Redacción VcV

Toluca, México; 7 de abril de 2022.

Hay 4 mil 820 solicitudes de Amnistía, de las cuales 2 mil 898 se han admitido en el Estado de México, de acuerdo a datos arrojados durante el Foro Análisis de Amnistía. Del total, 2 mil 834 han sido presentadas por los defensores, mil 793 por el imputado, 139 por familiares y 66 por organizaciones u organismos públicos.

El diputado local Ariel Juárez Rodríguez, presidente de la comisión legislativa Especial del Sistema Penitenciario del Congreso mexiquense, señaló que la impartición de justicia en la entidad registra, en su conjunto, una gran cantidad de irregularidades y fracasos estructurales, y que prueba de ello es la existencia de indicios contundentes de que miles de personas están privadas de su libertad por delitos que no cometieron.

Ante dicho escenario, el Poder Legislativo, Judicial y Ejecutivo están obligados a trabajar de manera coordinada para que a la brevedad se perfeccione el mecanismo de la Ley de Amnistía estatal y permita analizar cada uno de los expedientes-solicitudes.

Juárez aseguró que hay una grave omisión por parte de los directivos del Sistema penitenciario estatal, ya que, en los Centros de Readaptación Social se registran constantes violaciones a los derechos humanos, tanto en agravio de las personas que asisten a visitar a sus seres queridos como de las Personas Privadas de su Libertad (PPL).

A estos últimos se les impide y/o obstaculiza el acceso a sus propias carpetas de investigación-expedientes judiciales, entre otras irregularidades que padecen y se pueden configurar como actos delictivos en contra de los PPL.

El diputado expresó que el aparato institucional de impartición de justicia del Estado de México registra en algunas de sus áreas “todo un sistema de corrupción”, el cual se hace presente hasta en el mismo sistema judicial, Fiscalía, corporaciones de seguridad y gobierno estatal en general.

Ante un escenario tan adverso para los PPL, sus familiares y mexiquenses en general, se debe modificar la ley para otorgar, por ejemplo, más facultades a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México con el objetivo de que sus intervenciones sean más firmes e impidan que se siga presentando conductas que agravian y violan los derechos humanos de mexiquenses, en especial los que por una u otra circunstancia están relacionados con el sistema penitenciario.

Por su lado, el activista José Humbertus Pérez precisó que disponen de patrones de cómo se fabricaron los delitos de alto impacto por distritos judiciales y acreditarán la Inocencia de los PPL que representan, y cuestionó que la Ley de Amnistía excluya casos cuando los delitos atente contra la vida, la libertad o la integridad de la persona.

“Estas limitantes no son aplicables para nosotros y no es una restricción en la Ley de Amnistía, simplemente porque los delitos de alto impacto porque los procesaron y sentenciaron a nuestras PPL son inocentes, son falsos culpables, esos delitos no los cometieron y no son responsables”.

El foro recogió la participación de Ricardo Sodi Cuellar, presidente del Poder Judicial estatal; Gerardo Ulloa Pérez y Sergio García Sosa, presidente de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia y Amnistía, respectivamente; así como Rodrigo Espeleta Aladro, Secretario de Derechos Humanos estatal; Myrna García Morón, titular de la Comisión de Derechos Humanos local; Jueces locales encargados de atender peticiones de amnistía; empresarios; titulares de organizaciones no gubernamentales como “Prisionero de Conciencia” y “Haz Valer Mi Libertad”, entre otros.