Ciudad de México; 10 de septiembre de 2026

Sady Colín

Segunda de tres partes/ Foto de portada: Miguel Alvarado

La desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014 ocurrió en un territorio marcado por décadas de guerrilla, contrainsurgencia, militarización, narcotráfico y crimen organizado. Para comprender este contexto es necesario remontarse a las doctrinas de contrainsurgencia de la Guerra Fría, que colocaron en el centro la inteligencia, la infiltración, la identificación del “enemigo interno” y el control de la población y del territorio.

En México, estas estrategias adquirieron características propias y Guerrero fue uno de sus principales escenarios. La persecución de las guerrillas de Genaro Vázquez y Lucio Cabañas extendió la vigilancia hacia campesinos, maestros, estudiantes y organizaciones consideradas parte de su posible base social. Posteriormente, la guerra contra las drogas incorporó un nuevo enemigo, el narcotraficante, pero mantuvo algunos instrumentos ya utilizados por la contrainsurgencia: militarización, inteligencia, vigilancia y control territorial.

Ayotzinapa se encuentra en medio de estas historias superpuestas. Este trabajo busca analizar cómo es que determinadas prácticas de contrainsurgencia, vigilancia, infiltración y control territorial se transformaron en un escenario atravesado por la guerra contra las drogas, el crimen organizado y la penetración de instituciones estatales, hasta llegar al contexto en el que ocurrió la desaparición de los 43 normalistas.

De la guerra contrainsurgente al “enemigo interno”: circulación internacional de una doctrina

El análisis de la contrainsurgencia permite comprender cómo las doctrinas de seguridad nacional y guerra contrainsurgente ampliaron las funciones internas de las fuerzas armadas y desarrollaron estructuras de inteligencia y control que posteriormente pudieron emplearse frente a otras amenazas definidas por los Estados, entre ellas el narcotráfico (Robin, 2005; Paley, 2014).

La periodista e investigadora Marie-Monique Robin analiza la guerra contrainsurgente como una estrategia que combina operaciones militares y policiales con inteligencia, infiltración, control territorial y poblacional. Cuando estas estrategias recurrieron a mecanismos clandestinos como tortura, desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales, adquirieron características posteriormente asociadas con la denominada “guerra sucia”, produciendo miedo y desmovilización social (Robin, 2005). Desde otra perspectiva y para un periodo histórico diferente, Dawn Marie Paley identifica ciertas continuidades o “mutaciones” relacionadas con la militarización y el control territorial en escenarios contemporáneos atravesados por la guerra contra las drogas (Paley, 2014, 2021).

En el caso de la guerra contra las drogas, el despliegue de las fuerzas armadas suele justificarse como una estrategia para recuperar el control territorial, contener a las organizaciones criminales y restablecer la seguridad. Sin embargo, desde la perspectiva crítica de Paley (2014), la militarización puede coexistir con violencia, desplazamiento y violaciones a los derechos humanos, además de modificar las relaciones de poder sobre determinados territorios.

Parte de los antecedentes doctrinales de estas formas de contrainsurgencia puede encontrarse en La guerra moderna del coronel francés Roger Trinquier (1961/2006), quien planteó que la guerra revolucionaria exigía algo más que derrotar militarmente a los guerrilleros: requería obtener información, identificar la organización clandestina que los sostenía y disputar el control de la población. A esta dimensión doctrinal se suma la experiencia operativa del general Paul Aussaresses, quien reconoció posteriormente su participación en métodos clandestinos de inteligencia, tortura y ejecuciones durante la guerra de Argelia (Aussaresses, 2001). La circulación posterior de esta experiencia hacia Estados Unidos y América Latina ha sido documentada ampliamente por Robin (2005).

Cuadro propio basado en La guerra moderna, de Roger Trinquier (1961/2006), las memorias de Paul Aussaresses (2001) y el análisis de Marie-Monique Robin (2005).

Estos métodos e ideas encontraron una recepción particularmente importante en Argentina desde finales de la década de 1950. La presencia de asesores militares franceses y la incorporación de conceptos procedentes de la guerra revolucionaria contribuyeron a la formación de una doctrina contrainsurgente que posteriormente se combinó con otras influencias nacionales e internacionales (Robin, 2005; Ranalletti, 2009). Durante la última dictadura militar argentina (1976-1983), la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), más que constituir el origen de estas doctrinas, funcionó como uno de los principales centros clandestinos de detención, tortura y desaparición.

Paralelamente, Estados Unidos desarrolló y difundió sus propias doctrinas de contrainsurgencia durante la Guerra Fría, incorporándolas al entrenamiento militar, las operaciones de inteligencia y los programas de asistencia destinados a otros países. Este proceso adquirió particular importancia durante la presidencia de John F. Kennedy (1961-1963), cuya administración impulsó la estrategia de “respuesta flexible” frente a conflictos revolucionarios y guerras de liberación nacional que no correspondían al modelo convencional de enfrentamiento entre Estados (McClintock, 1992).

Kennedy otorgó un fuerte respaldo político a las Fuerzas Especiales del Ejército estadounidense, conocidas como Boinas Verdes. Aunque estas unidades existían antes de esa presidencia, su administración favoreció su expansión y las convirtió en un instrumento destacado de la estrategia estadounidense de guerra no convencional y contrainsurgencia. Su preparación incluía guerra irregular, operaciones psicológicas, formación de fuerzas extranjeras y operaciones mediante pequeñas unidades (McClintock, 1992). Paralelamente, hubo presencia del Estado de Israel en Estados Unidos y América Latina, fungiendo como asesores militares recurrentes.

Esta orientación recibió influencias diversas. Entre ellas se encontraban las experiencias francesas de Indochina y Argelia, estudiadas por militares estadounidenses y transmitidas mediante contactos con oficiales franceses. Conceptos como control de la población, obtención sistemática de inteligencia, guerra psicológica y destrucción de las redes clandestinas de la insurgencia circularon así entre distintas tradiciones contrainsurgentes, aunque fueron adaptados a los intereses y estructuras estadounidenses (Robin, 2005; Trinquier, 1961/2006).

La política de Kennedy tampoco se limitó a la dimensión estrictamente militar. En América Latina, la contrainsurgencia coexistió con la Alianza para el Progreso, basada en la idea de que la pobreza, la desigualdad y la debilidad institucional podían favorecer el crecimiento de movimientos revolucionarios. Se desarrolló así una estrategia dual: impulsar reformas económicas y sociales y, simultáneamente, fortalecer las capacidades militares, policiales y de inteligencia de los gobiernos latinoamericanos (McClintock, 1992).

En este contexto adquirió especial relevancia la Escuela de las Américas, ubicada durante buena parte de la Guerra Fría en la Zona del Canal de Panamá. A través de esta institución y de otros mecanismos de cooperación, Estados Unidos proporcionó entrenamiento a militares latinoamericanos en áreas como las de comando y Estado Mayor, inteligencia, operaciones militares, guerra irregular y contrainsurgencia (Gill, 2004). A ello se sumaron asesores, equipos móviles de entrenamiento y cursos realizados en instalaciones militares estadounidenses.

Brasil, por su parte, desarrolló estructuras especializadas de entrenamiento militar adaptadas a las características de la Amazonia. El centro de la guerra en la selva de Manaos se convirtió en un espacio para la preparación de tropas en supervivencia, operaciones especiales y combate en selva. Robin (2005) identifica además a Brasil como uno de los puntos importantes de circulación de la experiencia francesa de contrainsurgencia, particularmente por la presencia de Paul Aussaresses en el país durante la década de 1970.

De esta forma, durante la Guerra Fría se configuró una red transnacional de circulación doctrinal en la que convergieron la experiencia francesa de guerra revolucionaria, la doctrina estadounidense de contrainsurgencia y las adaptaciones desarrolladas por los propios ejércitos latinoamericanos (Robin, 2005; McClintock, 1992). No se trató, por tanto, de la simple exportación de una doctrina única, sino de un proceso de intercambio y adaptación que fortaleció la inteligencia, las unidades especializadas y la lucha contra el denominado “enemigo interno”.

Este proceso de cooperación entre fuerzas armadas y servicios de inteligencia alcanzó una de sus expresiones más importantes con el Plan Cóndor, formalizado en 1975. El Cóndor articuló los aparatos de inteligencia y represión de varias dictaduras sudamericanas para intercambiar información, localizar opositores y desarrollar operaciones represivas transnacionales (McSherry, 2005; Dinges, 2004). Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia y posteriormente Brasil constituyeron sus principales integrantes, mientras que la documentación histórica muestra distintos niveles de conocimiento, apoyo y relación de organismos estadounidenses con estas estructuras (McSherry, 2005).

Cuadro 2. De la contrainsurgencia al Plan Cóndor: redes de cooperación militar y de inteligencia en América Latina.

El caso mexicano presenta características particulares. México no formó parte del Plan Cóndor sudamericano, establecido en 1975, pero no estuvo exento de desarrollar sus propias estrategias militares, policiales y de inteligencia para combatir a las organizaciones guerrilleras y, posteriormente, al narcotráfico. En este contexto, integrantes de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) recibieron capacitación y mantuvieron intercambios con organismos de seguridad de países como Argentina, Chile, Brasil, Francia y Estados Unidos; algunos funcionarios fueron enviados al extranjero con la excusa de realizar coberturas diplomáticas, y muchos de ellos fueron como agregados culturales.

México también participó en las redes estadounidenses de formación militar. Oficiales mexicanos asistieron a la Escuela de las Américas (SOA), ubicada durante buena parte de la Guerra Fría en la Zona del Canal de Panamá, donde los programas impartidos a militares latinoamericanos incluyeron estudios de inteligencia, guerra irregular, operaciones militares y formación de Estado Mayor (Gill, 2004). Esta participación permite situar a México dentro de las redes regionales de entrenamiento militar impulsadas por Estados Unidos, aunque su trayectoria política fuera diferente a la de las dictaduras sudamericanas.

A estos intercambios se sumaron los vínculos entre altos funcionarios mexicanos y la CIA. La estación de la agencia en México, dirigida durante varios años por Winston Scott, organizó a partir de 1960 una red de inteligencia denominada LITEMPO, integrada por altos funcionarios mexicanos. Gustavo Díaz Ordaz fue identificado como LITEMPO-2; Fernando Gutiérrez Barrios, integrante de la DFS, como LITEMPO-4; y Luis Echeverría Álvarez como LITEMPO-8. Las investigaciones de Jefferson Morley también identifican a Adolfo López Mateos, antes de asumir la presidencia, con el criptónimo LITENSOR (Morley, 2008; Collado Herrera, 2017). Estos vínculos muestran la estrecha cooperación e intercambio de información existente entre determinados integrantes del aparato político y de seguridad mexicano y la inteligencia estadounidense durante la Guerra Fría.

Por tanto, aunque México siguió una trayectoria diferente a la del Plan Cóndor sudamericano, no permaneció al margen de las redes transnacionales de inteligencia, formación militar y contrainsurgencia de la Guerra Fría. Esta particularidad adquiere todavía mayor relevancia porque, durante la década de 1970, México desarrolló una operación denominada también Cóndor, que no debe confundirse con el Plan Cóndor sudamericano.

La Operación Cóndor mexicana, desplegada a partir de 1975-1976, estuvo dirigida principalmente contra los cultivos de marihuana y amapola en el noroeste del país. Su desarrollo implicó una participación importante de las Fuerzas Armadas y de las instituciones federales de seguridad y representó una nueva etapa de la estrategia mexicana contra las drogas (Craig, 1980). El Archivo General de la Nación señala que la operación recurrió al uso masivo de herbicidas para destruir plantíos y que constituyó uno de los antecedentes de la colaboración permanente entre instituciones civiles y militares en la política antidrogas mexicana.

Esta coincidencia histórica resulta significativa para el argumento de este trabajo. Mientras el Estado mexicano mantenía estructuras de inteligencia y seguridad destinadas a combatir organizaciones guerrilleras, comenzaba también a ampliar la participación militar frente al narcotráfico. Contrainsurgencia y política antidrogas no eran lo mismo, pero desde entonces comenzaron a coexistir dentro de un mismo aparato de seguridad y en algunos territorios compartieron instrumentos como inteligencia, vigilancia, operaciones militares y control territorial.

Ayotzinapa: guerrillas y contrainsurgencia

Entrar en estos días a la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa es llegar a un lugar donde el pasado se resiste a morir. Está en las paredes, en los nombres, en las mantas, en los rostros de hombres muertos hace décadas. Karl Marx, Friedrich Engels, Lenin, Stalin, Lucio Cabañas y el subcomandante Marcos observan desde distintos rincones de una escuela levantada para formar maestros rurales en uno de los estados más pobres y violentos de México.

A ratos suena Víctor Jara. También Inti-Illimani o Illapu. Son canciones que suelen poner visitantes, antiguos estudiantes o quienes llegan buscando en Ayotzinapa los restos de una izquierda que imaginan detenida en los años setenta. Pero los estudiantes que viven en la escuela son todo menos solemnes, muchos prefieren la música de banda e incluso las cumbias. Escuchan música regional y revisan sus teléfonos, bromean, comen, duermen y estudian bajo los mismos retratos revolucionarios que han visto generaciones enteras.

Ayotzinapa tiene algo de escuela y algo de archivo vivo. Sus paredes conservan la memoria popular: la del campesino organizado, el maestro rebelde, el estudiante que protesta y, finalmente, el guerrillero que decide tomar un arma. Antes de convertirse en dirigentes sociales y de internarse a la sierra de Guerrero a hacerse jefes guerrilleros, Lucio Cabañas y Genaro Vázquez se formaron en sus aulas como maestros. Su historia terminaría ligada a secuestros, enfrentamientos armados, persecuciones militares y a una de las campañas contrainsurgentes más duras del México del siglo XX.

Pero la historia de la persecución y vigilancia de los normalistas había comenzado antes. En los años sesenta, la Dirección Federal de Seguridad (DFS) ya registraba sus nombres y actividades. Sus informes daban seguimiento a reuniones, huelgas, dirigentes, desplazamientos y relaciones con organizaciones campesinas. Las normales rurales y la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM) aparecieron así dentro de los archivos de los organismos de seguridad del Estado. Esta vigilancia debe entenderse dentro de un contexto más amplio en el que los servicios de inteligencia mexicanos comenzaron a considerar determinados movimientos estudiantiles y sociales como posibles problemas de seguridad (Aguayo Quezada, 2001).

El 23 de septiembre de 1965, un pequeño grupo encabezado por el maestro Arturo Gámiz García atacó el Cuartel de Madera, Chihuahua. Entre los insurgentes había maestros, estudiantes y campesinos, varios de los cuales murieron durante el enfrentamiento. Los propios documentos de la DFS reconocieron que el grupo tenía “amplia simpatía” entre habitantes de la región. El episodio de Madera adquirió posteriormente un lugar importante en la historia de los movimientos armados mexicanos y en la manera en que el Estado comenzó a interpretar la relación entre protesta social, normalismo rural y guerrilla (Castellanos, 2007).

La lógica contrainsurgente no se limitaba a localizar a quien portaba un arma. Como planteaba Roger Trinquier (1961/2006), combatir una insurgencia implicaba también identificar la organización clandestina que permitía al combatiente obtener información, refugio, abastecimiento y apoyo dentro de la población. Bajo esta lógica, la atención podía extenderse desde el guerrillero hacia sus simpatizantes, colaboradores y posibles redes de apoyo.

Después del ataque a Madera, estudiantes de las normales rurales de Salaices y Saucillo se movilizaron para exigir los cuerpos de los guerrilleros muertos y denunciar la represión. La DFS siguió sus actividades, registró reuniones de maestros y alumnos y documentó a estudiantes que colocaban manifiestos en apoyo a los fallecidos. De esta manera, la frontera entre guerrillero, simpatizante y estudiante movilizado podía comenzar a desdibujarse bajo la mirada de los organismos de seguridad.

Incluso reivindicaciones claramente educativas (mayores recursos para alimentación, medicamentos, dormitorios, libros, laboratorios y materiales escolares) llegaron a ser observadas con recelo. Algunos funcionarios llegaron a caracterizar a las normales rurales como “focos de agitación” y se discutió incluso la posibilidad de cerrarlas. La DFS también mantuvo bajo vigilancia a Jesús Contreras Pacheco, dirigente de la FECSM, y consideró su detención como una forma de impedir el crecimiento del movimiento normalista.

Este episodio permite observar una transformación central para el análisis de la contrainsurgencia: la sospecha podía desplazarse del individuo armado hacia su supuesto entorno social. El estudiante que protestaba, el maestro organizado o el campesino simpatizante podían comenzar a ser observados no por haber participado directamente en una acción guerrillera, sino por la posibilidad de formar parte de las redes sociales y políticas que el aparato de seguridad consideraba cercanas a la insurgencia. Esta ampliación de la categoría del enemigo constituye uno de los elementos centrales de la lógica contrainsurgente (Trinquier, 1961/2006; Robin, 2005).

Cuando las guerrillas de Genaro Vázquez y Lucio Cabañas se expandieron, el Estado respondió con tropas, inteligencia y operaciones contrainsurgentes, no sólo buscaban a los guerrilleros, la población era clave. La sospecha podía alcanzar al campesino que proporcionaba comida, al familiar, al maestro, al estudiante, al dirigente social o a la comunidad y organizaciones pacíficas consideradas afines a la guerrilla. Era la lógica del “enemigo interno” y los estudiantes y profesores normalistas llegaron a ser estigmatizados como integrantes de “nidos de guerrilleros”. Precisamente, una característica de la lógica contrainsurgente fue ampliar la sospecha desde el combatiente hacia su supuesto entorno social.

Esta lógica se convirtió en persecución clandestina, detenciones arbitrarias, tortura, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales, comenzó uno de los capítulos más oscuros de la llamada: la Guerra Sucia mexicana, en el que la vigilancia a menudo se confundía con la paranoia y por ello, un estudiante resultaba más peligroso que un delincuente.

La Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa se encuentra desde ese entonces en un espacio marcado por una larga historia de movilización campesina, guerrilla, contrainsurgencia, militarización y, posteriormente, narcotráfico y crimen organizado. Esta trayectoria resulta fundamental para comprender tanto la identidad política de la Normal como la manera en que el Estado ha observado históricamente a los movimientos sociales de Guerrero.

A la par, durante la década de 1970 comenzó a adquirir mayor importancia otro paradigma de seguridad: la guerra contra las drogas. En este contexto, la figura del narcotraficante sustituyó parcialmente a la del guerrillero como uno de los principales enemigos definidos por el Estado, aunque durante determinados periodos ambos coexistieron. En México, esta transformación adquirió especial relevancia con la creciente participación de las Fuerzas Armadas en las campañas de erradicación de cultivos ilícitos y, posteriormente, con la Operación Cóndor, desplegada a mediados de la década de 1970 en el noroeste del país (Craig, 1980; Astorga, 2005).

Contrainsurgencia y política antidrogas no son equivalentes: la primera busca neutralizar una insurgencia que disputa políticamente al Estado, mientras que la segunda pretende combatir la producción y circulación de mercancías ilícitas, pero es innegable que comparten los mismos: militarización, inteligencia, vigilancia de caminos y comunidades, operaciones especiales y control territorial, pues al guerrillero y al narcotraficante se les ve como sujetos fuera de la ley, muchas veces sin sujeción a los Derechos Humanos, y esta visión puede extenderse peligrosamente a la población que los rodea.

Esta continuidad resulta particularmente visible en Guerrero. El mismo espacio que había sido recorrido por tropas en busca de las guerrillas de Cabañas y Vázquez se convirtió también en territorio de operaciones para localizar y destruir cultivos de amapola. Posteriormente, con la aparición del Ejército Popular Revolucionario (EPR) en 1996 y del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) en 1998, la presencia de organizaciones insurgentes volvió a coexistir con las campañas de erradicación de cultivos ilícitos y combate al narcotráfico. En consecuencia, una operación militar podía justificarse formalmente como antidrogas y desarrollarse en territorios que simultáneamente eran considerados espacios de actividad guerrillera.

Una guerrilla requiere corredores de movilidad, información, abastecimiento, refugios y relaciones con comunidades que le permitan operar y mantener su organización clandestina. Desde la perspectiva clásica de la contrainsurgencia, precisamente por esta dependencia de redes sociales y territoriales, combatir a la guerrilla suponía no sólo enfrentar a sus integrantes armados, sino también identificar y desarticular la estructura que les proporcionaba información, recursos y protección (Trinquier, 1961/2006; Robin, 2005).

Una organización dedicada al narcotráfico necesita igualmente controlar determinados espacios: zonas de cultivo o producción, caminos, rutas de transporte, información y mecanismos de protección. Cuando una organización criminal adquiere suficiente capacidad territorial, puede además establecer redes de vigilancia, informantes y coerción sobre autoridades y poblaciones locales para proteger sus actividades y mercados ilícitos (Astorga, 2005; Duncan, 2006).

En este sentido, guerrilla y narcotráfico no son fenómenos equivalentes, pero pueden presentar semejanzas funcionales en su relación con el territorio. Ambas organizaciones pueden desarrollar estructuras clandestinas, redes de información y mecanismos de vigilancia y protección, aunque sus objetivos sean radicalmente diferentes: el guerrillero pretende disputar o transformar el orden político; el narcotraficante busca controlar y proteger un mercado ilícito. La continuidad, por tanto, se encuentra menos en la identidad de los actores que en ciertas formas de organizar, vigilar y disputar el territorio.

Cuando las organizaciones criminales dejan de limitarse al transporte y comercialización de drogas y comienzan a controlar poblaciones y territorios, la situación se vuelve todavía más compleja. Pueden establecer retenes informales, redes de informantes, sistemas de cobro, mecanismos de reclutamiento, vigilancia de carreteras y castigos contra quienes colaboran con organizaciones rivales. El narcotráfico adquiere entonces características que exceden la actividad comercial clandestina y se convierte también en una forma de gobernanza criminal del territorio.

A esta transformación se agrega la figura del paramilitar. En sentido estricto, el paramilitar es un actor armado irregular que desarrolla funciones militares, contrainsurgentes, represivas o de control territorial y mantiene algún grado de relación, tolerancia o articulación con agentes estatales. El narcotraficante, en cambio, pertenece primordialmente a una economía ilegal. Sin embargo, históricamente pueden producirse zonas de convergencia: organizaciones paramilitares financiadas mediante el narcotráfico, organizaciones criminales que desarrollan funciones de control político y territorial, policías que colaboran con grupos criminales y grupos armados empleados para intimidar o eliminar adversarios (Romero, 2003; Duncan, 2006). El caso colombiano constituye uno de los ejemplos más claros de esta convergencia entre paramilitarismo, narcotráfico, violencia y control territorial (Duncan, 2006).

Esta superposición permite comprender una transformación importante. En la contrainsurgencia clásica, el Estado buscaba penetrar las redes sociales de la guerrilla para obtener información, identificar colaboradores y separar al insurgente de su posible base social (Trinquier, 1961/2006; Robin, 2005). En escenarios posteriores, una organización criminal puede desarrollar mecanismos funcionalmente semejantes de conocimiento y control de la población: identificar quién pertenece a un grupo rival, quién proporciona información a las autoridades, quién puede atravesar determinado territorio o quién debe ser expulsado. Esto no convierte automáticamente al narcotraficante en paramilitar, pero muestra que determinadas organizaciones criminales pueden adquirir capacidades de vigilancia, coerción y gobernanza territorial que desbordan el simple tráfico de drogas (Duncan, 2006).

De toda esta problemática se encuentra rodeada Ayotzinapa. La Normal Rural Raúl Isidro Burgos se encuentra en Tixtla, dentro de una región conectada con Chilpancingo, Chilapa, La Montaña y otros corredores del centro y norte de Guerrero. No se trata solamente de una geografía física. Es un espacio donde históricamente han coexistido comunidades campesinas e indígenas, movimientos sociales, organizaciones armadas, fuerzas militares y policiales, producción de amapola y organizaciones criminales interesadas en controlar rutas y gobiernos locales.

En consecuencia, el control territorial adquiere varias dimensiones. Para el Estado puede representar la garantía de presencia institucional y combatir guerrillas o narcotráfico. Para una guerrilla significa conservar movilidad y vínculos con sus bases sociales. Para una organización criminal significa asegurar mercados, rutas y protección. Para las comunidades campesinas e indígenas, en cambio, el territorio es tierra, recursos, autonomía y reproducción de la vida comunitaria.

Desde esta perspectiva, el caso Ayotzinapa adquiere una dimensión particularmente significativa. La desaparición de los estudiantes ocurrió en un espacio donde organizaciones criminales y agentes pertenecientes a distintas instituciones estatales mantenían relaciones que desdibujaban la separación entre criminalidad y autoridad. La Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (COVAJ) concluyó que los hechos constituyeron un “crimen de Estado”, en el que participaron integrantes de Guerreros Unidos y “agentes de diversas instituciones del Estado mexicano” (COVAJ, 2022). Esta conclusión obliga a analizar no sólo quién ejerció directamente la violencia, sino también quién proporcionó información, quién vigiló los desplazamientos, quién tenía capacidad para intervenir y qué autoridades conocieron lo que estaba ocurriendo. Por eso es importante señalar el papel de la infiltración dentro de la visión contrainsurgente que arroja dos preguntas:

• ¿Quién o quiénes colocaron a los estudiantes de nuevo ingreso fuera de la protección de la ley y los convirtieron en objetivos de persecución?
• ¿Quiénes contribuyeron a que jóvenes con derechos fueran tratados como sujetos peligrosos y quedaran expuestos a ataques, violencia extrema y desaparición forzada?

Esta dimensión recuerda un principio central de la contrainsurgencia: la información sobre los movimientos de personas y organizaciones constituye una forma de poder, ya que se puede incidir directamente en las acciones organizativas, esto también lo encontramos en el manual de La Guerra Moderna.

Durante la Guerra Sucia, los organismos de inteligencia elaboraban expedientes sobre estudiantes, maestros, campesinos y dirigentes sociales para reconstruir sus redes de relaciones. Décadas después, en un escenario dominado por el crimen organizado y la guerra contra las drogas, diferentes actores estatales y criminales disponían también de mecanismos de vigilancia territorial y conocimiento de los movimientos de personas. La existencia de esta semejanza funcional no quiere decir que Ayotzinapa pueda explicarse simplemente como una operación contrainsurgente clásica; significa que determinadas tecnologías de vigilancia, inteligencia y control territorial pueden sobrevivir y adquirir nuevas funciones en contextos históricos diferentes.

Ayotzinapa se encuentra así en medio de varias historias que se superponen: normalismo rural y movilización campesina; guerrilla y contrainsurgencia; construcción del enemigo interno y Guerra Sucia; paramilitarismo y estructuras clandestinas de represión; amapola y guerra contra las drogas; organizaciones criminales y penetración institucional. Cada uno de estos procesos tiene actores, temporalidades y objetivos diferentes, pero todos colocan en el centro una cuestión común: el control de la población y del territorio.

Por ello, los retratos de Lucio Cabañas que todavía pueden observarse en la Normal adquieren un significado que rebasa la memoria de la guerrilla de los años setenta. Remiten a un territorio donde durante más de medio siglo diferentes actores —guerrillas, Fuerzas Armadas, policías, organismos de inteligencia, organizaciones criminales y movimientos sociales— han disputado distintas formas de poder. No todos pueden colocarse en el mismo plano ni persiguen los mismos objetivos, pero todos forman parte de una historia regional atravesada por la pregunta sobre quién puede organizarse, quién puede circular, quién puede vigilar, quién puede ejercer legítima o clandestinamente la violencia y, finalmente, quién controla Guerrero.

Vista desde esta perspectiva, la desaparición de los 43 no aparece aislada de la historia política y de seguridad de Guerrero. Se inserta en un territorio donde se han acumulado sucesivamente la contrainsurgencia, la Guerra Sucia, la militarización, la guerra contra las drogas y la expansión de organizaciones criminales con capacidad de penetración institucional. No se trata de afirmar que exista una continuidad lineal entre la escuela francesa de contrainsurgencia y los acontecimientos de Iguala de 2014, sino de investigar cómo ciertos mecanismos contrainsurgentes han reaparecido bajo actores, discursos y objetivos diferentes.

Fuentes

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