Ciudad de México; 11 de noviembre de 2025

Carlos Peralta

Estamos a unas semanas de terminar el 2025 y resaltan, más que nunca, las prácticas que ha realizado el Estado en distintas materias, como puede corroborarse con búsquedas sencillas en internet, al alcance de todos. El concepto de Estado nos describe un territorio o un país y su población, los cuales tienen un gobierno que cuenta con una constitución, que les brinda una autonomía reconocida internacionalmente. El Estado funciona gracias a instituciones, tiene un mecanismo o sistema de defensa interior y exterior. Tiene también integradas instancias burocráticas, partidos políticos que compiten por el poder y un esquema de seguridad castrense y civil.

Cuando alguien menciona que se ha cometido un crimen de Estado, una parte de la ciudadanía puede creer que se está refiriendo únicamente al partido en el poder, pero ese partido no actúa solo o de manera aislada. Se trata, en realidad, de un entramado que muchas veces se parece a la organización de una función de circo, muy parecido al que se montaba en los regímenes pasados, desde el porfiriato, e incluso más atrás. Hay entonces elecciones, sí, pero se inscriben dentro de un patrón de simulaciones que se dan en varios niveles y formas. En un crimen de Estado intervienen, pues, las instituciones que lo componen. Pero un personaje central en este tipo de crímenes es el ejército o las fuerzas armadas, como lo podemos ver en informes que abarcan el periodo de la Guerra Sucia en nuestro país, que implica 30 años de ejecuciones y desapariciones de aquellos a los que el gobierno considerara que ponían en peligro la estabilidad del país.

Félix Hernández Gamundi, líder histórico del movimiento mexicano estudiantil de 1968, afirma que “en todos estos años, de 1960, el 68 y la Guerra Sucia, ha habido la acumulación de una experiencia represiva en el Estado. Y esa no ha desaparecido porque hay un daño y el responsable es el Estado. Y no se nos puede olvidar: [sucedieron] antes de Ayotzinapa, Acteal, Aguas Blancas, El Charco, Tanguato, etcétera. Son la prueba de un ambiente de represión, sí, pero también de persecución”.

Así, pues, de ninguna manera puede verse como situación aislada las distintas violaciones a los derechos humanos y que la impunidad se haya generalizado. Existe mucha documentación e incluso documentales como “Presunto culpable” y estadísticas que señalan que un porcentaje muy bajo de personas que son privadas de su libertad no tuvieron la oportunidad de llevar a cabo un juicio, o por lo menos un juicio justo, como lo establece el Estado de derecho. Entonces, ningún delito debe ser minimizado, sobre todo en una pista de circo que se autoproclama humanista.

El proceso de descomposición social se agudiza bajo el mismo modelo y la población observa lo que las diferentes pistas del circo callan: desapariciones, homicidios, secuestros y extorsiones. Podemos ver que hay insensibilidad incluso en la misma sociedad, que ha normalizado, incluso, la criminalización de las víctimas. Y es que si se externa la exigencia de justicia la respuesta es la criminalización, como sucede con algunas madres buscadoras de desaparecidos. No podemos explicar cómo es pueda existir una esperanza si las instituciones y cada Ejecutivo en turno niegan el estado de las cosas, se autoaplauden y no hay a la vista algún mandatario que en el poder reconozca al menos una parte de la realidad.

Esto, como ya lo dijimos, sucedió en la Guerra Sucia: ¿quién asesinó a Lucio Cabañas o a Genaro Vázquez Rojas? En el caso del último personaje mencionado se ve la aplicación de la manida verdad histórica, que nos dice que murió en un accidente cuando los familiares y testigos mencionan que fue el ejército. La aplicación de la verdad histórica puede constatarse desde el 68 hasta Ayotzinapa y en todos los casos se ha presentado el fenómeno de la infiltración por parte de la élite del Estado, que envía grupos de choque, porros y paramilitares para desmantelar movimientos sociales y reprimir.

¿Cuál ha sido el modelo de justicia para el Estado mexicano? Se trata de un mecanismo muy ensayado que hace creer que habrá justicia. Primero, se respetan decisiones de los familiares de las víctimas, a los que se les promete una reparación, sobre todo cuando la sociedad se indigna y hay peligro de un desbordamiento social. Es entonces que el Estado ofrece dinero, así como puestos, cargos y trabajo a los familiares inconformes. También hay una rebanada para los líderes protagonistas, que obtienen beneficios de la politiquería. Eso termina por desmoralizar a los movimientos y resistencias, que piensan que aquellos en los que confiaron ya se vendieron los familiares. Por ahí comienza a afincarse el éxito del Estado.

La politiquería de siempre aplica esa gran estrategia para que se piense que las soluciones no provienen del mismo Estado que causó las desapariciones, muertes y asesinatos, y que no están relacionadas con los poderes de facto. El Estado cambia apenas de color y discurso, pero no mejora en nada. Los aspirantes al poder utilizan las desgracias para posicionarse y beneficiarse en las urnas, pero al llegar al cargo cambian su discurso. ¡Qué descaro! ¡Qué excesos, qué orfandad! Porque aquellos que no concuerdan son enemigos de la patria.

La supuesta justicia del 68 marcó a muchos sobrevivientes, abogados y líderes que supuestamente luchaban por la verdad. Los callaron con un “hueso”. Y ni siquiera mencionemos a los que se aprovecharon del caso. Lo mismo sucedió con el caso Ayotzinapa, aunque es más que sabido que a los estudiantes los llevaron al matadero. Hoy esos responsables son hombres de Estado, diputados federales, altos funcionarios de la Secretaría de Educación Pública, hay hasta un abogado en la “democrática” Suprema Corte de Justicia. Por eso debe desenmascarar esa práctica de Estado, impunidad disfrazada de justicia, la misma que le falta a Rosario Ibarra de Piedra, a quien conocí personalmente, antes de que desaparecieran extrajudicialmente a su hijo. Luego, a la hija la hicieron directora de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, desde donde ha protegido al poder del Estado; En el caso de Luis Donaldo Colosio, a su hijo le abrieron las puertas de los partidos políticos y ahora el Estado trata de resolver ese crimen, luego de 35 años, aunque sin tocar a José Francisco Ruiz Massieu, ex gobernador del estado de Guerrero y cuñado del expresidente Carlos Salinas de Gortari. Ruiz Massieu fue asesinado en 1994 y su muerte nunca fue esclarecida. A una de sus hijas le dieron, sin embargo, un puesto en el mismo partido que no protegió a su padre. Mario Ruiz Massieu, hermano de Francisco, murió de manera por lo menos extraña después de declarar que “los demonios andan sueltos”.

Las crisis de inseguridad en Michoacán y Guerrero han forjado muchos héroes anónimos, pero el Estado no cambia la estrategia de militarización, que no da resultados. El doctor José Manuel Mireles Valverde en Michoacán, y la comandanta Nestora Salgado, entre otros, se alinearon al actual circo en turno y formaron parte de éste. Ahora, un hombre de sombrero al que los sondeos lo hacían favorito para la gobernatura, fue capaz de hacer lo que otros no hicieron, pero a él lo ultimó un joven de 17 años, presuntamente adicto. Ese asesinato benefició a varias pistas del circo político nacional.

Los personajes que participan en los distintos escenarios, manipulados, de ese circo, no serán los últimos. Vendrán otros a participar de la misma transa, que continuará hasta que logremos que la justicia, la justica de verdad, nos traiga la reparación del daño, un derecho para los familiares de las víctimas, las cuales utiliza el Estado para dividir a la ciudadanía. La impunidad seguirá hasta que identifiquemos que son solo diferentes circos habitados por los mismos payasos.