Jilotepec, México; 15 de mayo de 2024

Redacción VCV

La Codhem emitió un pronunciamiento a favor de Modesta porque no se consideraron categorías sospechosas como las de ser una persona en situación de pobreza y violencia, padecer enfermedades crónico-degenerativas, presentar vulnerabilidad y discriminación de género. Además, se vulneraron sus derechos a la legalidad y seguridad jurídica.

El Estado de México registró la primera amnistía de este año, que favoreció a Modesta “N”, de 58 años, quien había recibido una sentencia de 43 años y 9 meses de prisión impuesta por el delito de extorsión, tras ser detenida en septiembre de 2019.

Este mes, el Ejecutivo mexiquense, encabezado por la morenista Delfina Gómez, liberó a un grupo de sentenciados que purgaban condena en el penal estatal de Santiaguito, en Almoloya de Juárez. Entre ellos se encontraba Daniel Plácido, que había sido acusado de secuestro y por eso un juez le dictó una sentencia de 70 años, que casi equivalía a un encarcelamiento de por vida. Después de ocho años, pudo obtener su liberación pero no por iniciativa del gobierno delfinista sino por la presión ejercida por el colectivo Haz valer mi libertad y por la familia afectada, que inició junto con otras 16 un plantó que sobrepasó los 344 días enfrente del palacio de Gobierno, debajo de la oficina del ex gobernador Alfredo del Mazo y de Delfina Gómez después.

La intervención de Gómez también implica, para el titular del Poder Judicial del Edomex, Ricardo Sodi Cuéllar, que los procesos que sus jueces y magistrados han sancionado, han sido corruptos y descuidados, y favorecen a la parte acusadora sin pruebas concluyentes, sin investigaciones adecuadas y los debidos procesos de captura y puesta a disposición, en los que se pueden probar torturas y coerción para obtener confesiones. Cada victoria de este tipo de la que se jacte Delfina Gómez es también una prueba de la incapacidad de Sodi Cuéllar y del sistema judicial que conduce.

En el caso de Modesta, la Comisión estatal de Derechos Humanos (Codhem) atestiguó la notificación de la resolución emitida por el Poder Judicial mexiquense a la beneficiaria, a quien recientemente se le concedió la prisión domiciliaria por su delicado estado de salud, ya que padece diabetes mellitus, hipertensión arterial y es sobreviviente de cáncer.

“El Estado otorga el perdón y olvido de actos delictivos, por tanto, al firmar el documento respectivo tiene plena libertad y no le debe nada a la justicia, puede acudir a cualquier lugar con la frente en alto y ejercer sus derechos político-electorales ya que se borran sus antecedentes penales», explicó Myrna García Morón, presidenta de la Codhem.

Modesta trabajaba en una tortillería en Jilotepec y fue sentenciada por extorsión en contra de su jefe. Fue detenida por la policía municipal luego de ser despedida y hostigada por su superior para tener relaciones sexuales, pero ella se habría negado.

El dueño de la tortillería denunció a la policía municipal que había recibido una nota de extorsión en la que lo amenazaban de entregar dinero o privarían de la vida a su familia. Luego, acusó a Modesta de haber redactado la nota y cobrar el dinero de la extorsión. Sin embargo, ella no sabe leer ni escribir. La Codhem emitió un pronunciamiento a favor de Modesta porque no se consideraron categorías sospechosas como las de ser una persona en situación de pobreza y violencia, padecer enfermedades crónico-degenerativas, presentar vulnerabilidad y discriminación de género. Además, se vulneraron sus derechos a la legalidad y seguridad jurídica.