Santo Tomás el Pedregal, Estado de México; 21 de junio de 2025

Marycarmen Aguilar/ texto e imágenes

Más de 600 personas entre niños, jóvenes y adultos enfrentan acoso y hostigamiento institucional, además del poder de empresarios como los dueños de Banca Mifel, inversionistas y particulares, que han patrocinado a invasores y presionan judicialmente a los habitantes originarios para que desalojen terrenos. En respuesta a esos abusos, los pobladores han conformado el Colectivo “Pro Defensa y Conservación del Agua, Bosques, Flora, Fauna, Territorio y Derechos Humanos del Pueblo de Santo Tomás El Pedregal, Valle de Bravo”. Han creado brigadas para vigilar, cuidar y evitar más despojo de sus tierras y aguas.

Los habitantes de estas tierras son los nietos, bisnietos e hijos de hombres y mujeres que desde el siglo pasado han realizado toda clase de trámites y juicios para defender el legado de sus abuelos, el territorio donde nacieron todos; están en tierras habitadas y trabajadas por ellos desde hace décadas, de ahí comían y se mantenían pues la producción agrícola era abundante gracias a los manantiales de la región y a la determinación y empeño de los pobladores, pero por la corrupción en la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y autoridades municipales, todo eso se perdió.

Decenas de familias unidas por la adversidad y por la defensa de su patrimonio se pronuncian decididas a seguir luchando por su terruño, por el sitio donde se asientan sus hogares y sus siembras. El asunto no es menor pues son muchos los perjudicados que enfrentan a todo un sistema de corrupción. Autoridades de los tres niveles de gobierno se han encargado de proteger, solapar, coludir y apoyar a “fuereños”, quienes de forma ilegal y con argucias diversas se apropiaron de varios terrenos. Están inmiscuidas empresas privadas como Banca Mifel, cuyos ejecutivos, no conformes con adueñarse de una porción considerable de terreno, pretenden ahora demandar a los pobladores.

Así como esta empresa bancaria, muchos otros les quieren arrebatar los terrenos donde tienen sus hogares y espacios de cultivo. Lo han intentado por muchos años y ahora han propuesto el desplazamiento total del pueblo. Estos procesos, legales e ilegales, han sido muy costoso para las familias de San Tomás, que entre juicios y viajes a Toluca o a la Ciudad de México, han gastado una fortuna.

A pesar de todo, han conseguido parcialmente defender sus tierras, pero no han logrado evitar que poco a poco se incrusten en ese territorio las construcciones de mansiones campestres. Aunque los pobladores y legales herederos decidieron dejarlos en donde ya construyeron, los constructores quieren expandirse.

Esas construcciones ilegales han desviado el agua de los manantiales, lo que han logrado con el apoyo de la Conagua. También los presidentes municipales de al menos cinco periodos atrás han dado su apoyo a los invasores y lo mismo hicieron autoridades agrarias, así como funcionarios estatales.

Ahora, elementos de la policía estatal, hace dos años, realizaron detenciones arbitrarias llevándose a varios jóvenes y a una señora. Los mantuvieron presos e incomunicados por cuatro días hasta que cada uno pagó una fianza de 20 mil pesos que los obliga a ir a firmar cada mes a Toluca, lo cual se considera una medida de apremio para que el resto de los pobladores se rinda.

“Claudicar en esta lucha es algo que no sucederá”, indican con determinación los pobladores de estos parajes, que han visto construir residencias campestres con pequeños lagos hacia los que se desvía el agua que antes servía para las siembras. Ahora esos vecinos pretenden adueñarse del poblado de La Laguna, donde se ubican los predios de El Capulín y El Pedregal, aunque sus habitantes finalmente recibieron, el 21 de agosto del 2023, un fallo favorable relativo a la dotación de tierras, desprendido del juicio agrario 857/93 promovido el siglo pasado.

No obstante, estas familias han padecido toda clase de abusos, incluyendo la deforestación ilegal de una amplia zona; el robo de su agua; la invasión de tierras acompañada de amenazas y la presencia de hombres armados, además de la criminalización de sus habitantes.

La actual presidenta municipal de Valle de Bravo, la morenista Michelle Núñez, desatendió el caso y les impuso una delegada que no responde a los intereses de la comunidad.

Unas 600 personas de todas las edades enfrentan en conjunto un proceso penal, y este 20 de junio debieron conocer el resultado de la causa de juicio 35/2024, dictada en el Tribunal de Enjuiciamiento de Valle de Bravo, desde la promoción 745/2025. Sea cual sea el fallo, el tema dista mucho de concluir, señalan los afectados, que por fortuna reciben ahora asesoramiento de organizaciones civiles y el acompañamiento de profesionales expertos en la defensa de los derechos humanos. Desde esas acciones habrán de iniciarse varias demandas contra instancias, autoridades y personas que los han agraviado. 

Mientras tanto, los pobladores del pueblo de Santo Tomás en el municipio de Valle de Bravo, no pierden el optimismo, aunque la confianza en sus autoridades e instituciones sigue erosionada. Esperan la intervención de la presidenta de la república, Claudia Sheinbaum y de la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, para tener tranquilidad y certeza respecto de su patrimonio.

El despojo de tierra y el acopio de agua de riego es un problema que afecta a diversos pueblos y comunidades de Valle de Bravo.