Miguel Alvarado

Toluca, México; 18 de mayo de 2020. El impacto de la pandemia del coronavirus puede medirse de dos formas. La primera, cuando uno, un familiar o alguien cercano se infecta. Y la segunda, cuando la economía personal comienza a mermar por razones fuera de nuestro control pero cuyas excusas siempre tienen al covid-19 como un su planteamiento central.

El cierre de negocios y la aplicación de ciertas medidas como la distancia, el cese de clases presenciales y la suspensión de actividades en las dependencias de gobierno se implementaron para tratar de evitar un mayor contagio en México. En Toluca estas medidas se sugirieron a la población como parte de las recomendaciones que la Federación y el gobierno local diseñaron. Nada del otro mundo. Usar cubrebocas todos, o todos los que pudieran, cambiar la forma en que se vende o cerrar de plano los negocios, por ejemplo, fueron algunos de los ejercicios pensados para una encerrona más o menos total que duraría hasta mayo, a más tardar, según las primera estimaciones de la Secretaría de Salud federal. En México, cerrar un día un negocio que vive de las ventas diarias es muy riesgoso, y cerrar más tiempo significa una sentencia de muerte económica. Los cierres de negocios en la capital del Estado de México no fueron parejos y se tomaron extrañas determinaciones con respecto a los locales que debían cerrar. En un principio, bancos, clínicas, hospitales y negocios de comida, así como farmacias debían permanecer abiertos. Un operativo policiaco barrió con ambulantes en el primer cuadro de la ciudad y parecía que así pasaría con el resto del municipio. En realidad no fue así. Refaccionarias, cererías, florerías, papelerías y otros negocios nunca cerraron. En pueblos como San Cayetano, al norte de Toluca, todos los comercios pudieron mantenerse abiertos sin ninguna restricción hasta el día de hoy. Ahí, por ejemplo, nadie usa cubrebocas y los pobladores, muy ufanos, dicen que todo está tranquilo, como si se tratara del diagnóstico de un experto. La vida en ese pueblo, perteneciente a San Pablo Autopan, no cambió en nada y menor ahora que ya comienza la nueva normalidad.

A la par que la infección cobraba víctimas y elevaba el número de enfermos, otra manifestación del impacto del coronavirus fue introduciéndose en las finanzas públicas. Municipios que funcionan con recursos apenas suficientes supieron de inmediato que no podrían hacer frente a los gastos que implica una crisis de salud de este tipo. Así, sin decir nada, esperaron a que pasara pronto, pero no fue así. El Estado de México, un territorio con 17 millones de habitantes tiene integrados a 10 municipios en la lista de los más conflictivos del país. Son también los más poblados, los más depauperados socialmente, los más peligrosos, los más violentos y también los que menos posibilidades tienen de cambiar su situación. Algunos, como Ecatepec, Neza, Chalco y Chimalhuacán se ubican en el valle de México y los otros en este lado del mapa, en el valle de Toluca y el violento sur del Triángulo de la Brecha.  

Estos municipios han comenzado una operación de despidos, fundamentados en que la crisis de salud ha afectado sus finanzas, y los primeros afectados han sido los trabajadores sin base, aunque hayan laborado por años en los ayuntamientos. Unos son despedidos y a otros se les ha recortado el salario, el cual, en una época de “austeridad republicana”, resulta de vida o muerte para alguien que sólo cuenta con esa entrada. Algunos municipios dieron la orden de hacer firmar a sus trabajadores una renuncia voluntaria a una parte de su salario bruto mensual, que incluye el sueldo base más las gratificaciones. Nadie, ni siquiera en las mejores condiciones, renunciará al pago de su trabajo.

Puede entenderse que las administraciones municipales estén en dificultades económicas. Gran parte de los municipios cambiaron de administración y fueron entregados sin un peso en sus arcas. De eso, sin embargo, ya hace dos años, tiempo en el cual debieron recuperar en algún momento su estabilidad, o parte de ella. ¿Han mantenido en sus nóminas a aviadores, asesores innecesarios o han realizado contrataciones onerosas que a nadie benefician? El reclamo de muchos empleados, ya despedidos, va por ahí.

Pero de esto no tiene la culpa el coronavirus, sino la gran corrupción que se ha generado en torno a las administraciones públicas. Las amenazas que reciben quienes han visto reducido su salario y quienes han sido despedidos en los últimos días forman parte de un andamiaje de violencia y represión que no necesita de los granaderos. Se supone que hoy iniciaba el plan de regreso a la actividad económica, y que los municipios de la esperanza habrían de reabrir algunas actividades, pero no en el Estado de México, un semáforo rojo a todas luces.

La única manera de conocer los alcances de la afectación del coronavirus es que cada uno cuente su historia y la relaciones con su entorno. No se trata solamente de morir, o de sobrevivir, sino de las condiciones que lo hicieron posible. No se morirá de coronavirus, pero sí se seguirá viviendo en pobreza, marginado, sin derechos laborales, al margen de casi todos los beneficios.

La clase media alta y los que están por encima de la ley y de cualquier reglamentación social regresarán de la pandemia aleccionados, con algunos muertos, pero no diferentes.

Los números, hasta ahora, se contraponen al pánico generado por la falta de dinero y por los despidos. Toluca, por ejemplo, tiene una población de 873 mil 536 habitantes, según el INEGI. Ayer, la Secretaría de Salud federal reportó que la capital mexiquense tenía 314 casos confirmados. Esto es, se ha contagiado el 0.04 por ciento de los habitantes. Y de coronavirus, ha muerto el 0.01 por ciento, después de contabilizar a los 15 fallecidos oficiales. No hay manera de contrastar las cifras que la Federación reporta. No hay otras fuentes de contabilización, aunque sí otros métodos o sistemas que arrojarán mayores o menores números de muertos e infectados. La reacción de los gobiernos ante las cifras es de pasmo, porque desde la mudez de los números pareciera que no habría por qué despedir a nadie.

La Federación está en deuda consigo misma. La revisión del plan de reactivación económica no es sino la suma de palabras de buena voluntad. Prioriza la apertura del capital trasnacional de la industria extractiva como las mineras, sobre la cual está sustentado el desarrollo nacional.

La minería en México es dueña de las decisiones de la Federación y de la Presidencia.

Los demás, que sobrevivan como puedan.