Karen Colín: diseño. Redacción VcV
Toluca, México; 24 de febrero de 2022.
La fracción de Morena en la Cámara de Diputados local propuso la creación del Instituto Mexiquense para Devolverle al Pueblo lo Robado, con lo cual los ciudadanos podrían adquirir bienes decomisados a particulares o servidores públicos, obtenidos mediante actividades ilícitas y cuyos recursos serían destinados a obras y acciones en beneficio de la gente, especialmente en zonas marginadas.
“Durante años, la administración de los recursos y bienes del Estado ha carecido de un manejo eficiente y transparente de los recursos públicos, provocando en algunos casos el quebranto de sus instituciones en perjuicio de miles de beneficiarios, y las evidencias abundan”, dijo Azucena Cisneros, diputada que propuso la iniciativa.
Explicó que el más claro ejemplo de corrupción es el del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM), que desde 2008 presenta un patrón de saqueo sistemático al patrimonio del Instituto de salud de los trabajadores, consistente en la desaparición de partidas completas en ejercicios anuales. El subsidio anual al fondo de pensiones se ha utilizado para propósitos diversos y se condonan deudas millonarias a entes públicos sin justificación.
Durante el gobierno de Enrique Peña, desaparecieron los centros departamentales y ópticas. Las estancias infantiles, los centros asistenciales y vacacionales operan con números rojos, desaparecieron los centros sociales y se privatizó a través de la subrogación el servicio de comedor, lavandería, limpieza, fotocopiado, equipo de cómputo, imagenología y farmacia.
Otro caso grave de corrupción es el desvío multimillonario de recursos públicos, conocido como la Estafa Maestra, mediante la cual el gobierno federal a través de 11 dependencias federales, realizó adjudicaciones directas a 8 universidades públicas, entre ellas la Universidad Autónoma del Estado de México, por 7 mil 670 millones de pesos para “adquisiciones, consultorías y servicios, asesorías, ejecución de obras públicas, estudios técnicos y supervisión; programas de desarrollo social y desarrollo agrario, territorial y urbano.
Con estos contratos las universidades triangulaban los recursos al entregarlo a otras empresas, en su mayoría fantasmas, y por este servicio las universidades cobraron mil millones de pesos como comisión. Tan sólo la UAEM habría cobrado 280.2 millones de pesos.
Adicionalmente, la mala administración de los recursos y bienes del Estado ha dejado 10 hospitales inconclusos y el tren Interurbano México-Toluca con sobrecosto.
La iniciativa propone crear el Instituto Mexiquense para Devolverle al Pueblo lo Robado -dependiente de la Secretaría de Finanzas- que sería responsable de monetizar los bienes y créditos a favor del estado y ofrecer a la ciudadanía la posibilidad de adquirir bienes de particulares, de servidores públicos y ex servidores públicos, que fueron obtenidos mediante actividades ilícitas.
Los recursos obtenidos serían destinados para obras, becas y bienes específicos, especialmente para comunidades de muy alta marginación. También se plantea la creación de un fondo de reserva para resarcimientos ordenados por la autoridad judicial por afectaciones a particulares.
Nueve de cada diez mexiquenses perciben que los actos de corrupción son muy frecuentes en el Estado de México.
