Ciudad de México; 27 de enero de 2026

Miguel Alvarado

Uno de los marinos detenidos por huachicoleo fiscal ha enviado una carta a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, implorando que intervenga en su caso, pues considera que ha sido víctima de “un efecto corruptor y ha sido politizado de una manera tal que me ha sido imposible llevar a cabo una defensa adecuada”, pues ya lo tratan como culpable cuando el juicio en su contra no ha terminado.

Se trata del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, quien de puño y letra, en una hoja de cuaderno relata a la presidenta cómo ha sido su proceso desde que lo detuvieron, el 2 de septiembre de 2025, en su oficina de Salina Cruz en Oaxaca, acusado de delincuencia organizada “con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos”.

En esa carta, firmada por Farías, le narra a la presidenta que la Marina, la Fiscalía y las autoridades que llevan su caso lo tratan ya como culpable. Denuncia que la propia Secretaría de Marina (Semar) lo dio de baja el 18 de diciembre de 2025 “de manera ilegal”. También denuncia que se le ha negado el derecho a acceder a su propio expediente y por lo mismo desconoce el contenido de algunos autos celebrados.

Manuel Roberto Farías Laguna, preso en el penal federal de Almoloya en el Estado de México, es sobrino del ex secretario de la Semar, Rafael Ojeda. Marinos y funcionarios allegados lo señalaban a él, desde hace dos años por lo menos, de encabezar, junto con su hermano, Fernando Farías Laguna, otro marino de alto rango, una red de corrupción que se aprovechaba de los contratos y licitaciones realizadas en la Semar y de otro tipo de actividades ilegales como el huachicoleo fiscal. Fernando Farías se encuentra oficialmente prófugo, aunque adscritos a la investigación y a la Semar aseguran que se encuentra detenido por la propia Marina sin que eso se haya dado a conocer públicamente.

El quebranto por el huachicoleo fiscal calculado por el gobierno federal asciende a unos 3 mil millones de pesos, obtenidos cuando marinos permitieron el desembarco de unos 31 buques en los puertos de Tampico y Altamira, en el estado norteño de Tamaulipas. Manuel Roberto Farías está acusado de colocar a personal afín en los puertos para que permitiera que la carga de los buques fuera bajada y declarada como “aceites” en lugar de hidrocarburos, lo cual generaba el impago de los impuestos correspondientes. En tanto que su hermano Fernando se encargaba de vender ese producto y de las cuestiones financieras. Esta situación era ampliamente conocida en la Marina, incluso por el actual secretario, Raymundo Pedro Morales Ángeles.

La carta de Farías Laguna, fechada el 26 de enero de 2026, señala que hace todo lo posible por “poder demostrar su inocencia” porque “yo no tuve nada que ver en el delito que pareciera que forzosamente se quiere hacer culpable”.

El proceso que se le sigue a Farías está inscriro en la carpeta de investigación 568/2025. Farías dice que las autoridades lo quieren implicar porque hay un video en la red social de Youtube “que no existe”.

Luego, Farías explica a la presidenta que se haga justicia y que no se fabriquen culpables “ya que mantenerme en una celda en medio de un proceso viciado y en ocasiones hasta perverso parecería más un ánimo de venganza que de justicia”.

El caso de los hermanos Farías y su red de huachicoleo sucede en el marco de una tensa situación internacional con Estados Unidos, cuyo presidente, Donald Trump, acusa a México de encontrarse bajo el dominio de cárteles de la droga y no entregar resultados satisfactorios en torno al tráfico de fentanilo. Amagos de una intervención militar por tierra han sido lanzados reiteradamente por Trump, que justifica esta acción con la violencia letal que se vive en México y la creciente expansión de los cárteles en el país y el mundo, pese a resultados favorables anunciados por Sheinbaum como parte de su Estrategia de Seguridad Nacional. Este fin de semana en carreteras de Ciudad Altamirano, un enclave del narco ubicado en el estado de Guerrero, en el denominado Triángulo de la Muerte de la Tierra Caliente, formado por territorio del Estado de México, Michoacán y el propio Guerrero, fue reportada la implementación de retenes en los que se observó la presencia de militares de Estados Unidos como observadores. Esto fue denunciado por habitantes de la zona, dominada por la Familia Michoacana, declarada por Trump como organización terrorista. En Tejupilco, un municipio al sur del Edomex, se han reportado vuelos de aviones robot por la Sierra de Nanchititla, enclave de la Familia Michoacana, acusada de participar en el tráfico de fentanilo.