Miguel Alvarado

Toluca, México; 16 de junio de 2020. La serie “La historia de un crimen, la Búsqueda”, que intenta narrar la muerte de la niña Paulette Gebara, es, sobre todo, una burla contra el Grupo Atlacomulco de Enrique Peña, y como toda burla, se sumerge en las profundidades de lo idiota, en la superficie de lo vano. La excusa central para hacerlo es la muerte de una niña de cuatro años, sucedida en Huixquilucan cuando el actual gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, era su alcalde, en el 2010.

– Alfredito, ¿qué puedo hacer por ti, hombre?- dice en una escena el actor Darío Yazbek, quien interpreta al procurador mexiquense, Alberto Bazbaz, cuando recibe una llamada telefónica desde Huixquilucan.

Ese Alfredito es Alfredo de Mazo Maza, a quien lo pintan como un alcalde chambón, acostumbrado a subir los pies a su escritorio y cuyo poder político emana, en buena medida, de la relación familiar con su primo-hermano, Enrique Peña y con su tío, Arturo Montiel Rojas.

La serie fue montada en el desatino de una ambientación un poco mejor que los capítulos de La Rosa de Guadalupe, y centra su crítica en la ineptitud de los funcionarios involucrados en la búsqueda de la niña Paulette. Trata de reconstruirlos, pero en esa dramatización lo que consigue es un cuadro humorístico de baja calidad que los hace ver como estúpidos o retrasados mentales, cuando lo que fueron e hicieron en su momento, no deja lugar a dudas de su corrupción absoluta, de su comportamiento gangsteril al abusar del poder y los recursos públicos que en ese momento controlaban.

Enrique Peña será siempre una figura pública criticada debido a su escasa cultura general y a su insensibilidad política. Fuera de eso, ha sido uno de los mandatarios más corruptos que haya dado el presidencialismo priista, emanado del Grupo Atlacomulco, fundado por Isidro Fabela y fortalecido por años por las familias Del Mazo, Monroy, Peña y por Carlos Hank, un profesor de primaria que no pudo ser presidente de México debido a su ambiguo origen “alemán”.

El Grupo Atlacomulco, cuya existencia ha sido siempre negada por sus integrantes, domina aún parte de la vida económica y política de México, y ellos mismos se consideran herederos naturales del poder público en el Edoméx, como si se tratara de un reino medieval. Por eso, tres Del Mazo han sido gobernadores: abuelo, padre e hijo han llegado sin mayores méritos que su apellido al máximo poder público del estado. Solamente esa familia ha decidido el destino de los mexiquenses por 18 años. La familia Del Mazo ha participados en toda la vida política de la entidad y ha establecido lazos de sangre y compadrazgo con empresarios locales a los cuales encumbró, como los Hank y recientemente Juan Armando Hinojosa, dueño de Grupo Higa. Lo que salió de esas relaciones es, en los muy lamentables términos de Andrés Manuel López Obrador, lo que se define como “la mafia del poder”, que apenas consiguió el poder presidencial con Peña. Dejar llegar a la presidencia de México al Grupo Atlacomulco era la pesadilla de otros priistas, que los veían como un peligro para ese partido, porque estaban por encima de él.

El mediocre equipo mexiquense de Peña funcionó a la perfección y saqueó México. Hoy, perseguidos algunos, o por lo menos eso dice la Cuarta T, han desaparecido del escenario público y la mayoría se refugia en otros países. Peña y su equipo resultaron tan genocidas como Felipe Calderón o Díaz Ordaz. Por eso, que se les satirice al estilo de la Rosa de Guadalupe en la serie de Netflix, resulta un error proveniente de la desmemoria y de la fragilidad de las fuentes consultadas para la realización de la serie, que deben ser el libro de Amanda de la Rosa, “¿Dónde está Paulette?, y el trabajo de Martín Moreno, “Paulette, lo que no se dijo”, este último publicado por la editorial Aguilar.

Que la serie acerca de Paulette se catalogue como una sátira para así aminorar la responsabilidad de abordar un tema como ese, no es más que lavarse las manos con lo que le pasó esa niña, hija de una familia que pagaba algunas cuentas de las campañas políticas de Montiel y Peña, que se beneficiaba de donaciones del gobierno del Estado de México y que al final terminó desecha, perdiendo una demanda que la madre de la niña intentó contra el gobierno mexiquense por 68 millones de pesos.

La serie de Netflix es, sobre todo, una negación.

Santiago Limón es el director de esta apuesta cinematográfica. Él es un joven delgado, barbón y de pelo abundante, de cara larga, que ha estudiado dirección en la American Film Institute. Sus raíces en ese medio están insertas en proyectos de Eugenio Derbez, por ejemplo, o en actuaciones de Omar Chaparro. Una de sus últimas películas se llama Cindy la Regia.

A Limón le pasó lo mismo que a los mexicanos nos sucede: comenzó a olvidar demasiado pronto, demasiado aprisa y no entendió que la vida de asesinos como Peña y sus alfiles como Bazbaz o el propio Del Mazo representan una tragedia para quienes los padecieron, y que es el país entero.

Alfredo Castillo Cervantes es otro de los personajes que aparecen en esa historia. Su participación, como subprocurador regional del Edomex en ese entonces, debería resultar clave para entender por qué se decidió que el cuerpo de la niña apareciera atorado en la cama en donde dormía. Castillo es todo un personaje. Fue procurador del Estado de México y poco más adelante fue enviado a apaciguar al violento Michoacán asolado por el narco. Lo hizo tan bien que consiguió de La Tuta, aquel maestro líder del cártel de Los Caballeros Templarios, “una aportación” millonaria para la campaña que Castillo ya pensaba impulsar, buscando la gubernatura mexiquense. No le dieron oportunidad, porque Eruviel Ávila se atravesó en el camino de todos, incluso en el de Alfredo del Mazo.

Castillo fue un operador que rayaba en lo idiota o de plano fue amenazado de muerte para hacer lo que hizo. Queda claro que siguió las órdenes de alguien -puede deducirse que de Arturo Montiel- para resolver la muerte de la niña de la forma que fuera. La banalización de la vida de estos personajes resulta grave porque se les quita la responsabilidad histórica que desempeñaron en ese y en otros momentos.

Luis Miranda Nava, ex secretario de Peña de siempre y que en la serie es señalado como uno de los operadores centrales, en la vida resulta todavía mucho peor. Metido hasta la nuca en el caso de Ayotzinapa, deberá responder tarde o temprano de los intentos de soborno a los que sometió a algunos estudiantes, después de los levantones de Iguala en 2014. Pero esa resultará la menor de sus acciones.

Al director Santiago Limon le pasó lo que a Jorge Fernández Meléndez, un locutor argentino que realizó una película llamada La Noche de Iguala, poco después después de la desaparición de los 43 normalistas y retrató un guión que la extinta PGR le dio. Fernández dijo, por sus pistolas, que el joven desollado esa noche durante el cruce de los normalistas por Iguala, el mexiquense Julio César Mondragón, era líder del cártel de los Rojos, y que todos los alumnos de la normal habían sido infiltrados por narcos. Fernández Meléndez no se disculpó con nadie. Se hizo el tonto y ahora se hace pasar por un periodista serio, experto en movimientos sociales y delincuencia organizada y hasta tiene un espacio en ADN Canal 40.

En el caso de Limón y Meléndez, los retratos del serpentario que ha sido siempre el círculo de Peña, se convirtieron también en las fotos de quienes los tomaron.

En la serie de Netflix, se trataba de reírse de ellos, de los criminales.

Pero no a costa de Paulette.