22 abril, 2025

«Se equivocó la Fiscalía»: senadora Martha Guerrero

«Se equivocó la Fiscalía»: senadora Martha Guerrero

Brenda Cano: diseño. Miguel Alvarado: texto. Cámara de Diputados: imagen.

Toluca, México; 20 de diciembre de 2021.

A la senadora morenista Martha Guerrero la atacaron a balazos cuando se dirigía Temoaya, un municipio mexiquense ubicado a 15 minutos de la capital del Estado de México. No le pasó nada, a ella ni a sus acompañantes, pero su caso, por tratarse de ella, reafirma la condición de inseguridad por la que atraviesa el Estado de México. Guerrero, por su condición de senadora, ha posicionado la agresión que sufrió cuando iba a acompañar a la nueva alcaldesa de aquel municipio, Nelly, Brígida Rivera Sánchez a su toma de protesta. Los cuatro disparos que se incrustaron en su automóvil la dejaron asustada, pero más lo hicieron las primeras conclusiones de la Fiscalía mexiquense, que dirige Alejandro Gómez Sánchez, quien este año ha perdido la batalla que libra en contra del cártel de La Familia Michoacana y cuya policía se encuentra bajo una constante crítica debido a la corrupción imperante.

Esa Fiscalía resuelve prontamente casos que atañen a figuras públicas como la senadora, pero incluso si lo hacen, sus resultados son cuestionables. A la senadora le dijeron que el ataque había sido resultado de un incidente vial entre su auto y el de otra persona, que reaccionó tirando contra ella y sus acompañantes. Ya un caso similar había terminado con un herido, en el centro de Toluca, el 18 de diciembre, cuando en otro altercado vial dos hombres a bordo de una Suburban dispararon e hirieron en el cuello a un hombre. Los agresores escaparon sin que nadie los detuviera en una zona en la que en cada esquina hay un agente y el tráfico paraliza la circulación, sobre todo por la tarde, a la hora en que sucedió ese ataque.

La agresión contra la senadora desnuda, por enésima vez, las condiciones de inseguridad letal por las que atraviesan Toluca y todo el territorio mexiquense. Un diario local, La Calle, describía acertadamente el recibimiento a balazos que tuvo la senadora: “Balazos, no abrazos”, tituló ese diario la noticia inmediata de la agresión. Y es verdad. Aunque no existiera un componente político en torno al hecho que involucró a Martha Guerrero, sí da cuenta de la enorme disparidad en la aplicación de la justicia, de la vulnerabilidad de los ciudadanos ante delincuentes y de la profunda corrupción que desde hace años se ha adueñado de los distintos niveles de gobierno, así como de los cargos públicos más importantes, como resulta el del manejo de recursos públicos y el de la seguridad.

La propia Guerrero Sánchez cree que el ataque del 19 de diciembre no se refiere a una intención política o de género, pues es parte del grave problema de inseguridad que padecen los mexiquenses de manera cotidiana en la entidad. Pasadas las balas, entonces ha pedido al gobernador Alfredo del Mazo y la Fiscalía modificar la estrategia de seguridad, si es que ésta existe. También preocupa que, como senadora, lo diga hasta que la violencia la alcanzó.


Hoy por la mañana, acudió a la Cámara de Diputados del Edoméx, de mayoría morenista y lamentó que la Fiscalía haya salido a minimizar el incidente y tratar de normalizar la violencia e inseguridad. Ella contó que ayer, unos 15 minutos antes de llegar a Temoaya, sin razón ni justificación alguna, un automóvil Platina color gris, se cerró de manera brusca a su vehículo y bajó un hombre armado a disparar cuatro veces.

“Quiero aclarar que no es una cuestión política, me han ofrecido seguridad, no estoy pensando en cambiar mi condición de trabajo. Me considero una persona que no ha generado enemigos, soy una persona tranquila y amanecí con más determinación de decirle a la gente que tenemos que cambiar eso”.

Sus compañeros de partido le dijeron lo que se dice en esos casos: fue un ataque artero y dijeron que nadie está exento de la violencia. Este es uno de los casos en los que los diputados no hablan desde la dureza de los números, porque algo debe significarles. El resto de lo que sucede en la entidad apenas da para comentarios estadísticos, lo cual genera que las víctimas pierdan toda condición de humanidad. La lista de afectados por la violencia es enorme y muy variada, pero su menosprecio también. El último reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, relacionado con “incidencia delictiva del fuero común” para el Edoméx, con corte al último día de noviembre de 2021, dice que hay mil 581 lesionados por arma de fuego. Hay 3 mil 363 casos de homicidio, de los cuales 2 mil 138 son dolosos.

Martha Guerrero indicó que la Fiscalía ya le tomó declaración y se inició una averiguación, de la cual espera resultados, pero lamentó que ayer por la tarde hayan salido a minimizarlo como parte de un incidente vial con su chofer el cual negó. “Que la Fiscalía haga lo correcto y nos dé respuestas, se equivocaron al subir una declaración cuando estábamos en proceso de investigación”.

Luego dijo que hoy, estos incidentes, generan coraje e impotencia, y una gran impunidad, pues de 10 casos apenas se atienden uno o dos y culpó al gobernador Del Mazo cuando dijo que en estos últimos tres años ha habido diversas reformas para modificar el código penal en busca de generar una procuración de justicia más eficaz, lo que no ha ocurrido pues “no se aplica, ni en los ministerios públicos, ni en las policías, el problema está en los gobernadores”.


Ella misma se dio cuenta de que la investidura que porta como senadora hace una notable diferencia, pues hace años sufrió el robo de su camioneta a mano armada y “nada pasó”, a diferencia de hoy.

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en este año se han registrado 356 mil 424 actos delictivos, la cifra anual más alta en toda la historia de la entidad, de los cuales más de 107 mil son por robo en todas sus modalidades y van al alza los feminicidios, extorsión, trata de personas, violencia intrafamiliar y robo a transportista, homicidio doloso y lesiones. Tan sólo en los cuatro años del actual gobierno estatal suman más de 1.5 millones de denuncias de ilícitos.

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