La familia de Roxana llevó su defensa a la calle y a las redes sociales, y consiguió apoyo moral para ella. Enfrentase a los Libién nunca ha sido fácil, y quienes lo han hecho saben que tienen todo en contra, pues cuenta con relaciones profundas con la clase política del Estado de México, como lo demuestra la boda del propio Anuar y Roxana, cuya misa se celebró hace seis años en la iglesia San Carlos Borromeo, ubicada al interior del exclusivo Club de Golf San Carlos a la que asistieron personajes como Maricarmen Miranda Nava, hermana del defenestrado secretario federal de Desarrollo de Enrique Peña e hija del magistrado Luis Miranda Cardoso, este último que fuera ejecutado el 11 de agosto pasado en su casa, y aunque hay tres detenidos, también hay un asesinado adentro del penal de Santiaguito, a quien mataron a golpes antes de poder declarar nada y cuya muerte reportaron como suicidio con un pantalón de mezclilla.

Miguel Alvarado/ Marco Antonio Rodríguez

Toluca, México; 5 de septiembre de 2020. Roxana Ballina Perdomo fue liberada por falta de pruebas en el caso del asesinato de su ex esposo, por el cual la Fiscalía del Estado de México la capturó el 29 de agosto en Metepec, y esa misma noche fue ingresada al penal estatal de Santiaguito, en Almoloya de Juárez, en donde permaneció hasta el 4 de septiembre, cuando fue liberada debido a que no hubo pruebas que la vincularan a proceso, según la valoración de una jueza adscrita al Juzgado de Control de Toluca.

La historia de Roxana y su injusto encarcelamiento confrontó a su familia contra el aparato de justicia del Estado de México y contra la familia Guerra Libién, influyente y poderosa por sus nexos con funcionarios del Estado de México desde hace años. Esa familia es también proveedora de papelería y otros insumos en diversas dependencias oficiales.

Que Roxana saliera representa también un golpe a la impunidad en la que se conduce la familia de su ex esposo, que ha preferido transitar por el lado del abuso y la ilegalidad, y eso lo ha hecho por años. Su implicación con cárteles del narco y con el crimen organizado ha sido señalada incluso por el gobierno de Estados Unidos.

Naim Libién Kaui, dueño de medios de comunicación como el diario unomásuno, fue responsabilizado por la familia de Roxana Ballina de presionar a la Fiscalía para apresarla y abrir una investigación amañada en su contra, para responsabilizarla del homicidio de Anuar Guerra, quien tenía problemas de deuda y violencia intrafamiliar. A Naim Libién las autoridades de Norteamérica lo relacionaron con el cártel de Jalisco Nueva Generación y con Los Cuinis, brazo armado de los de Guadalajara.

Pero Naim no es el único de esa familia con problemas con la justicia. Apenas el 16 de julio de 2020, las cuentas bancarias de los hermanos Yamile y Juan Manuel Abouzaid El Bayeh, miembros de la familia Libién, fueron congeladas por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda.

El Consejo de la Judicatura Federal informa que Yamile Abouzaid El Bayeh es esposa del vicepresidente del periódico unomásuno, Naim Libien Tella, hijo de Naim Libién Kaui, señala una nota del reportero Israel Rodríguez para el diario La Jornada. Esa información también la conoce la Agencia Antidrogas de Estados Unidos y está relacionada con lavado de dinero. Juan Manuel Abouzaid, por su lado, es requerido en Estados Unidos por narcotráfico.

“En diciembre de 2015, el Departamento del Tesoro señaló a Naim Libien Tella y a cuatro empresas mexicanas como narcotraficantes, de conformidad con Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico (Ley Kingpin)”, dice La Jornada acerca del caso, y abunda que “las entidades designadas, que incluyen al periódico Unomásuno, brindan apoyo a las actividades de tráfico de drogas de Los Cuinis. Son propiedad o están controladas por González Valencia y/o Libién Tella”.

A Anuar Guerra Libién lo ejecutaron el 30 de marzo de 2019 cuando se había estacionado sobre la avenida Juárez, entre las calles de Las Torres y Salvador Díaz Mirón, en Metepec. Iba a hacer un cobro a un cliente en una dirección cercana, pero ni siquiera pudo bajarse de su camioneta, una Nissan con placas NDH 95-84, porque hombres armados se le acercaron y lo ejecutaron sin más. La Fiscalía culpa su ex esposa, pero no ha dicho cuál habría sido su participación en el homicidio.

Mientras, la familia de Roxana llevó su defensa a la calle y a las redes sociales, y consiguió apoyo moral para ella. Enfrentase a los Libién nunca ha sido fácil, y quienes lo han hecho saben que tienen todo en contra, pues cuenta con relaciones profundas con la clase política del Estado de México, como lo demuestra la boda del propio Anuar y Roxana, cuya misa se celebró hace seis años en la iglesia San Carlos Borromeo, ubicada al interior del exclusivo Club de Golf San Carlos a la que asistieron personajes como Maricarmen Miranda Nava, hermana del defenestrado secretario federal de Desarrollo de Enrique Peña e hija del magistrado Luis Miranda Cardoso, este último que fuera ejecutado el 11 de agosto pasado en su casa, y aunque hay tres detenidos, también hay un asesinado adentro del penal de Santiaguito, a quien mataron a golpes antes de poder declarar nada y cuya muerte reportaron como suicidio con un pantalón de mezclilla.

Maricarmen iba acompañada de su esposo, Ricardo Mercado Galán, quien en enero de 2019 fue denunciado ante la FGR junto con el ex alcalde de Toluca, el priista Fernando Zamora, por estar relacionados con el tráfico y venta de huachicol.

En la boda de Roxana y Anuar, celebrada en el Salón Rojo del Club Toluca también se dieron cita Carolina Chuayffet -hija del político priista Emilio Chuayffet- y su esposo Jorge Lira, hijo de Armando Lira Lechuga, ex subdirector de Registro y Control de Activos de la Agencia Estatal de Seguridad.

Los contratos con el gobierno

Documentos públicos demuestran que los hermanos Anuar y Yussif Guerra Libién son proveedores de instancias del gobierno estatal, así como de Toluca en administraciones priistas. Incluso recibieron un reconocimiento por su colaboración en el programa Vale Escolar durante la gestión priista de Martha Hilda González Calderón. Yussif es representante legal en Distribuidora Yussean S.A de C.V. (https://bit.ly/3jE6JwP) mientras que Anuar en Novedades Togu S.A de C.V.

Según consta en su perfil de Linked In, Anuar también se desempeñaba, hasta antes de ser ejecutado, como gerente de Papers And Arts México S.A de C.V y en Grupo Papelero Anglib S.A de C.V, con cuyas razones fiscales firmó contratos con los gobiernos estatales de Enrique Peña Nieto y luego con el de Eruviel Ávila Villegas, muchos de ellos por adjudicación directa; es decir, que se realizaron sin puesta en concurrencia y por ende “sin que exista competencia, adjudicándose el contrato a un proveedor que ha sido preseleccionado para tales efectos por la dependencia o entidad” como explica el propio gobierno federal. (Ver: https://bit.ly/32P4fow)