Miguel Alvarado

Toluca, México; 8 de septiembre de 2020. Fernando Martínez Urmeneta, director general de Tradeco, una empresa que se dedica a obras de infraestructura y urbanas, fue vetada por Peña en 2016, pero era una empresa con intereses políticos focalizados en el PAN, afines a los ex presidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, así como con otros funcionarios como Roberto Gil Zuarth. Con ellos, esa empresa había ganado unos 20 mil millones de pesos en contratos y había podido tener presencia en algunos países de América Latina.

Ese 2016 Tradeco aspiraba a conseguir contratos para participar en la construcción del aeropuerto en Texcoco pero la Secretaría de la Función Pública la inhabilitó por lo que restaba de esa administración. De todas maneras, actualmente concursa en el gobierno de la Cuarta T e intenta conseguir algunos contratos, como la elaboración de un rompeolas en Salina Cruz Oaxaca.

A Tradeco el presidente Peña no le hizo ningún bien. La razón de esa inhabilitación fue el incumplimiento de un contrato por 8 mil millones de pesos y una serie de irregularidades que dieron como resultado el quebranto de algunas cuentas. De todas maneras, la decisión de Peña no tenía que ver con lo económico.

– Claro que el veto fue político- recuerda que alguien le dijo el columnista Mario Maldonado, de El Universal, cuando escribió acerca de la desventura de Tradeco. Emilio Lozoya también recuerda algo.

“En el marco de un viaje a Cali, Colombia, entre 20 y 24 de mayo de 2013 […] el empresario Federico Martínez Urmeneta se le acercó a Peña y le dijo que él y su socio, Carlos Salinas de Gortari, estaban operando para sumar al PAN y conseguir votos para las reformas estructurales”, recuerda Lozano, a quien Peña le pidió que recibiera al empresario en cuanto pudiera. Salinas también hizo lo suyo y contactó al padre de Lozano para lo mismo.

El empresario llevaba en cartera una serie de peticiones para obras y trabajos, pero Lozano se dio cuenta de que la mayoría estaban señaladas por quejas, incumplimientos y retrasos. Entonces Martínez Urmeneta le pidió modificar los contratos y borrar las penalidades. Le dijo que no, pero “tengo conocimiento que de dichos contratos se beneficiaron los sujetos señalados, cuando José Antonio González Anaya, concuño del ex presidente Carlos Salinas de Gortari, asumió la dirección general de Pemex”.

Entonces Tradeco también comenzó a darles apoyos económicos a los legisladores del PAN como presión para aprobar la reforma energética y cuando el concuño de Salinas de Gortari asumió como director de Pemex, las puertas se le abrieron de par en par a ese ex presidente, que asesoraba en todo al novel funcionario. Le dictaba línea hasta para tratar a los medios de comunicación y por supuesto para conseguir contratos o pagos, como el de 15 millones de dólares que se le hizo a la empresa Trese, propiedad de uno de los hijos de Salinas y a la cual Pemex le había cancelado un convenio, debido a que había fallado en dar mantenimiento a una plataforma, lo cual derivó en una explosión que mató a un trabajador.

En ese momento Lozano atendía uno de los problemas más graves de Pemex, el cual era el saqueo de hidrocarburos que realizaba el crimen organizado a lo largo y ancho del país. La Secretaría de Gobernación, la Sedena y la Marina le habían asegurado a Lozoya en 2012 que se carecía de equipo para combatir este delito, y que por eso había que comprar nuevo. Eso fue lo que hicieron. Adquirieron aviones con radares, helicópteros y vehículos todo-terreno con comunicaciones internas y estaban dotados de alta tecnología. La entrega de ese equipo se demoró hasta 20 meses y se pudo verificar entre 2015 y 2016. Pero después, dice Lozoya, fue cancelado sin mayor explicación. Y en su declaración menciona el apellido Trawuitz. Se trata del general Eduardo León Trauwitz, ex subdirector de Salvaguarda Estratégica de Petróleos Mexicanos, acusado de delincuencia organizada y huachicoleo. También era escolta de Peña y de él se ha desligado Lozano, aduciendo que recibía órdenes directas del presidente.

“Trauwitz utilizó su cargo como subdirector de Salvaguardia Estratégica de Pemex, e integró un grupo que se dedicaba a reparar artesanalmente las tomas clandestinas que operaban los grupos delictivos, de manera que posibilitaba su reutilización y con ello impedía que las áreas especializadas de Pemex corrigieran esos puntos de robo de manera definitiva”, dice un reportaje de Infobae al respecto, y apunta que en la Subsecretaría de Salvaguarda Estratégica no se reportaban las tomas clandestinas. Trauwitz y otros 20 militares se dieron a la fuga a principios de 2020 y prácticamente se escapó en las narices de la Fiscalía, que ya había conseguido que el investigado acudiera a declarar, pero un error en el procedimiento canceló la audiencia. Entonces los militares se hicieron humo. En junio de 2020 el general ya tenía un amparo.

El resultado de parar los programas de combate al huachicol fue que “en los últimos tres años de Peña se incrementó el robo en más de 150 por ciento […] esa gestión iba acompañada de rumores que señalaban que había nuevos pactos, en ciertos estados de la república, entre directivos de Pemex para financiar campañas de allegados a José Antonio González Anaya, Luis Videgaray y José Antonio Meade.