Ciudad de México; 22 de febrero de 2026
Miguel Alvarado
El Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), encargado de la inteligencia mexicana, había seguido al entonces «novato» Nemesio Oseguera porque lo consideraban un narco en ascenso, un problema en ciernes para la seguridad nacional y para Estados Unidos.
Así que militares de la Marina y el ejército fueron comisionados para investigar a ese Cártel de Jalisco Nueva Generación. Lo ubicaron fácilmente y pudieron documentar cada uno de sus pasos. Sabían casi todo de él y de su grupo, de sus aliados y de sus vínculos con la ya saliente clase política peñanietista. Pero se encontraron con un problema que en términos judiciales impedía su captura. El Mencho no tenía una sola denuncia en su contra y no había manera de probar judicialmente su participación en el narco.
Los agentes de la DEA que se entrevistaban con el CISEN supieron esto de inmediato. Fueron las fuerzas armadas las que los alertaron y les solicitaron ayuda. Pero los gringos les dijeron que no a los mexicanos porque el Mencho «no les había hecho nada». Era verdad. El Cártel de Jalisco traficaba cocaína y otras sustancias a Europa y Asia, pero con Estados Unidos no se había metido ni por error. La Marina, como un último trabajo para el CISEN, investigó los vínculos de políticos mexicanos con el cártel y lo que parecía un expediente corto se amplió de manera dramática. Se reveló una red de vínculos en el que estaban involucrados funcionarios de Jalisco, de entidades vecinas y del ámbito federal.
Con esa carpeta el CISEN, en realidad un organismo de espionaje aunque dotado de un aparato capaz de ese tipo de seguimientos, terminaba su vida institucional y daba paso al Centro Nacional de Inteligencia (CNI), que resultó una extensión de aquel CISEN.
El CJNG creció de manera exponencial en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Se expandió por todo el país y donde no estaba había realizado alianzas con cárteles locales como sucedió con la Unión Tepito en la CDMX. También se profundizó la participación de funcionarios federales, estatales y municipales, así como de funcionarios de seguridad y de las fuerzas armadas.
Esta organización, potenciada así, funcionó entonces como una franquicia, apoyado en esas alianzas de agua y aceite como la que hizo con la Familia Michoacana en el Estado de México. Ahora los débiles controles que el gobierno federal tenía con el CJNG se han roto pero el cártel no se ha descabezado ni disminuido su poder.
La presidenta de México, la morenista Claudia Sheinbaum, tendrá que explicar por qué esta operación contra el Mencho ha desatado una narco-guerra en casi todo el país y también deberá explicar en qué consistió la ayuda de la milicia gringa en el terreno de la inteligencia, que no fue tal porque si bien logró cumplir su objetivo primario no contempló la reacción de los criminales. El caso del Mencho y todos los hechos ligados representan un rompimiento, no solo de los acuerdos de los gobiernos federales anteriores sino con los acuerdos que se hicieron en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
El «triunfo» de Sheinbaum por la captura y muerte del jefe narco puede esfumarse rápidamente si el presidente de EU, Donald Trump, decide calificar los ataques posteriores de terrorismo y presionar para realizar una intervención militar por tierra, más poderosa y que responda además a los informes que han enviado los agentes estadounidenses que trabajan en nuestro país, en lugares como Tejupilco, en el Estado de México. No está de más recordar que el CJNG ha sido calificado como grupo terrorista por el propio Trump. De alcance nacional y global, el Jalisco Nueva Generación oculta secretos en los que están inmiscuidos funcionarios federales del pasado y del presente, como Omar García Harfuch, víctima ya de un atentado del CJNG. Las próximas 48 horas serán decisivas para saber hacia dónde va todo esto.
