Redacción VcV

Toluca, México; 28 de julio de 2020. Una Comisión del poder Legislativo investigará casos de falsos culpables, presos y sentenciados en cárceles del Estado de México, los cuales, de inicio, serían alrededor de 500, aunque la organización Presunción de Inocencia y Derechos Humanos, de José Humbertus Pérez Espinoza tiene unas 300 carpetas de delitos de alto impacto como secuestro, extorsión, homicidios y violación. Las cuales han sido debidamente estudiadas. “Nosotros dimos a conocer lo de falso culpable como concepto jurídico”, dice Pérez, quien propone que además se traigan especialistas de Chile, Colombia y Guatemala que garanticen que quienes obtengan su libertad no sean en verdad culpables.

Para garantizar que las personas que se pongan en libertad sean merecedoras de la amnistía porque son inocentes, se abrirá un proceso de investigación y se investigará desde la integración de la carpeta hasta la etapa del proceso. En el Estado de México hay más de 35 mil detenidos y se revisarán los casos pertinentes. Pérez Espinoza dice que hay mil 86 expedientes que ya cumplieron los requisitos de libertad y más de 13 mil 500 personas que tienen que ser declaradas en libertad.

José Humbertus Pérez Espinoza se identifica como “el preso número 47 que libera Andrés Manuel López Obrador” desde el programa de amnistía presos políticos. Él estuvo encarcelado porque denunció un fraude hipotecario-inmobiliario en México y demostrar que existe, y que es parte de la corrupción del peñismo, “en términos de todos los negocios y de la reforma energética”.

Pérez Espinoza explica que ha llevado cuatro procesos en los que se demuestra que es totalmente inocente, que los ministerios públicos que le fabricaron las carpetas de investigación no están certificados y no podían declarar, y que la detención que sufrió fue arbitraria.

– Llego al penal (en el 2015) y encuentro muchos casos de tortura, de detenciones injustas y por eso formamos, el 22 de enero, la organización Presunción de Inocencia y Derechos Humanos, en el 2016. Eso se llamó la Revolución Azul, y tomamos los juzgados para decir que en mi caso no se respeta la presunción de inocencia, que los datos de prueba no son verdad, que no hay dato de prueba porque nunca hubo delito, está rota la cadena de custodia ni hay un informe policial homologado y otras cosas- señala.

Después, Pérez Espinoza demostró que los magistrados y jueces ni siquiera pasaron los concursos de oposición y que desde su perspectiva el ex presidente del Poder Judicial del Estado de México, Javier Medina Peñaloza desvió miles de pesos de la Escuela Judicial. Hay más de mil 700 denuncias contra jueces que no han sido resueltas por el Consejo de la Judicatura. Y adelanta que presentará denuncias contra los jueces que lo detuvieron y vincularon a proceso siendo inocente.

-Hay un desvío de más de 7 mil millones de pesos del Fondo de Aportaciones a la Seguridad Pública (FAS), que es un fondo federal del ramo 33, como el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), que se desvió con Jorge Olvera (ex rector de la UAEMéx y actual director de la Comisión Estatal de Derechos Humanos) a las universidades, un movimiento llamado la Estafa Maestra. Aquí teníamos algo que se llamaba el Instituto Mexiquense de Seguridad y Justicia, y que nadie sabía qué era. Pero nada más de ese instituto se desviaron más de mil 400 millones de pesos, porque la Estafa Maestra llega hasta el FAS. Tengo pruebas donde la Unidad de Transparencia dice que no les dieron dinero. Eso quiere decir que ningún perito o MP pisó las aulas de ese Instituto Mexiquense de Seguridad y Justicia. Poe eso no hay especialización en las áreas de investigación y secuestro, y por eso hay muchos falsos culpables- dice.   

El Centro de Control de Confianza no certificó a peritos ni MP, según datos de Transparencia obtenidos por Pérez Espinoza, quien también obtuvo datos que probaron cómo la LIX Legislatura encubría a Fernando Báez, que encabezaba el Órgano Superior de Fiscalización, a quien se denunció el 8 de octubre de 2017 por omisiones para fiscalizar la Cuenta Pública del Estado de México. Para Pérez, el servicio público es una cadena de corrupción. Y tiene razón.

– Los mismos diputados federales que aprobaron las reformas de Peña son los que aprobaron la elevación de penas. Son los mismos que aumentaron a 80 y a 70 años las penas por secuestro-dice Pérez, quien ha señalado que esos son los delitos que más se utilizan para acusar a inocentes para impedir que salgan de prisión. Las penas se las aplican a personas de escasos recursos.

Según Pérez, se cuentan con todos los elementos para evitar que la Ley de Amnistía se convierta en una puerta giratoria.

– Estamos promoviendo que el actual presidente del Poder Judicial del Estado de México, Ricardo Sodi Cuéllar aplique una auditoría a la anterior presidencia para que explique en dónde quedaron los recursos de la Escuela Judicial; cuántos jueces y magistrados fueron a esa escuela, acreditaron sus exámenes. Pediremos también que los jueces no resuelvan con sólo imputar y con una sola prueba, como lo están haciendo, porque el sistema penal acusatorio no permite sentencia con una sola imputación. Eso es lo que vamos a pedirle a Sodi Cuéllar y con eso inicie a verdadera reforma judicial en el Estado de México.

Pérez denunciará a funcionarios como la secretaria de Seguridad, Maribel Cervantes y a David Palma Rangel, subsecretario de Control Penitenciario de la Secretaría de Seguridad, entre otros, por todos los niveles de violencia y corrupción en las cárceles, pues considera que hoy los penales son más corruptos y violentos.

Respecto de la Ley de Amnistía, Pérez dijo que se le pretende dar una perspectiva de género porque las mujeres padecen tortura y violaciones en los penales. Esta ley atiende a delitos de alto impacto como homicidios, secuestros y extorsiones, violación, feminicidios porque nadie quiere entrarle al tema a pesar de que son los que más se fabrican.

– En más del 80 por ciento de los casos que se fabrican, son torturadas las personas. Se rompen los protocolos en materia de secuestro, el más reciente fue expedido en 2016 por Alejandro Gómez Sánchez, fiscal mexiquense y por Miguel Ángel Nieto, en 2013.

Estos protocolos no se aplican en esos delitos. Hay un gran problema con el feminicidio, pero también hay gente que ha sido culpada falsamente. En los delitos de robo no se acredita nunca la modificativa de violencia y estamos pidiendo que la Reforma Jurídica atienda desde el inicio de la investigación.

– La Ley de Amnistía señala que va a atender excepcionalmente a los casos que no son violentos. Nosotros decimos que tiene que atender a los falsos culpables porque son culposos los delitos. Hay violencia pero ellos no los cometieron. Uno va a la base de datos criminalísticos y no hay datos de cómo se ha llevado un proceso. Presenté una iniciativa el 26 de mayo a la Cámara y mi exposición de motivos señala que no puede haber éxito en el sistema de justicia penal a partir de la reforma del 18 de junio de 2008, porque dos personajes que firmaron el Acuerdo Nacional para iniciarla están en la cárcel. Bueno, cuando menos uno: Genaro García Luna. Y el otro se llama Eduardo Medina Mora. Nada más que la cachorrita de García Luna es Maribel Cervantes y el cachorrito de Medina Mora es Alejandro Jaime Gómez Sánchez.