Brenda Cano: diseño. Miguel Alvarado: texto. Ramsés Mercado: información e imagen.
Toluca, México; 13 de febrero de 2023
Conmemoraban 30 años como institución. Habían organizado una ceremonia oficial y ahí estaba hablando Myrna Araceli García Morón, la directora de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem). Entonces, afuera, llegaron integrantes del colectivo Caravana Mexiquense, que integra a la organización Has valer mi libertad y a defensores de derechos humanos que pugnan por liberar a presos injustamente en el Estado de México. Yles dijeron bien claro a los funcionarios:
“Lo que necesitamos es que actúen, no que celebren. Que defiendan los derechos humanos. ¿Qué celebran?- les gritaron mientras desplegaban pancartas con los rostros de algunos de los presos que intentan liberar o que por lo menos se revisen sus procesos.
La Codhem ha sido cuestionada a lo largo de su historia como entidad defensora acerca de la efectividad que muestra y de los casos que elige. Se trata de una organización que cuenta con recursos del Estado mexiquense para realizar su trabajo, pero cuyos directivos han estado vinculados con el propio gobierno, como es el caso de Myrna Araceli García Morón. Considerada como una de “las abogadas más influyentes en México” por la organización Foro Jurídico, siempre ha trabajo del lado de la administración pública. “Comisionada del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, y Vicepresidente e Integrante de la Primera Sección de la Sala Superior, así como Magistrada Supernumeraria. Ha ocupado cargos en la Administración Pública Estatal y Municipal, en la Secretaría de Desarrollo Metropolitano, en la Secretaría del Agua y en la Fiscalía General”, dice una semblanza de ella, que ha estado de ambos lados de la moneda.
Pero para los familiares de los presos injustamente el currículum de la presidenta de los Derechos Humanos no quiere decir nada y no les impresiona. Y es que mecanismo que debería ayudarlos a cambiar esa condición, a denunciar los vicios del sistema penal, no sirve porque sus funcionarios no quieren que funcione.
“Ustedes van y avalan las torturas que les hacen [en el sistema penal] y todavía por andar diciendo, te va peor”, les recordó una de las familiares de los encarcelados, refiriéndose a la poca o nula eficacia que la Codhem muestra en esos casos.
De acuerdo con el colectivo, en muchos de estos casos, la Codhem se encuentra “coludida” con las autoridades del sistema penitenciario. A los integrantes de la Comisión le reclaman que tiene toda la información y conoce los procesos que debe realizar, y además reciben un sueldo por parte de la administración pública.
La Caravana Mexiquense protestó en todos los penales del Estado de México, así como en delegaciones de la Codhem al mismo tiempo. Se trata de un cierre simbólico que realmente quiere decir mucho, y que muestra a la opinión pública la forma en la que son abordados casos como estos.
“Hay violaciones no solamente para los injustamente presos, sino para quienes defienden sus derechos. Para quienes defienden la tierra, el territorio. ¿Por que no hablan de Kenia [Hernández] allá? ¿Por qué no dicen que es una defensora de derechos humanos a la que no han ni siquiera visitado? Que la mandaron a un penal federal y la reprimen. ¡Un mes! ¡Un mes sin mirar el sol!- les reclaman los integrantes de la Caravana.
El caso de Kenia es emblemático. Esta presa en un penal de Morelos y hasta ahora no hay manera de establecer un acuerdo que la ayude a recuperar su libertad, a pesar de que el propio presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha abordado el tema, desde diciembre de 2022. Y aunque hay un acercamiento, la libertad de la activista, originaria de Guerrero, se ve lejana.
A ella la condenaron a 21 años de cárcel y tiene abiertas 8 causas penales. De acuerdo con la agencia CIMAC, es Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE), un organismo público descentralizado del gobierno federal, el que impide llegar a acuerdos.
“Además de CAPUFE, la empresa privada OHL (ahora Aleática) también ha promovido denuncias contra Hernández Montalván. Esta empresa, interpuso la demanda por la que la activista recibió una sentencia de 11 años por el robo de 500 pesos, un celular y una cartera”.
La Codhem tiene que ver en ese caso es porque la activista fue detenida en la caseta de cobro La Hortaliza-Valle de Bravo, cerca de Toluca, en el Estado de México, mientras se manifestaba de manera pacífica el 6 de junio de 2020. Ella exigía la liberación de dos personas.
Ahí empezó todo para ella, que fue ingresada se manera temporal a una cárcel en Ecatepec, de la cual salió, pero luego fue capturada el 18 de octubre de 2020, Amozoc, Puebla. En febrero de 2022 fue condenada a 10 años y medio por robo con violencia, acusada por la empresa Concesionaria Mexiquense. Luego, en marzo de 2022, una nueva condena por once años cayó sobre ella, que actualmente tiene causas penales generadas por cuatro entidades distintas, entre ellas el Edoméx.
“Mi hermano Daniel era moreno, y ahora cuando lo vi, estaba amarillo porque tiene meses en un penal federal”, reclama su hermana Leydi Plácido, a los integrantes de la Codhem, que enviaron a una comitiva para escuchar a los defensores de los presos.
Que los escuchen no quiere decir que intervengan, y menos que se conviertan en las voces que denuncian las condiciones de los presos.
-¿Por qué lo hacen?- pregunta Plácido a una funcionaria, que la escucha.
-Hacemos nuestros estudios- le responde la mujer-
-Bueno, hacen sus estudios. ¿Y saben qué hacen con esos estudios? Le dan a la autoridad la oportunidad de decir que ellos hacen bien su trabajo. Pues no, ya no queremos más eso y por eso estamos manifestándonos porque buscamos además una refundación del Estado de México. Dígale a la señora Myrna que la invito a que vaya a un penal, a la fila, ahí que vaya, y que ahí hable. A ver si es lo mismo- les replica Plácido, que le remarca a la funcionaria que la Codhem presume la defensa de los derechos humanos pero no lo hace.
-De manera constante estamos trabajando en los penales, nos acercamos, vamos teniendo actividades […]. Sabemos la importancia de los derechos humanos y la actividad que debemos organizar la hacemos- les dice la funcionaria, que les habla muy pausada, muy lenta, muy quedamente.
Leydi Plácido y sus acompañantes ya se la saben. Les dirán, ahora o después, que serán recibidos y una vez más contarán las historias, los avances y los retrocesos. Y luego serán olvidados.
Entonces la funcionaria, después de hablar lenta, quedamente, ha decidido decide dejarlos en la puerta, que se cierra tan simbólicamente que se entiende que no es lo mismo para la Codehm estar adentro que en la banqueta. Adentro se celebra y se conmemora, se tiran discursos debajo de un enlonado donde se pueden ver los letreros alusivos a esos 30 años. Afuera, en las rejas, se quedan las pancartas pegadas ahí, los letreros desplegados, los enojados, los que no tiene acceso a la justicia por pobres, por razones del color de piel, por excluidos, por la combinación de todo eso. Afuera se quedan los manifestantes y los granaderos, que han llegado para cuidar los accesos de la Codhem. Han formado una valla y con sus escudos de acrílico marcan el límite, la frontera de los desposeídos. ¿Qué pensará la funcionaria de derechos humanos que se aventó un diálogo miserable, desprovisto de empatía, de la cortesía elemental de alguien que trabaja en esos temas? ¿Qué pensaría cuando vio llegar a los granaderos y cerrarse hasta la calle para los familiares de los presos?
Ellos, que saben lo que la policía representa en sus vidas, no se fueron. Las mujeres se arrodillaron frente a los gendarmes, se quitaron las blusas y las playeras y pusieron sus manos en la nuca, como lo hacen quienes son detenidos.
Afuera, la policía bloqueando a los manifestantes. Adentro, los funcionarios de derechos humanos leyendo sus estudios inservibles, realizando sus festejos misteriosos, chamánicos, la pura magia burocrática.
