Ramsés Mercado: información e imagen. Miguel Alvarado: texto.
Toluca, México; 23 de febrero de 2023
Fuera del Clóset y Amicus, organizaciones de derechos humanos pugnan por que el gobierno del Estado de México destine partidas presupuestales para la población LBGT+. Amicus, que está asentada en Guanajuato y se especializa en litigios, ha presentado una demanda de amparo en contra del Congreso mexiquense y del gobernador Alfredo del Mazo Maza por la exclusión de las poblaciones de la diversidad sexual y de género en el Presupuesto 2023.
-Esto tiene un antecedente en Guanajuato -explica Juan Pablo Delgado, representante de Amicus-, pues el año pasado presentamos también una demanda de amparo en contra de la Cámara y del Ejecutivo. Tuvimos la fortuna de conseguir que se modificara el presupuesto y se creó un anexo que atiende nuestros derechos.
En Guanajuato, el actual presupuesto ya tiene ese anexo que los favorece. Esa partida es de siete millones de pesos y por lo menos atenderá una “necesidad focalizada” de poblaciones que hayan sido diagnosticadas como necesitadas.
En el caso de Guanajuato, las necesidades más apremiantes tiene que ver con la atención especializada de salud, sobre todo para transexuales; además está la necesidad de justicia y el combate al bullying que se comete en contra de adolescentes y niños en las escuelas. Estas necesidades se están diagnosticando y un documento público recogerá las evidencias. En el caso de Guanajuato, ese documento se incluirá en el Plan de Desarrollo 2050.
Todo eso se consiguió gracias a una demanda de amparo, y por eso repetir esa experiencia en el Estado de México auguraría un panorama favorecedor para esa exigencia. Además se han presentado, hoy mismo, amparos en Aguascalientes, Querétaro, San Luis Potosí, Veracruz y Yucatán. Jalisco y la Ciudad de México ya cuentan con esos presupuestos.
-Siete millones de pesos en Guanajuato no es muy significativo, pero alcanza para hacer el diagnóstico. Allá el INEGI dice que 7 por ciento de la población es LGBT+. Aquí en el Edoméx hay medio millón de personas, la población más grande del país- dice el representante de Amicus.
Por ese medio millón es importante tener un presupuesto que las proteja. Y es que uno de los pretextos más usuales del gobierno es el argumento de no tener presupuesto.
-Si se nos toma como un grupo vulnerable, es necesario realizar las acciones correspondientes a partir de un presupuesto fijo. También es importante hacer evidente la omisión institucional que ha existido por años y que nos obliga a realizar un litigio estratégico para que se nos tome en cuenta- interviene Ricardo Coyotzin Torres, de Fuera del Clóset.
En el Estado de México el Congreso ha mostrado reticencia a legislar sobre temas de diversidad sexual y por eso el ampro representa una exigencia para que las autoridades entiendan que la agenda de la diversidad sexual no se quede en el reconocimiento del matrimonio igualitario. El Estado, dicen los dirigentes, debe entender que la comunidad LGBT existe y que sus integrantes tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones.
-El Presupuesto debería ser participativo, nos deberían llamar a mesas de trabajo a organizaciones e interesados. La política pública debería desarrollarse a partir de las necesidades y problemáticas que se encuentren, pero cuando vamos a las instituciones, ninguna de ellas ni tampoco ninguna Secretaría tiene un diagnóstico. Eso quiere decir que no hay política pública al respecto. Y tampoco podemos depender de la buena voluntad de quien sea el jefe en ese momento- dice Coyotzin, quien abunda que la Fiscalía estatal, por ejemplo, es omisa en la investigación de crímenes de odio, en la procuración para investigar cualquier delito, no tiene un registro estatal para casos de violencia o discriminación. Esos registros los hace la sociedad, no el Estado.
Una sentencia de amparo, aclaran los activistas, no es optativa. En caso de no cumplirla, se comete desacato y tiene consecuencias legales para quienes no lo hagan.
