Karen Colín: diseño. Ramsés Mercado: imagen e información. Miguel Alvarado: texto.
Toluca, México; 15 de marzo de 2023
“Mi hija Mariana Lima Buendía nació el 25 de marzo de 1981. El 25 de marzo de 2015 cuando nos dieron la sentencia, mi hija debía haber cumplido 34 años. Pero en ese momento ya no estaba. Cuando Marianita nació, vino a ser una parte fundamental en nuestra vida poque nos dio alegría. Fue una niña deseada, igual que todos mis hijos. Mi esposo y yo creíamos que nuestra casa iba a empezar a florecer cuando ella entró a la UNAM. Desgraciadamente, en el 2006 ella fue a hacer su servicio social el Centro de Justicia de Chimalhuacán, en el Estado de México. Ella estudiaba en la Facultad de Derecho porque quería ser abogada. Pero ese sujeto feminicida, asesino, el policía judicial Julio César Hernández Ballinas se encargó de quitarle la vida y la mató con violencia”, dice en una conferencia de prensa Irinea Buendía, madre de la joven ultimada el 28 de junio de 2010, hace casi 13 años. Por fin ahora, al asesino se le ha dictado sentencia condenatoria después de que ese caso se cerrara y la Suprema Corte de Justicia lo reabriera en el 2015.
La joven había conocido a su asesino en el Centro de Justicia de Chimalhuacán en el 2006. Después se hicieron novios y el 13 de diciembre de 2008 contrajeron matrimonio. “Se casó con su propio verdugo”, dice la madre, quien recordó que la primera versión que dio el feminicida sobre la muerte de la joven era que se había suicidado.
Ahora se ha comprobado plenamente que Julio César Hernández la mató y que el suicidio fue una simulación y embarcó a la familia en una lucha sin fin en la que se enfrentaron incluso a la inacción penal en el 2011. Ivonne Banda Gómez, junto con la fiscal de Feminicidios, Liliana Guadalupe Rosillo Herrera, concluyeron que no había elementos para comprobar que a la joven la habían matado y determinaron que se había suicidado cuando sabían que no era así.
“Un primer dictamen que hizo la médico forense Yanelli Carrasco Lugo, claramente especifica que la lesión que tenía mi hija en el cuello correspondía a una fractura en el cartílago tricoides. Pero ella prefirió hacerse cómplice junto con todas las autoridades del Centro de Justicia de Chimalhuacán y encubrieron a Julio César Hernández Ballinas”, recordó la madre, quien señaló que cinco años más tarde, en la exhumación, encontraron material genético en las uñas de la mano derecha y que con eso se demostró que la joven se había defendido. Se trata de un código que han desarrollado esos servidores públicos y que no es otra cosa que encubrimiento mutuo.
Fueron casi 13 años de exigir justicia para la familia de Mariana. La madre reclamó que ahí con ella debería estar Alfredo Castillo Cervantes, el ex procurador de Justicia del Estado de México en esa época y que no los quiso atender. Ese funcionario fue el artífice, entre otras cosas, de la versión de la muerte de la niña Paulette Gebara en Huixquilucan. También fue delegado especial del ex presidente Peña Nieto en Michoacán y condujo una desastrosa campaña de pacificación que tuvo como respuesta el levantamiento de poblaciones contra el narco, en una guerra que libraron solas. También reclamó a Peña Nieto por cerrarle puertas.
Lamentó la lentitud a propósito de la justicia y la dilación en procesos como los recursos de revisión y los tres amparos que solicitó en juzgados de Toluca.
“Julio César Hernández Ballinas se asumió como Dios. El 6 de marzo de 2023 se cumplió la justicia por la que tanto había yo luchado para que se supiera realmente la verdad. Un juez se dio cuenta de que la averiguación previa no se había investigado con perspectiva de género y debida diligencia. Ya había un antecedente en el caso de Campo Algodonero que indicaba que se debía investigar como feminicidio. Archundia nos dio un amparo y con eso pudimos solicitar a la Suprema Corte de Justicia la atracción del caso”, relata la madre, quien denuncia que los feminicidios se investigan actualmente como asesinatos dolosos. Lamentó que son los mismos policías, sobre todo los primeros que acuden a las escenas de los crímenes, los que contaminan las pruebas.
Después de que la SCJN interviniera, la ministerio público Brenda Celina Bazán y hoy fiscal de Feminicidios en la Ciudad de México, pudo rehacer la investigación y consignar el caso ante el juez primero de lo penal en Neza, el 13 de junio de 2016, en sólo 15 meses. Así, se obtuvo una orden de aprehensión contra Julio César Hernández Ballinas. Luego, el 23 de junio 2016 fue capturado.
El asesino no pudo demostrar su inocencia y el 29 de junio de 2016 se le dictó auto de formal prisión. Al final de un proceso que duró 6 años y 8 meses, el Poder Judicial del Estado de México lo sentenció a 70 años.
“Desde el momento en que vi a mi hija, que entonces tenía 29 años, supe que no se había suicidado. Yo a mi hija la vi con vida por última vez el 28 de junio de 2010, a las 12:30 que salía de mi casa. Salió con la idea de que se iba a separar de ese sujeto, pero él no le dio la mínima oportunidad de defenderse. El asesino dijo luego que ella se había colgado de una armella de las cortinas, con un “hilo” del que se probó no podía sostener gran peso. Yo me colgué con esa cuerda para ver el trazo que dejaba en el cuello. Los peritos, que además nunca estuvieron en el lugar de los hechos, decían que había quedado de forma oblicua cuando en las fotos se veía que era horizontal”, dice Irinea.
El cuerpo de la joven estaba golpeado y así fue como lo vio su madre, cuando llegó a su casa en Chimalhuacán, alertada precisamente por el asesino. No la vio colgada, sino acostada en su cama, del lado derecho. Junto a ella, el feminicida puso el teléfono celular y el control de la televisión, “como si alguien que se va a suicidar, dijera que se va a echar todavía mi última película”, dice la madre.
Había dos toallas húmedas porque Julio César Hernández la había bañado para borrarle los moretones y para quitarle la sangre que tenía. Tuvo todo el tiempo para manipular el lugar de los hechos.
“Han sido trece años de extremo dolor. En un momento lo digo, pero han sido trece años de mucho dolor que hemos guardado en nuestro corazón porque no hemos podido elaborar nuestro duelo, porque era eso o levantarnos para exigir justicia. Mi esposo murió hace cinco años y ya no vio la justicia. Y aquí seguimos”, dijo la madre, quien exigió terminar con la cultura del patriarcado, que sólo sirve para oprimir.
Después reclamó a los distintos niveles de gobierno que se establezcan marcos adecuados y políticas que garanticen el acceso a la justica, así como la reparación del daño y la verdad de las víctimas de feminicidio, sanciones a servidores públicos y la reparación de los años, entre otras cosas. “Eso es lo que voy a solicitar al Senado y a la Cámara de Diputados”.
Las disculpas de Dilcya y la Ley Mariana Lima
El delito de feminicidio está catalogado como del fuero común, pero como no hay un código penal único, el Senado de México ha realizado una propuesta, la cual podría ser llamada la Ley Mariana Lima Buendía, y algunas adiciones fortalecerían el punto de las sanciones ante el incumplimiento de investigar sin perspectiva de género y de cómo obligar a que se investigue con debida diligencia. “Y yo creo que en el Estado de México puede implementarse por primera vez”, dijo la abogada María de la Luz Estrada, representante de la familia Lima Buendía.
Luego, Dilcya Samantha García Espinoza de los Monteros, la comisionada Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, opinó que se debe reconocer a la madre de Mariana por haber logrado justicia.
La funcionaria -que a principios de abril de 2022 fue acusada por feministas de desalojar de manera violenta a mujeres que apoyaban a víctimas en la Fiscalía de Chimalhuacán, y que vieron cómo ordenaba ese operativo- considera que la Fiscalía del Edoméx tiene que asumir “los errores” que cometió.
“No solamente generan este camino pedregoso para la justicia y la injusticia, sino que además generan toda una suerte de obstáculos que se ven reflejados en el homicidio de Mariana. Y nosotros como Fiscalía venimos a asumir ese error y venimos a dar las gracias por el aprendizaje que hemos tenido y que ha dado un sentido a tanto dolor”, dijo la fiscal, que por primera vez se pronuncia de esta manera ante un caso así, toda vez que ha sido señalada de no llevar debidamente las investigaciones que le tocan.
Ahora, la Fiscalía y ella agachan la cabeza, pero los casos que deben investigarse suman cientos. Dilcya se levantó de esa mesa y coreó junto con la madre de la víctima que “vivas estamos y vivas nos queremos”, que “ni perdón ni olvido, castigo a los asesinos”.
El camino que recorrió la madre de Mariana
Anayeli Pérez Garrido, integrante de Justicia Pro Persona y del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), dijo que “esta sentencia materializa esos estándares de la SCJN, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero lo más importante es que le da la razón a Irinea Buendía, que se pasó 12 años exigiendo justicia. La ex Procuraduría había cerrado el caso bajo la hipótesis de un suicidio y teníamos que analizar qué se iba a hacer. La ahora Fiscalía generó un grupo especializado en donde estuvo la ministerio público Berta Bazán, encargada de la investigación y un equipo de peritos que buscaron la verdad en el caso de Mariana Lima, desde mayo de 2015”.
La hipótesis que se planteó en ese entonces era que la muerte violenta de Mariana Lima fue cometida por razones de género. El 22 de septiembre de 2015 se programó una exhumación, que confirmó diferentes datos que se tenían en la averiguación previa, pero que estaban analizados sin perspectiva de género. El 29 de junio de 2016 el juzgado de Neza dictó auto de formal prisión a Julio César Hernández Ballina, y esa acción implicó que la madre pasara por diez jueces, aproximadamente 150 audiencias, una cada diez días hábiles en los juzgados de Neza, más de 70 audiencias diferidas, se desahogaron testimonios de más de 30 testigos, más de 50 peritajes y con eso el proceso, con un cierre de instrucción, terminó el 12 de octubre de 2022.
Pero el 26 de octubre de ese año se presentaron conclusiones acusatorias por parte del ministerio público, Rosa Henderson, titular del acompañamiento de Litigación, con la coordinación de Elvira Díaz, encargada del área de Litigación de la Fiscalía del Edoméx, y con el apoyo de abogadas que trabajaron en un documento de casi 500 páginas desprendido de un expediente de 18 tomos y más de 7 mil fojas. El Observatorio Nacional de Feminicidio coadyuvó en el proceso y acompañó en las conclusiones acusatorias.
“La sentencia de 70 años plantea la perspectiva de género como un principio que debe acompañar el análisis de la sentencia. La Universidad Iberoamericana de Puebla presentó un trabajo que fue considerado también. Pero en el contenido de esa sentencia está saber qué pasó aquel 28 de junio de 2010, cuando Mariana es asesinada”, refiere Pérez,
El juez Sergio Beristain determinó que la muerte violenta de Mariana Lima se trato de un feminicidio y se sustenta en pruebas científicas de medicina forense, e inicia con el análisis del dictamen de necropsia a partir de la rectificación que realiza la perito sustituta Patricia López Valencia, quien dice que los hallazgos que se encontraron en la necropsia son ciertos y se corroboran con la exhumación. Había una fractura en el cartílago de Mariana y no había fractura en el hueso ioides.
El Observatorio
“Esta sentencia condenatoria llega en un contexto grave de violencia contra las mujeres, donde las autoridades se resisten a aplicar el criterio de que toda muerte violenta debe ser investigado como feminicidio. Es importante mencionar que en los últimos 4 años han sido asesinadas 15 mil 158 mujeres en México, el 25 por ciento de los casos se investigan como feminicidio y sólo un 20 por ciento de los casos de feminicidio llegan a tener una sentencia”, señala el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio en México, que concluye que la sentencia del Poder Judicial del Estado de México “nos fortalece para seguir luchando y para que se implementen de manera pronta los principios de la debida diligencia reforzada en casos de muertes violentas de mujeres, los cuales son oportunidad, exhaustividad y participación, a fin de evitar la revictimización y afectaciones a las víctimas”.
