno para evitar que se aprobara la ley porque, decían, había puntos que platicar con Ricardo Sodi. Se quería evitar que la ley considerara los delitos de alto impacto para ciertas excepciones. La ley de Amnistía del Estado de México pudo ir un poco más allá de la ley federal, en cuanto a su aplicación, ejecución y a algunos delitos. Una de las propuestas del colectivo de derechos humanos Zeferino Ladrillero, fue que consideráramos la posibilidad, en delitos de alto impacto, de aplicarla cuando hubiera una violación al debido proceso, violaciones a derechos humanos y surgía una recomendación de organizaciones de derechos humanos- dijo Correa, que por otra parte reconoció que los criterios que aprobó la Judicatura del Poder Judicial del estado no vieron con buenos ojos la participación y opiniones de quienes impulsaron la ley. Y ahora, con la renovación de este Poder en la entidad, se presenta una oportunidad para aplicar la Ley de Amnistía en favor de los injustamente presos.
Se prevé que el Poder Judicial sea controlado por Morena y en tanto suceden las elecciones se ha organizado una administración transitoria.
-Lamentablemente en la actual Legislatura ya se eliminó la Comisión de Amnistía. Tendemos que hacer un llamado a este Poder para que encuentre voluntad para reponer esa comisión que le dé seguimiento a la aplicación de la ley- consideró Correa, que al final exhortó a participar en las elecciones del Poder Judicial.
