Miguel Alvarado

Toluca, México; 3 de noviembre de 2021.

En México, enfrentarse al Estado es echarse encima un aparato de corrupción aceitado de tal manera que siempre favorecerá a quienes tienen más dinero, más poder, mayores influencias, mejores relaciones. No importa el asunto del que se trate ni tampoco de qué tan obvio resulte el caso, ni que sea de índole mercantil, judicial o civil. No pesa que una o varias muertes, asesinatos, ejecuciones, feminicidios o pérdidas enteras de patrimonios estén involucradas. La mayor parte de estos casos formará parte de una memoria oculta y negada, que representa sin embargo la verdadera solución a los mismos, y que se ha ocultado por miedo, hartazgo, amenazas o, muy frecuentemente, por falta de recursos económicos.

La justicia en México es para quien puede pagar por ella. Para los demás, se trata de una figura retórica o una fuerza muy real que desintegra y aplasta la vida de quien tiene la mala fortuna de encontrarse en una situación que involucre a alguna autoridad, del nivel que sea.

La muerte del actor Octavio Ocaña en la carretera Chamapa-Lechería es una de estas representaciones casi circense en las que de continuo se ven envueltos policías municipales y estatales mexiquenses, la Fiscalía de Justicia y el aparato de juzgadores, que en conjunto y con la participación de otros elementos o factores, dan forma a un cártel al servicio de un poder, y que se ofrece al mejor postor.

Al joven Ocaña lo mató una bala en su cabeza. Pero también lo mató la acción de una policía corrupta, de un gobierno corrupto que todos los días ejecuta algún tipo de abuso, de extorsión, de asesinato. Esto, por lo mismo, sólo ha contribuido a que la sociedad enferme, primero de miedo y después de algo que bien puede calificarse como de la búsqueda de revancha. Esto se suma a la miseria, a la ignorancia, al desempleo y a otras situaciones que todos los días masacran a la mayoría y que se disfrazan de términos, expresiones populares, dogmas provenientes de un Estado ultraconservador y asesino que implica también al gobierno federal actual, que aporta su discurso de falsa izquierda y de su interés por que creamos que en México todos los índices de corrupción han bajado.

Al joven Ocaña primero lo bajaron de su auto, cuando ya había chocado, pero al verlo tan malherido los policías lo volvieron a subir. Ahí comenzó a morirse mientras un policía le retiraba de la mano derecha una pistola que contaba con permiso de la Sedena.

La escena que hace pensar por enésima vez que la policía es el cártel más violento del país es esta: la camioneta Cherokee del joven ya está estrellada contra el muro de contención. Arriba de ella, Ocaña se encuentra bañado en sangre y mueve la mano en un intento de pedir ayuda. Por la puerta del copiloto, un policía revuelve el interior de la camioneta. Afuera, apenas a unos metros del vehículo, uno de los amigos del actor ha sido sometido y yace contra el suelo, bocabajo, con una pierna flexionada mientras un policía está encima de él. Otro agente, alto, delgado y armado, voltea hacia quien está tomando un video. También una mujer policía, muy fornida aunque pequeña, camina hacia quien tiene el celular. Ella, la mujer policía, lleva en sus manos una libreta o una cartera. De sus manos también cuelga lo que parece ser una cadena o una esclava, que después los familiares del actor identificaron como suya, y por eso acusaron a esa mujer de robo. La camioneta tiene destrozadas las salpicaderas del lado izquierdo, aunque el choque impactó del lado derecho. Una patrulla Pick Up de Cuautitlán Izcalli tiene, a su vez, su salpicadera derecha destrozada. El golpe encaja con el de la camioneta del actor.

Si Ocaña no hubiera sido una figura pública entonces el caso se habría silenciado de inmediato. Los medios se habrían quedado con la versión que la policía y la Fiscalía distribuyen en sus boletines. Si Ocaña no hubiera sido un actor popular, entonces habría sido hasta señalado de atacar a la policía. Aún así, el caso de Ocaña está cerrado judicialmente porque la Fiscalía ya dijo que el actor se disparó solo, impulsado por el golpe del choque. Actor y todo, el joven Ocaña no ha podido impedir que se le criminalice de todas las maneras posibles: desde que ingería bebidas alcohólicas, que fumaba canábicos, que llevaba dos días enfiestado hasta que se había saltado un retén y que se preparaba para rafaguearse con los polis, sino, ¿para qué sacar la pistola?

Pero Ocaña, su muerte y el terrible proceso de investigación, representa la realidad para los mexiquenses que se encuentran sujetos a casos similares y también a procesos jurídicos. La justicia en el Estado de México no existe porque quienes se encargan de aplicarla son corruptos, y ésa representa su gran habilidad, que los impulsa incluso a aspirar a cargos más altos, de responsabilidades mayores todavía. De ese esquema político-judicial provienen gobernadores, alcaldes, diputados, magistrados, en fin, funcionarios públicos como el fiscal, el secretario de Seguridad.

Que los policías dispararon lo demuestran los casquillos percutidos hallados en el lugar de los hechos, en la carretera Chamapa-Lechería. Fueron al menos dos tiros de un arma calibre 9 milímetros, de la marca Águila, que resulta distinta de la que portaba el actor, pues éste llevaba una .380. De acuerdo a un reporte, la Secretaría de la Defensa Nacional ha autorizado a la policía municipal de Cuautitlán Izcalli armas de la marca Taurus, Braulin, Prieto Beretta y Glock. Quiere decir que el arma de la marca Águila era o es de alguien que estuvo presente en el lugar de los hechos. Los propios policías han declarado que, efectivamente, dispararon a la camioneta del joven. Un video también muestra a cuatro personas vestidas de civil que se encargan de “barrer” el lugar en el que le dispararon al actor.

El crimen de Ocaña no debe quedar impune, pero este deseo es apenas un lugar común por el que siempre transitan las autoridades del Estado de México y del país. Nosotros estamos atrapados ahí.