Toluca, México; 6 de marzo de 2025

Miguel Alvarado

Maestros del sistema estatal de Educación en el Estado de México denunciaron que han sido obligados a asistir al mitin convocado por Claudia Sheinbaum, presidenta de México. Profesores de todos los niveles que dependen del gobierno de la morenista Delfina Gómez señalaron que recibieron una orden del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) por medios digitales en la que se les cita en explanadas, parques públicos, zócalos y avenidas de los 125 municipios del Estado de México para llevarlos a la Ciudad de México, este 9 de marzo, la fecha en que la presidenta convocó “al pueblo de México” para escuchar las determinaciones que ha tomado en relación a la aplicación de aranceles a productos fabricados en México que cruzan la frontera con Estados Unidos para dirigirse a esos mercados.

Los denunciantes dijeron que cada sector o delegación debe cubrir una cuota determinada, la cual se calcula de acuerdo al número de afiliados por región. “Sabiendo de la responsabilidad con la que nos debemos a nuestro sindicato, pido de favor cumplir con la asistencia, portar pantalón de mezclilla y blusa o camisa blanca”, dice una parte de ese mensaje. En esta movilización participan también otros sindicatos estatales.

Las escuelas mexiquenses federales también han sido obligadas a acudir a esa reunión, y cada una de ellas, en los niveles de kínder, primaria, secundaria y preparatoria, tiene que movilizar a un tercio de los empleados que laboran en los diversos centros educativos. Esta, refieren, es una práctica a la que han sido obligados de manera recurrente desde el sexenio pasado, cuando fueron obligados a acudir a los mítines organizados por la administración de ex presidente Andrés Manuel López Obrador.

El 4 de marzo, Delfina Gómez anunció que respaldaba las decisiones de la presidente, aún sin conocerlas, y se comprometió a enviar a 140 mil mexiquenses a la plancha del Zócalo. Además, firmó un desplegado de adhesión a las acciones que tomará el Ejecutivo federal y junto con otros gobernadores morenistas lo publicó desde la Conferencia Nacional de Gobernadoras y Gobernadores (Conago). De acuerdo con la mexiquense, se trata de defender a los sectores productivos del país y defender a los trabajadores, aunque los invitados de honor a esta cita serán 300 de los empresarios más ricos de México, que han sido considerados por encima de obreros y campesinos.

“En el Estado de México continuaremos trabajando en coordinación con el gobierno federal y el sector privado para fortalecer la competitividad de la entidad”, escribió Delfina en sus redes sociales.

Los aparatos de movilización hacia la capital de México comenzaron a funcionar desde el inicio de esta semana, aunque entraron en un impasse después de que hoy, 6 de marzo, Sheinbaum hablara por teléfono con Donald Trump, presidente de Estados Unidos. En esa llamada, Trump confirmó lo que su propio gobierno había anunciado un día antes. La aplicación de aranceles a productos mexicanos se aplicará hasta el próximo dos de abril de 2025. En tanto, no pagarán impuestos los productos que se contemplan en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC), el instrumento neoliberal de comercio diseñado para México por los presidentes Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari, a partir de 1986, y que ha regido desde 1994 las relaciones comerciales con Estados Unidos y Canadá. Este tratado y sus respectivas modificaciones fueron duramente criticados y atacados por la izquierda mexicana, entre ella el grupo de Andrés Manuel López Obrador, quien ya como presidente no tuvo ningún problema en firmarlo para ratificar su contenido. El TMEC ha colocado a México siempre en desventaja comercial debido a la disparidad de las economías de los países involucrados y a la debilidad del peso ante el dólar canadiense y estadounidense. Ahora, con la imposición arancelaria, el gobierno de Sheinbaum, autodenominado como de izquierda, defiende que gracias al TMEC los productos provenientes de México no pagaban impuestos y urge para volver a ese tratado. Cabe mencionar que una gran parte de esos productos hechos en México son propiedad de trasnacionales que aprovechan el costo casi miserable de la mano de obra nacional. Industrias como la automotriz, que desarrollan y explotan japoneses, alemanes y estadounidenses, sobre todo, exportan la mayoría de las unidades fabricadas en México hacia EU, pero ahora tendrían que pagar una revaloración tributaria que haría imposible vender esas unidades en Estados Unidos. La opción que les ha dado Trump es cambiarse a suelo de su jurisdicción y dejar México, porque una vez allá, nadie les cobrará nada. El presidente norteamericano tomó la decisión del aplazamiento después de hablar con los dueños de General Motors, Ford y Stellantis, fabricantes estadounidenses de autos.

Periodistas y opinadores apegados al régimen en el poder como Témoris Grecko, Julio Hernández y Federico Bonasso, creen que los aplazamientos arancelarios se deben a la gestión diplomática realizada por la administración de Sheinbaum, a la que elogian por plantarle cara a Trump y a su gobierno, que cada vez se parece más a un circo bizarro, de ocurrencias inconcebibles. En el lado contrario, comunicadores relacionados al PRI, al PAN y a la derecha nominal mexicana, critican la debilidad de la presidenta ante el embate de Trump. En los hechos, el gobierno mexicano ha trabajado el último mes para satisfacer las demandas de Estados Unidos relacionadas con el tráfico de fentanilo y otras drogas por la frontera norte, y por alinearse a las duras políticas migratorias trumpistas que ha comenzado a devolver a mexicanos desde el vecino país, lo cual ha derrumbado la intención mexicana de construir una visión seguridad humana que pudiera combinarse con políticas tradicionales de seguridad nacional. En términos migratorios, México se ha erigido como una barrera y filtro para la avalancha de desplazados que avanzan hacia Estados Unidos desde toda Latinoamérica, el Caribe, Europa, Asia y África.

Un tercer frente informativo, formado por periodistas, académicos y analistas independientes, apuntan que Estados Unidos está interesado en controlar el negocio del narcotráfico, que deja en México, de manera ilegal, 65 mil millones de dólares; también apunta a controlar la extracción de litio y una más exigente aplicación del TMEC, que presionará a México al límite de sus posibilidades comerciales y financieras.  

“Muchas gracias al presidente Donald Trump. Tuvimos una excelente y respetuosa llamada en la que coincidimos en que nuestro trabajo y colaboración han dado resultados sin precedentes, en el marco de respeto a nuestras soberanías. Continuaremos trabajando juntos, particularmente en temas de migración y seguridad, que incluyen reducción del cruce ilegal de fentanilo hacia los Estados Unidos, así como de armas hacia México. Como lo menciona el presidente Trump, no se requerirá que México pague aranceles en todos aquellos productos dentro del T-MEC. Este acuerdo es hasta el 2 de abril, cuando Estados Unidos anunciará aranceles recíprocos para todos los países”, dijo la presidenta de México en un mensaje por redes sociales, que remarca que no sólo será México el afectado, sino todo el mundo, como si esto minimizara los daños que se prevén.

La reunión pública en el Zócalo de la Ciudad de México parece ya no tener sentido, pero podrá ser aprovechada por Sheinbaum para enviar un mensaje de unidad, respaldo y coordinación entre los esfuerzos de su gobierno y lo que ella denomina “pueblo”, en realidad una abstracción a la que es muy fácil recurrir para depositar en ella responsabilidades políticas, sociales y hasta efectos de popularidad inmediata y desbordada.

“La veo con ese compromiso de luchar por su patria, no como un discurso sino como una acción”, dijo la gobernadora del Estado de México antes de prometer la presencia de 140 mil mexiquenses, incluida ella misma.