Miguel Alvarado

Toluca, México; 21 de enero de 2020 En septiembre se cumplirán seis años del crimen de lesa humanidad cometido en Iguala contra Julio César Mondragón Fontes, el estudiante mexiquense de Ayotzinapa, a quien desollaron en vida cuando había cruzado, junto con sus compañeros, por el centro de aquella ciudad perseguidos por policías y sicarios que les disparaban cuando los tres camiones en los que viajaban circulaban por la calle de Juan N. Álvarez. Al llegar la esquina de Periférico Norte, y mientras trataban de reorganizarse y tomar aliento, los estudiantes fueron atacados de nueva cuenta. Esta vez, luego de ayudar a algunos de sus compañeros a escapar de las balas, Julio César corrió calle abajo, tratando de encontrar refugio. Dobló por algunas calles y tuvo la mala suerte de encontrarse casi de frente con una camioneta de Protección Civil. La verdad de la verdad es que el joven pensó que estaba a salvo, así que se acercó pero quien la tripulaba era el Chino, quien se llamaba David Cruz Hernández y era bombero de PC. David Cruz Hernández también era el jefe de halcones de los GU y estaba de guardia y en alerta porque Iguala era un campo de batalla, aunque solamente un ejército estaba armado.

Julio César Mondragón fue levantado, torturado y ejecutado cuando al final sus captores lo desollaron, todavía estando él con vida. Su cuerpo apareció tirado en un lugar llamado Camino del Andariego, en la zona industrial de Iguala, a unos 200 metros del C4 de aquella ciudad, y que para el 26 y 27 de septiembre de 2014 estaba tomado por el ejército, que se había hecho cargo de todas las comunicaciones de la ciudad.

A Julio César Mondragón lo sometieron entre 11, según un estudio de la antigua PGR, y sólo entre 11 pudieron derribarlo para hacerle lo que le hicieron.

Era originario del pueblo de Tecomatlán, en Tenancingo, en el Estado de México, a una hora y media, aproximadamente, de Toluca, y es ahí donde todavía vive su familia. Hasta el momento, el nuevo gobierno federal no les ha dado una respuesta sobre el caso de su familiar asesinado y están igual que estuvieron con la administración de Peña Nieto.

A la familia de Julio César Mondragón, así como a las familias del resto de los asesinados esa noche en Iguala, les queda claro que para el gobierno federal y para la Comisión de la Verdad para Ayotzinapa no son prioridad, y será hasta que el gobierno encuentre o tenga algún avance sobre los 43 desaparecidos que quizá voltee de nuevo a ellos.

Nada, ni un mensaje tienen.

La Comisión de la Verdad tiene entre 9 y 11 líneas de investigación que ha ido desarrollando, pero no ha volteado a ver a la escuela, a los alumnos que estuvieron ese 2014 en la normal, pues el tema de la infiltración es casi tabú, debido a que se usó en un principio como una herramienta de descrédito hacia los alumnos. Sin embargo, eso no quiere decir que la infiltración no hubiera existido. Eso lo han padecido todos los movimientos sociales y guerrilleros a lo largo de la historia en México y no tendría por qué ser distinto. Así cayeron los guerrilleros del ERPI en la comunidad de El Charco, así recuperó la Marina el auditorio de la UNAM en los tiempos del Mosh. Así localizaba el ejército los movimientos de Lucio Cabañas en la Montaña. Y así pudo pasar en Ayotzinapa.

Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración. Subsecretario de Derechos Humanos y Población de la Segob, ha dicho en público que habrá algunos resultados de los avances en las investigaciones. Tienen, por ejemplo, el análisis casi terminado de 144 fragmentos de huesos y r estos humanos que se enviaron a Innsbruck, Austria, y ha trascendido que algunos podrían pertenecer a los normalistas. También voltearon a ver el informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, una investigación que toca a los alumnos y la vida que estos hacían antes del 26 de septiembre. Esa investigación ayudó a Encinas y a su equipo a anunciar la identidad de Caminante, el hombre que desde su celular orquestó la logística desplegada en Iguala esa noche, pero además que envió información al gobierno de Guerrero, la misma que también se allegaban los sicarios de Guerreros Unidos, todo en tiempo real. Se trata de un general brigadier retirado del ejército, y que trabajaba hasta este fin de semana como director de Centros de Reinserción Social en el Estado en Baja California Norte. El nombre de este militar es Marcos Esteban Juárez Escalera. Otra de las cosas que ha realizado la Comisión de la Verdad es la revisión, punto por punto, de los posibles sitios en donde se encontrarían los chicos, que a decir de Encinas habrían sido divididos en cuatro grupos y llevados a distintos puntos dentro de Guerrero. Lo que hayan encontrado nadie lo sabe, pero lo darían a conocer el 8 de febrero, o por lo menos se lo darán a conocer al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, cuya presión sobre los buscadores de Ayotzinapa crece día con día. Encinas es uno de los funcionarios más capaces en el gabinete de AMLO aunque algunos rumores lo daban por muerto en el cargo que hoy sigue ostentando debido a diferencias con Olga Sánchez Cordero, titular de la Secretaría de Gobernación, quien planeaba una especie de reingeniería, un reacomodo a finales de 2019 en el que Encinas estaba involucrado. Nada de eso sucedió y el equipo de búsqueda de Encinas, del que forman parte algunos mexiquenses, ha seguido trabajando.

Los jóvenes de Ayotzinapa no salieron de Guerrero, eso es verdad, así como también es cierto que algunas respuestas están en el Estado de México.

Sea como sea, Julio César Mondragón Fontes y su familia están esperando.