Miguel Alvarado: texto. Brenda Cano: diseño. Ramsés Mercado: imagen.
Toluca, México; 24 de febrero de 2022.
Ex trabajadores del ayuntamiento de Toluca denunciaron al alcalde, el priista Raymundo Martínez Carbajal, de simular que los adeudos que tienen con ellos desde diciembre de 2021 ya fueron pagados, así como de generar un papel oficial que avala ese dicho. Lo acusan además de ejecutar despidos injustificados y presionar a los empleados para firmar renuncias de carácter voluntario. Tanto lo acusan, que ya han levantado denuncias en contra de su administración.
No es que el ayuntamiento “diga” que ya pagó. Ese dicho lo ha plasmado en un documento oficial emitido por Recursos Humanos, dirección a la que los afectados pidieron una Constancia de Percepciones y Deducciones del ejercicio 2021. Ese documento está firmado por la directora María Dolores de Sales García y contiene los pagos que cada uno de ellos recibió el año pasado. Ahí se oficializa como entregados los aguinaldos, las primas vacacionales y las quincenas que pelean.
“Eso que dice el ayuntamiento es mentira”, dice Mario Castillo, representante del Movimiento Dignificación del Servicio Público Toluca y víctima de las prácticas del ayuntamiento. “Tenemos quejas ante la Fiscalía de Género, ante Derechos Humanos y demandas laborales. Desde que empezaron los despidos en el ayuntamiento, el alcalde Martínez ha dicho que se instalarían mesas de trabajo, pero de pronto, también dice que ya nos pagaron todo”, y remarca la gravedad de ese anuncio porque la mentira involucra a miles de servidores públicos.
“Así estamos muchos compañeros y por eso exhibimos pruebas y levantamos la voz para que las instancias correspondientes tomen cartas en el asunto. Se trata de millones y millones de pesos”, refiere Castillo.
Los despidos injustificados han sido denunciados por los afectados desde enero de 2022, cuando un recorte afectó a 68 bomberos y trabajadores de Protección Civil. Otros involucrados fueron paramédicos, que refirieron que esos despidos comenzaron el 5 de enero. Los documentos que obligaban a firmar, dice una nota del periodista Filiberto Ramos, contenían cláusulas en las que se estipulaba que el municipio no tenía ningún tipo de adeudo y que quien firmaba reconocía que no se le debían aguinaldos, salarios, caídos, retroactivos ni primas vacacionales. Otros papeles, los Formatos Únicos de Movimientos de Personal, también fueron presentados a los afectados para que firmaran su baja voluntaria.
La arquitecta Leticia Villavicencio, perjudicada por las decisiones de Juan Rodolfo Sánchez, primero, y de Raymundo Martínez, después, aclara que no son aviadores, ni lo fueron, ni lo serán, y que tienen pruebas para demostrarlo. Afirmó que no les interesa ser reinstalados, porque no quieren laborar en un ambiente hostil, sin el mínimo respeto a los derechos humanos.
“Estamos literalmente atrapados ante la necesidad de llevar el sustento a nuestras familias y muchos están apagado su voz porque les han prometido que les van a pagar y con eso los silencian. No entienden que la llave para abrir la trampa que nos ha tendido el ‘Honorable ayuntamiento de Toluca’ son los derechos humanos”, apunta Villavicencio.
Los despidos, dice, estuvieron plagados de inconsistencias, discriminación y violaciones a los derechos humanos. Los integrantes del Movimiento reprueban la inmoralidad de los servidores públicos que violentaron sus derechos y por eso los exhiben.
“Estamos alzando la voz para se conozcan las injusticias de las que fuimos objeto. No porque mi plaza haya sido de confianza quiere decir que tenía que trabajar sin percibir ningún sueldo o que no tuviera derecho a mis prestaciones. Todavía en diciembre del año pasado se trabajó todo el mes y no nos pagaron, no cubrieron nuestras prestaciones. Yo no quiero la reinstalación, no fui aviadora, tengo manera de comprobar el tiempo que estuve en el ayuntamiento de Toluca”, apunta Claudia Galarza, quien estaba adscrita a la Dirección de Delegaciones Zona Sur.
Ella es otra más de las víctimas de la decisión del ex presidente municipal, el morenista Juan Rodolfo Sánchez Gómez, de no pagar sueldos, aguinaldos ni prestaciones a cerca de 300 empleados del municipio, entre sindicalizados y de confianza, argumentando que no había dinero porque las partidas que le correspondían a la capital mexiquense no habían llegado.
Los impagos sumieron al ayuntamiento en una profunda crisis económica, de la cual la nueva administración no ha podido sacarlo, aunque se trata de una de las prioridades del alcalde priista Raymundo Martínez Carbajal, quien hace una semana vio aprobado el presupuesto que ejercerá para el 2022, y que alcanza una cifra de 4 mil 306 millones de pesos, que en lo práctico se tendrá a partir de marzo.
“En mi caso, mi trabajo me lo fueron quitando poco a poco hasta dejarme sin nada. Era todo el día estar sentada y no poder levantarme de mi lugar. No era la manera de quitarnos el trabajo. Nos dejaron sin los pagos de Fin de Año, pero sobre todo sin el sustento para la familia. Estoy aquí para exigir justicia. Que ellos nos ignoren es otra forma de revictimizarnos”, dice Galarza.
Las denuncias de los trabajadores se han ingresado al Tribunal y ya cuentan con número de expediente, lo mismo que ante la Secretaría del Trabajo. También hay denuncias por discriminación a mujeres. Por su lado, el alcalde Martínez ha negado que él haya ejecutado el despido de los 68 bomberos afectados, y culpó al anterior alcalde de iniciar los procedimientos de baja en contra de ellos. Según el edil, había ya diálogos para llegar a acuerdos.
