Toluca, México; 1 de mayo de 2024

Miguel Alvarado, director editorial VCV Noticias

P R E S E N T E

El pasado 23 de abril del 2024 se aprobó por unanimidad, en la Legislatura local, la actualización de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de México, armonizada con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial federal. En general, es un compendio de buenos deseos vacíos, que esconde una maniobra política para beneficiar a las viejas oligarquías transportistas creadas por el viejo partido de Estado que, prometieron, iban a “transformar”.

Aprovechando la demanda ciudadana de mejor movilidad y seguridad vial, se legalizó una de las ideas del morenista Nazario Gutiérrez, que como legislador, desde el 2022 y mediante una iniciativa, intentó dar recursos públicos a transportistas. Ahora lo ha conseguido con los “fideicomisos” de la nueva ley, con la que las contribuciones de la población se usarán para comprar unidades de transporte público para empresas privadas.

De emplearse mal, se financia y perpetúa la ineficiencia del modelo hombre-camión que, según los últimos estudios tarifarios, por la nula planeación e improvisación, reportan apenas un tercio de ocupación, y son altamente vulnerables a delitos, violencia de género y siniestros viales, causados por la “guerra del centavo”. Estos recursos deberían invertirse en un legado de infraestructura y no en activos efímeros.

En cuanto a los vacíos, la nueva ley no contempla los taxis colectivos. Hay que recordar que a consecuencia de la baja eficiencia y nula planeación de las rutas de camiones urbanos existentes, aparecieron los taxis colectivos, el servicio tolerado e irregular con el que actualmente operan la mayor parte de las concesiones de taxi,  atendiendo una demanda real no cubierta por la ineficiencia actual. De acuerdo con notas periodísticas que recogen declaraciones del secretario de Movilidad, Daniel Sibaja, usarán los fideicomisos para renovar estas unidades, por lo que habrá unidades financiadas por el gobierno prestando servicios irregulares.

Otro aspecto es la capacitación a operadores, una demanda de la ciudadanía desde hace años. Sin embargo, hay que entender que la causa sistémica de conducción de riesgo de algunos operadores es la precarización laboral y la renta que algunas empresas obligan a pagar a operadores que trabajan sin salario. La capacitación es un papeleo que no cambiará la realidad si no se atienden los mecanismos para dar prestaciones de ley y salarios a los trabajadores del servicio que operan concesiones del estado.

Antes de que esta ley fuera aprobada, se desarrollaron una serie de foros, principalmente dirigidos a los empresarios transportistas y donde colectivos y organizaciones tuvimos una participación marginal. Ahora desconocemos si alguna de las propuestas ciudadanas de los foros llegó a la ley. En los dictámenes aprobados por la Legislatura sólo se mencionan las iniciativas de los legisladores, las cuales se entregaron antes de los simulados foros de participación ciudadana.

En cuanto a las tarifas referenciales, que ya fueron incluidas en la ley, hasta el momento no se explica cómo se aplicarán en el transporte público para beneficio de grupos vulnerables como estudiantes y personas de la tercera edad. Esta fue una demanda del movimiento No al Tarifazo Edomex contra el alza de tarifas del 2020. Esta prestación existe prácticamente en todos los estados del país. Exigimos que se aplique la ley cuanto antes en todas las modalidades de transporte público del estado.

Con o sin ley, se requiere voluntad política para lograr transformaciones reales en beneficio de la población y no de los intereses de privilegiados que dirigen los gremios. Sin voluntad política, aún la mejor de las leyes es apenas redacción.

Llamamos a la población a sumarse a esta lucha, pues los cambios y transformaciones no vendrán de arriba, dependen de la fuerza y organización que tengamos.

No Al Tarifazo Edomex es un esfuerzo de colectivos y organizaciones de diferentes partes de la entidad que nos hemos mantenido organizados y movilizados desde el 2020, cuando fue aprobado el último incremento tarifario.

Ahora, con el cambio de gobierno, mantenemos nuestra postura crítica y en la movilización del Primero de mayo en Toluca, denunciamos que la nueva ley de Movilidad y Seguridad Vial del Edomex es un mecanismo para entregar recursos públicos a transportistas.

¡Por un transporte público eficiente, seguro, sustentable y al servicio del pueblo!

Atentamente

Colectivo No al Tarifazo