Karen Colín: diseño. Redacción VcV.
Toluca, México; 17 de marzo de 2022.

¿Cómo confiar en que el nuevo fiscal, José Luis Cervantes combata la corrupción que hay en la Fiscalía del Estado de México? ¿Cómo pedirle resultados al pariente del ex procurador estatal y funcionario federal con Enrique Peña Nieto, Alfredo Castillo Cervantes, al familiar de Humberto Castillejos Cervantes, ex asesor jurídico de Peña, y primo de Raúl Cervantes, ex director de la extinta PGR?

En seis años fueron denunciados mil 181 agentes del ministerio público, dice un registro de la Cámara de Diputados local cuya fracción de Morena se encuentra “inquieta” por la descomposición histórica de esa instancia. Pero esta misma fracción, junto con todas las demás, votaron unánimemente por José Luis Cervantes cuando competía, junto a otras 42 opciones, por la dirección de la Fiscalía.

Hoy, decir que impera una grave corrupción en la instancia, equivale a reconocer que el anterior fiscal, Alejandro Gómez, también lo era. Y si no lo era, entonces resultaba incapaz para el cargo que ocupó por ocho años. En paralelo, el Órgano Superior de Fiscalización realiza auditorías en la Fiscalía y ha encontrado desvío de recursos. Ni el Congreso ni el nuevo fiscal han hablado de investigar a Alejandro Gómez.

“El principal planteamiento fue que se revise una reestructuración de la Fiscalía ante toda la demanda de los ciudadanos, que se revisen a los ministerios públicos y toda la estructura”, dijo el presidente de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, Gerardo Ulloa Pérez.

A José Luis Cervantes Martínez no le quedó más remedio que reconocer que impera una grave corrupción, por lo menos entre los ministerios públicos.

En una reunión privada de más de dos horas y media, los diputados morenistas le hicieron saber -como si él no lo supiera- acerca de las reiteradas denuncias ciudadanas.
De acuerdo con solicitudes de información a la Fiscalía mexiquense, de 2011 al 2017 fueron denunciados mil 181 agentes por irregularidades administrativas y de investigación, y en seis años se septuplicaron las denuncias, ya que en 2011 fueron 64, y en 2017 llegaron a un total de 438.

Ulloa cuestionó sobre la autonomía presupuestal, pues actualmente el presupuesto es operado por la Secretaría de Finanzas, pese a que se trata de un órgano autónomo, por lo que se acordó que revisarán de manera puntual, pues se requiere adecuar la ley en la materia.
También pidieron que se revise la actuación de la Fiscalía Anticorrupción y la de Delitos Electorales.

Ulloa dijo que el fiscal “reconoce la corrupción, dice que le demos tiempo, pero ya empieza a actuar y va a esperar los tiempos para hacer la depuración de la Fiscalía”.

Los integrantes de la bancada morenista cuestionaron sobre la creciente delincuencia organizada en el sur de la entidad, y el incremento en robos en todas sus modalidades, los diferentes tipos de violencia, a lo que Cervantes respondió que se realiza un análisis al respecto para tomar medidas.

Los diputados de Morena actúan en bloque y reciben órdenes de la dirigencia de su partido. Es imposible creer que no vean la conexión entre el nuevo fiscal, Enrique Peña y el actual gobernador Alfredo del Mazo. Así, en una negociación atravesada por la proximidad de las próximas elecciones para renovar el Ejecutivo, Morena volvió a dejar la Fiscalía en poder del Grupo Atlacomulco.

Ahora, no le queda más remedio que darle a José Luis Cervantes “un voto de confianza”.

Apenas ayer una triple ejecución de mujeres en Zinacantepec confirmaba la profunda crisis de violencia por la que atraviesa el Estado de México.