Los acusados por el homicidio del estudiante son el ex alcalde de Iguala, el perredista José Luis Abarca Velázquez, a quien la autoridad califica como “inductor”; Felipe Flores Velázquez, Faviola Amateco Soberanis y Leodan Fuentes Pineda. Además, Abraham Julián Acevedo Popoca fue acusado de cometer homicidio simple intencional en contra de Julio César Ramírez Nava y Daniel Solís Gallardo, los otros dos normalistas de Ayotzinapa caídos ese 27 de septiembre en Iguala.
Ciudad de México; 23 de enero de 2025
Miguel Alvarado
A Julio César Mondragón Fontes, normalista de Ayotzinapa desollado en vida la madrugada del 27 de septiembre de 2014, no lo mataron militares ni los infiltrados en la normal. Tampoco fueron los narcos de los Guerreros Unidos. Esto fue lo que concluyó el agente del ministerio público Jaime Sánchez Martínez, que ha solicitado al juez primero de distrito de procesos penales federales de Tamaulipas, Flor Istlahuaca Carlos, la pena máxima de prisión, una multa y la reparación del daño, así como la inhabilitación para el desempeño de algún cargo público y la suspensión de derechos políticos y civiles.
De acuerdo con esa investigación, y con la que no está de acuerdo la familia del joven de Ayotzinapa, tampoco hubo ejecución, ni tortura y no se trató de un crimen de lesa humanidad, una clasificación que ha peleado su familia para que el castigo concuerde con la saña y violencia con los que fue asesinado. La ejecución del joven estudiante, originario de Tenancingo, un municipio cercano a la ciudad de Toluca, en el Estado de México, fue calificado de “homicidio calificado”, es decir, un asesinato alevoso, con ensañamiento, premeditado, a traición, con ventaja, saña y otros agravantes. Sin embargo, no se investigaron las líneas que pudieran involucrar a elementos del 27 Batallón de Infantería ni a alumnos infiltrados que habrían llevado a sus compañeros a Iguala para “ponerlos” con el cártel que dominaba aquella ciudad.
El documento que contiene el resultado de esa investigación, fechada el 13 de enero de 2025, emitido por la Fiscalía General de la República es la causa penal 4/2018/ y sus acumuladas 5/2018, 6/2018 y 7/2018.
Los acusados por tal hecho son el ex alcalde de Iguala, el perredista José Luis Abarca Velázquez, a quien la autoridad califica como “inductor”; Felipe Flores Velázquez, Faviola Amateco Soberanis y Leodan Fuentes Pineda. Además, Abraham Julián Acevedo Popoca fue acusado de cometer homicidio simple intencional en contra de Julio César Ramírez Nava y Daniel Solís Gallardo, los otros dos normalistas de Ayotzinapa caídos ese 27 de septiembre en Iguala.
La familia Mondragón Fontes ha insistido en que la investigación a cerca de Julio César debe incluir a militares, que fueron los primeros en encontrar el cuerpo del estudiante, en el paraje del Camino del Andariego, a unos 400 metros del C4 de Iguala, en ese momento controlado y operado por militares del referido batallón, que así monitoreaban en tiempo los ataques contra los alumnos en la ciudad, daban órdenes a sus soldados y cubrían las espaldas de los perpetradores, que en mesa jornada lograron actuar sin ninguna oposición. La familia también ha insistido en que se investigue la participación y grado de responsabilidad de alumnos infiltrados como estudiantes de Ayotzinapa, entre ellos el ahora diputado federal plurinominal federal Manuel Vázquez Arellano, uno de los líderes de la escuela, de David Flores Maldonado, secretario general de los alumnos y una veintena de jóvenes que lideraban el viaje a Iguala de los chicos de primer año, que fueron enviados para secuestrar camiones a una zona vedada para ellos, pues pesaba una amenaza de muerte por parte de los Guerreros Unidos desde mediados de 2013, cuando los normalistas tomaron el palacio municipal de José Luis Abarca, parte de los Guerreros Unidos. Esa amenaza sentenciaba a muerte a cualquier joven de Ayotzinapa que fuera identificado en esa ciudad. También se ha hecho caso omiso de los avisos que alguien o algunos infiltrados enviaron a los narcos acerca de los movimientos y ruta de los normalistas. De acuerdo con la fracasada Comisión de Acceso a la Verdad para Ayotzinapa, Julio César Mondragón Fontes había sido señalado específicamente por alguien como un objetivo prioritario para los Guerreros Unidos, de modo que llegó a Iguala identificado plenamente por los criminales.
El caso de Julio César fue atraído por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el 11 de enero de 2024 porque encontró violaciones a derechos humanos, así como la ausencia de una investigación clara, justa y transparente. La periodista Lydiette Carrión escribía ese día en el medio electrónico Pie de Página que el caso de Mondragón “es llevado por la Red Solidaria Década contra la Impunidad, organización que también ha litigado en tribunales internacionales los casos de la detención arbitraria de los hermanos Tzompaxtle Tecpile, y en tribunales nacionales da seguimiento a la ejecución extrajudicial de Arturo Hernández Cardona, por el entonces presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca”.
Luego, el 18 de agosto de 2024 la misma periodista daba cuenta del incumplimiento del Estado mexicano, representado por el morenista Andrés Manuel López Obrador, al cual se le pidió en abril una serie de observaciones a las que no contestó sin mediar explicación alguna. Esa maniobra u omisión provocó que el estudio del caso se detuviera en la corte. “La Comisión Interamericana de Derechos Humanos informó que la tortura y ejecución extrajudicial del normalista Julio César Mondragón Fontes ya entró en etapa de admisibilidad”.
Este sábado a las 11:00 la familia de Julio César Mondragón estará en la Biblioteca del Centro Cultura Mexiquense de Toluca pata hablar del caso y de las estrategias que seguirán para la solución del caso.
