Toluca, México; 25 de octubre de 2022

Miguel Alvarado

Director Editorial VCV Noticias

Ayuntamientos del Estado de México, Instituciones públicas dedicadas a la atención a las mujeres y niñas ancianas, Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México/ CEAVEM, Secretaría de la Mujer, Desarrollo Integral de la Familia – DIF, Poder Judicial, Poder Legislativo, Palacio de Gobierno del Estado De México.

A la opinión pública

P R E S E N T E

En el 2007 fue decretada una Ley General de acceso a una Vida Libre de Violencia la cual, cita textualmente tener por objeto establecer la coordinación entre la Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como los principios y modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y de no discriminación, así como para garantizar la democracia, el desarrollo integral y sustentable que fortalezca la soberanía y el régimen democrático establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Unos años después, el 28 de julio del 2015 para ser exactos, fue decretada la Alerta de Violencia de Género en 11 municipios del Estado de México (Chalco, Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Ixtapaluca, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla de Baz, Toluca, Tultitlán y Valle de Chalco), la cual se traduce en la obligación de las instituciones en atender los delitos del orden común contra la vida, libertad, integridad y seguridad jurídica, con la necesidad de realizar modificaciones y actualizar para hacerla integra y efectiva para el modo actual de vida.

Hago mención para recordarles a todas las instituciones que al estar en frente es necesario integrar acciones que nos permitan tener un verdadero acceso a una vida libre de violencia, así como vigilar entre unas y otras la verdadera aplicación de las mismas y si en algún momento llegase a existir alguna traba realizar la articulación necesaria para que en conjunto con las demás instituciones en materia atiendan dichas solicitudes ciudadanas.

Hoy nos encontramos colectivas, mujeres independientes, activistas sociales, familiares de víctimas en esta toma del espacio público con la consigna de solicitarle al Poder Judicial que exhorte a sus jueces a dictaminar y juzgar con perspectiva de género, misma que es determinada en la ley de Acceso a una Vida Libre De Violencia.

Han sido varios casos los que han sido mal dictaminados y que contaron con banales procesos de actuación para resguardar y proteger a las víctimas.

Por hacer mención de uno, el pasado 4 de octubre de 2022, después de un tortuoso y burocrático proceso para integrar una carpeta de investigación, lo cual llevó a Gisela Vázquez a estar hospital con hemiplejia, fue llevado al juzgado el agresor de ella y de la menor Mariana “N”, pero fue dictaminando por la jueza Isabel Fonseca Avilés con auto de no vinculación a proceso ante una imputación de violación.

Un día después el mismo agresor fue llamado a presentase en los juzgados de Tenancingo para seguir con  la imputación por el delito de lesiones a la menor a quien le rompió la nariz, cita en la que la jueza María de Lourdes Caballero Ocaña suspendió la audiencia, ya que indicó que “se debían agotar todos los mecanismos alternos de solución y controversias”. Una nueva cita tuvo lugar el 24 de octubre.

Gisela y Mariana fueron vulneradas en sus derechos humanos, los cuales se garantizan en el Capítulo I relativo a la violencia en el ámbito familiar. Se trata de artículo V de la Ley General de Acceso a una vida libre de violencia, la cual textualmente menciona que hay que “evitar procedimientos de mediación o conciliación, por ser inviables en una relación de sometimiento entre el agresor y la víctima”.

Ante una ley de escaso alcance y las omisiones de las autoridades, un agresor, uno de tantos, se encuentra libre, poniendo en riesgo no sólo a quienes ya son víctimas, sino que le da el tiempo necesario para que se resguarde o en su caso huya y entonces quede impune.
Gisela y sus hijos se encuentran huyendo, mientras el agresor está libre.

¡Exigimos al Poder Judicial y a los órganos alternos hagan lo conducente para un buen empleo de las leyes y la sanción y capacitación de las juezas mencionadas! ¡Exigimos la detención inmediata del imputado Roberto “N”, de Tenancingo de Degollado, Estado de México, quien hoy en día y en alianza con las juezas, goza de libertad!

En protesta por las violencias y desigualdades económicas, agradecemos su atención e invitamos a acercarse si tienen algo que denunciar.

Atentamente

Colectivas, Activistas, Familiares de víctimas, Artistas, Mujeres autónomas y Sociedad Civil.