Miguel Alvarado
Toluca, México; 13 de julio de 2020
Cien impactos de bala fueron los que mataron a un agente ministerial y a sus dos niños en Yebusiví, en el norte del Estado de México. Un día después, otros cinco ministeriales fueron heridos mientras comían en Ixtapan de la Sal. La escena, como las de la guerra en Irak o en algún otro país intervenido: tirados, con las piernas destrozadas por las balas, custodiados por hombres armados. La camioneta en la que huyó el agresor, un vehículo rojo, fue captado por cámaras mientras escapaba.
Este es el inicio de la guerra que anunció el Cártel de la Familia Michoacana contra la Fiscalía del Estado de México. Y ha sido con todo.
El domingo por la tarde, después del triple asesinato, una orden informativa ponía en alerta máxima a toda la policía: el folio EDOMEX1/200712001599 decía que Alejandro Gómez Sánchez, el fiscal del Estado de México, había sido atacado por pistoleros en Toluca. Esa comunicación fue detenida, y cierta o no, pone de manifiesto el nivel de nerviosismo del gobierno de Alfredo de Mazo.
La Fiscalía atribuyó los ataques a la Familia Michoacana, un cártel que regularmente no sale del sur mexiquense, donde mantuvo control por años hasta que una avanzada del Cártel de Jalisco Nueva Generación comenzó a explorar las plazas de la Tierra Caliente. Apenas una avanzada, desde 2018, puso de cabeza el orden narcotraficante de la Familia Michoacana, que vio cómo todos los pactos con los gobiernos locales, estatales y federales se desmoronaban, incluso el más fuerte, realizado con la Presidencia de López Obrador, la cual lo desconoció después.
La fuerza narcotraficante más fuerte del país es el Cártel de Jalisco Nueva Generación, una DOT que ha alcanzado la organización de un ejército privado y que puede sostener batallas y ganarlas contras cualquier fuerza de seguridad, incluidos soldados y marinos. También ha desarrollado un concepto de franquicia, en el uno contrata el nombre del cártel, recibe asesoría, entrenamiento y bastimentos para iniciar su propio narconegocio. Que el Cártel de Jalisco se haya fijado en la Tierra Caliente sólo pudo suceder con el visto bueno de autoridades y fuerzas armadas, los cuales serán rebasados en un momento determinado. La Familia, que cuida lo que piensa que es suyo, se defiende.
Y por eso sale a matar ministeriales o judiciales, a quienes debe considerar ya aliados de los de Jalisco.
Las implicaciones no son tan simples. Los cárteles también son fuerzas paramilitares al servicio de quien pueda pagarlas. Lo hacen las mineras, por ejemplo, y también las industrias extractoras de petróleo. Desde que descubrieron esa fórmula, la perfeccionaron al grado de también controlar al Estado. Que hasta ahora se invisibilice todo esto, a pesar de las pruebas que muestran esa actividad, significa que las industrias extractivas están al volante del país. La Familia Michoacana participa también de la minería, en minas del Edoméx y Guerrero con resultados económicos que rebasan con mucho el narcotráfico que practican. Por eso la defensa de ese territorio.
Otra explicación para los ataques contra la Fiscalía es político. El Estado de México es la entidad más sumisa ante la administración de la 4T, la cual ha roto los pactos que hizo con los michoacanos y ahora persigue a sus sicarios. La Fiscalía mexiquense apoya esas acciones y desarrolla estrategias paralelas afines. La primera fue la requisición de dos ranchos en Amatepec, uno de los municipios sureños que domina Jhonny Hurtado Olascoaga. En esos ranchos se encontró un arsenal de armas de alto poder, que también fue requisado y se giraron algunas órdenes de aprehensión.
Ese día por la tarde, los ministeriales que realizaron ese operativo fueron cubiertos de plomo en la carretera Tejupilco-San Simón, en el tramo de Río Chilero. Se salvaron nada más porque iban en una camioneta Centurión, blindada para soportar ataques de metralla del calibre .50 y que la Fiscalía ha presumido como impenetrable.
Que el Jalisco le dispute a la FM su plaza no es ningún secreto. Lo dice hasta Reuters, una agencia que mira de lejos el mundo: “el CJNG, a través de su jefe regional, Alejandro Carranza Ramírez, alias “Chito Cano”, sostiene una guerra con la Familia Michoacana, liderada por los hermanos Johnny Hurtado Olascoaga, “El Pez” y su hermano, José Alfredo, “El Fresas”. En tres meses, la entidad registró 490 ejecuciones”, y después apunta que los “jaliscos” adquirieron su poder “en el gobierno de Enrique Peña Nieto”.

Los muertos no hablan, dice el lugar común, y aunque eso no es del todo cierto, es mejor un muerto que diga poco que un vivo que revele mucho.
Jhonny Hurtado Olascoaga, El Fish, y líder de los michoacanos, es una leyenda allá en el sur porque ha sobrevivido a emboscadas increíbles. Es tan conocido que hasta corridos le han compuesto. Pero no se trata de un antihéroe sino de un narcotraficante que se ha sostenido en la dirección de la FM, le ha dado un concepto casi empresarial y ahora reacciona, como lo haría una corporación que se ve amenazada.

Como dicen, esto apenas empieza.