Toluca, México; 23 de julio de 2025

Redacción VcV

El Operativo Liberación apenas reveló el tamaño del poder que ejerce la Familia Michoacana en el sur del Estado de México, donde ha construido un Estado paralelo ayudado por la corrupción de las fuerzas de seguridad y funcionarios de los tres niveles de gobierno. La infiltración de la Familia Michoacana en los esquemas administrativos estatales le ha permitido establecer una serie de emprendimientos, como si se trataran de empresarios, desde los cuales ha extorsionado durante años a la población. Pese a que se ha combatido, los gobiernos estatal y federal son incapaces de detener sus líderes, aunque de ellos tienen ubicaciones, direcciones de domicilios, facturas de compras, intervenciones telefónicas y de redes sociales. El Operativo Liberación no ha profundizado en nada y se ha enfocado en capturar a operadores de bajo rango dentro de la Familia, que hoy día sigue tan intacta como antes.

En este marco, un grupo de hombres ha detenido a cinco policías, que tripulan una patrulla Pick Up, en el municipio sureño de Tlatlaya. “Aquí vienen a cerrar y hacer cuanta mamada quieren”, les dice un poblador a policías estatales, que se encuentran parados frente a un camión de carga. Pero no están parados sino retenidos y escuchan su sentencia: “si no viene su superior los vamos a quemar, a la verga, aquí vienen al pueblo a hacer cuanta mamada… cierran putos negocios y les siembran droga”. La imagen se corta y aparece grabada otra escena. Una persona con una cadena pasa entre agentes armados para golpear la patrulla en la que van.

– Órale, a la verga!- les grita entonces y de inmediato los policías se abren y caminan para ponerse a resguardo. Uno de ellos levanta las manos en señal de paz y para mostrar que no lleva nada que pueda usar en su defensa. Los demás se recargan contra un muro y a tres metros de ellos otra persona rompe con varillas los cristales del vehículo, con placas 03249. A los policías se les ordena que se vayan, nuevamente, y ellos obedecen.

-¡No estén haciendo mamadas aquí en el pueblo!- les gritan, mientras alguien avienta, por las ventanas rotas, cuetes que se prenden entre los asientos de la camioneta.

Así transcurrió parte del Operativo Liberación, implementado por el gobierno del Estado de México, el martes 20 de julio de 2025, en municipios del sur del Estado de México. Los policías retenidos en Tlatlaya fueron liberados tiempo después cuando el fiscal regional llegó para negociar con los habitantes.

El sur del Estado de México es dominado por la Familia Michoacana y por el Cártel de Jalisco Nueva Generación, que en los últimos años han concretado una alianza desde la cual dominan la vida entera de quienes viven en esa zona, minera, agrícola y ganadera, pero también la más pobre de la entidad, que colinda con los estados de Guerrero y Michoacán. La confluencia de las tres entidades forma el Triángulo de la Muerte, zona narca a la que muy pocas veces alguna autoridad se acerca. La Familia está liderada por los hermanos Hurtado Olascoaga, Jhonny, el Pez; Alfredo, el Fresa y Ubaldo, el Flaco, a los que se suma Adita, de acuerdo con el Departamento de Tesoro de Estados Unidos. La Familia Michoacana ha sido declarada como una organización terrorista por el gobierno de Donald Trump y de acuerdo con informes militares mexicanos, hace sobrevuelos con drones para estudiar el terreno en el que se mueve este cártel. Esas mismas fuentes afirman que Estados Unidos ha preparado una intervención militar en esta zona para capturar a los líderes narcos y deshacerse de la Familia, pero la operación ha sido pospuesta desde marzo de 2025 a cambio de resultados en el combate al narco que el gobierno de México debe entregarle a Trump.

La Operación Liberación fue diseñada para cerrar ferreterías y constructoras relacionadas con el narco, negocios que tradicionalmente utilizan para controlar ese sector en el sur. Por años el de la construcción ha sido el negocio más rentable, después del narco y de la minería, para el clan de los Hurtado. Controlan prácticamente todo lo relacionado con esa actividad. La llegada de mil elementos de seguridad, entre agentes y militares, tuvo de inmediato una respuesta, y taxistas amenazados por la Familia bloquearon los accesos Ixtapan de la Sal, Tejupilco, Luvianos, Tlatlaya y Valle de Bravo, entre otros municipios.

Al mismo tiempo, en Jilotepec, al norte de la entidad, era detenido Bernabé Aldana, coordinador de la organización ACME, una alianza de transportistas. Acusado de pertenecer a la Familia, Aldana se convirtió en un factor para otra insurrección, pues sus compañeros y otros líderes acusaron al gobierno de haber “levantado” al señalado por negarse a pagar extorsiones. Para conseguir su libertad, ACME cerró, este 21 de junio, algunos accesos carreteros a la CDMX, aunque sólo consiguió hacerlo en la autopista México-Querétaro y en la caseta de Tepotzotlán, en la carretera México-Pachuca. Sin embargo, en redes sociales amenazaron con tomar Jilotepec si el detenido no aparecía antes del mediodía. Bernardo no sólo no apareció sino que el gobierno federal envió al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad; y al fiscal mexiquense José Luis Cervantes, a dar una conferencia en la que desglosaron las acciones realizadas en el Operativo en cuestión. Ante los videos que mostraban a agentes retenidos y amedrentados, se le hizo llegar a la prensa un documento digital con 60 páginas en el que se mostraban fotos y gráficos relatando el “éxito” obtenido contra la Familia Michoacana.

El punto de vista del gobierno presenta un operativo triunfal que cumplió con la orden de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, de combatir la extorsión a toda costa, pues es un delito que ha escalado de manera exponencial en México, al grado de ser actualmente un problema de seguridad nacional. La Familia es una de las organizaciones criminales cuya actividad de extorsión es enorme, pues afecta a por lo menos 33 de los 125 municipios del Estado de México.

El fiscal dijo que el gobierno se dio cuenta de las extorsiones porque detectó que muchos productos se vendían a sobreprecio en aquella zona, y que algunos comercios habían implementado una especie de monopolio que les permitía ser los únicos vendedores. Además, la gente acudía a ellos bajo amenaza. Cervantes señaló que la Familia practica la extorsión en 14 municipios desde 63 negocios, los cuales fueron ya intervenidos. Amanalco, Donato Guerra, Ixtapan de la Sal, Ixtlahuaca, Malinalco, San Felipe del Progreso, Sultepec, Tlatlaya, Tejupilco, Temascaltepec, Tenancingo, Texcaltitlán, Valle de Bravo y Villa Victoria, fue donde se llevaron a cabo estas acciones operativas. Además, hubo ocho detenidos acusados precisamente de extorsión y de secuestro exprés en minas, comercializadoras, distribuidoras de materiales de construcción, ferreterías, criaderos de pollo, cerdo y otros animales, huevo y cárnicos, así como transporte de carga y manipulación de paquetería. De acuerdo con el fiscal, son sujetos que con fachada de comerciantes, líderes sindicales o servidores públicos, convivían en las comunidades, y algunos de ellos eran hasta empresarios.

“Entre los detenidos se encuentran Eli “N”, dueño de una casa de materiales y almacén denominada “JIMEX”, en Valle de Bravo. Jimex” extrae materiales de la mina San Francisco, en la comunidad de San Francisco Oxtotilpan ubicada en el municipio de Temascaltepec. Previo a su detención era la única persona autorizada por un grupo delictivo con orígenes en Michoacán para la distribución y venta de cemento y materiales de construcción en esa región del Estado de México. Es decir, nadie construía nada si el material no era comprado en su empresa al precio que él imponía y ello afectaba particularmente a la economía de Valle de Bravo. Pero también se tiene acreditada su intervención en grado de probabilidad en delitos de extorsión y delito de secuestro con fines de extorsión”, dijo Cervantes, muy serio, en la conferencia de prensa.

También mencionó a Gonzalo “N”, líder del Sindicato Bradosva, único autorizado para suministrar y distribuir materiales de construcción como arena, grava y varilla, y mover materiales de una mina para favorecer a Eli “N”. Gonzalo es indagado por extorsión agravada, pues cuando algún particular o constructora independiente intentaban trasladar materiales de construcción en vehículos ajenos al Sindicato Bradosva, exigía a los choferes y responsables fuertes sumas de dinero a cambio de no “quemar o tirar” su obra, incluso los llegó a privar de su libertad.

Alicia “N” llevaba la contabilidad y operaciones financieras de establecimientos destinados a la venta de materiales en Ixtapan de la Sal y municipios aledaños. Es investigada por extorsión agravada, y obligaba a los clientes de los establecimientos a adquirir productos con incrementos del 20 por ciento. Los amenazaba con que “los levantarían o hasta los matarían”. Alojaba a los clientes en un hotel que ella administraba, en tanto los convencía les mostraba sus caballerizas que alojaban más de 50 equinos de alto registro y que se presume pertenecían a los líderes de la Familia. Alicia “N” es pareja sentimental de otro de los detenidos identificado como Jorge “N” y prima de Yareli Domínguez, otra capturada, tercera regidora por Morena en Ixtapan de la Sal.

Jorge “N” era líder de madererías en Valle de Bravo, donde no se podía alquilar o vender un solo polín o tablas sin que fueran comercializados por él. Esto incluía maderas finas para interiores de cabañas y fincas de la región. Es investigado por el ilícito de extorsión agravada y en marzo de 2025, habría amenazado a un comerciante, a quien le exigió 100 mil pesos para que pudiera continuar comercializando sus productos.

Por su parte, la morenista Yareli “N” se desempeñaba como regidora municipal y era cómplice de la Familia. Fue detenida por secuestro exprés y extorsión, pues en abril de 2025 habría participado en la privación de la libertad de un comerciante de muebles, en Ixtapan de la Sal, a quien le habría exigido una “cuota o de lo contrario le daría piso a él y a su familia”.

Además, aparece José Fernando “N”, dueño de madererías en Ixtapan de la Sal. Aumentaba el precio de la madera para entregar ese numerario a la Familia y llevaba a cabo trabajo de logística por medio de operadores de servicio público taxi.

Antonio “N” era encargado de la distribución y venta de carne en Almoloya de Alquisiras, Sultepec y Texcaltitlán. Imponía a los clientes una suma económica de 5 pesos por cada kilogramo que pesaban las cabezas de ganado que llevaban. Amenazó con matar a una víctima en caso de que se negara a comprar carne de res y de cerdo con él o adquiriera dichos productos con algún otro proveedor.

Bernardo Alejandro “N” fue capturado el 22 de julio y era encargado de la venta de pollo en Ixtapan de la Sal. Habría amenazado al dueño de un negocio de venta de pollo, a quien le indicó que no podía negarse a comprar este producto con él. El fiscal dijo que hubo 52 cateos en esos 63 inmuebles y aseguró que la Familia fundó el Sindicato Libertad y el Sindicato Bradosva para obligar a la población a adquirir productos y controlaba los precios de grava, arena, varilla, así como cemento, mortero, yeso y otros productos.

En Valle de Bravo, otras casas de materiales están involucradas con la Familia, como Construrama y Aceros Arriaga, donde había sobreprecios de hasta 400 por ciento. Quien adquiriera material en lugares no autorizados o utilizará servicios de transporte diferentes, era despojado de la mercancía, además los operadores de los vehículos de carga eran golpeados por integrantes del grupo delictivo.

La compañía que administra la franquicia de Construrama determinó eliminar esa cadena comercial en los municipios vigilados por la Operación Liberación, por lo que los establecimientos que aún ostentan su nombre son presuntamente apócrifos.

Por su lado, el Sindicato Libertad operaba en Villa de Allende y Donato Guerra. Quienes quisieran comprar algún material tenían que acudir a las oficinas del “Sindicato Libertad” ubicado en Donato Guerra en donde les entregaban un vale que era cambiado en lugares autorizados por la organización criminal.

Las minas San Juan, Michoacana, Nieto y Velázquez, de Donato Guerra, forman parte de los esquemas extorsivos ya que entregaban y transportaban material a través del Sindicato Libertad.

En Ixtapan de la Sal la Familia operaba a través de la casa de materiales Ávila y Omega, propiedades de Eli “N”. También era operado un establecimiento de materiales para construcción denominado El Boulevard, así como otros establecimientos como Grupo Vulcano, Aceros Omega, “Vidriería Liverpool, y la maderería de Santa María.

Este entramado criminal, tenía presencia en Malinalco a través de una casa de un Construrama y el almacén Malinalco, así como una casa de materiales para la construcción con razón social Ferremateriales La Coyota, en tanto que, en el municipio de Tenancingo, se encontraba la casa de materiales Lobo.

El mismo sistema operaba en Temascaltepec, Tejupilco y Texcaltitlán, pero al norte del estado, en San Felipe del Progreso, ocurría igual, así como en Villa Victoria e Ixtlahuaca.

El Fiscal dijo que la Familia obligó al cierre del rastro municipal y a unos metros de distancia estableció uno bajo su control, carente de cualquier permiso. En ese lugar se identificó el cobro de cuotas con costos relevantes por el sacrificio de los animales y la reventa de cárnicos. El rastro referido se ubica en la zona conocida como Lodo Prieto.

Por lo que respecta al comercio de paquetería, La Familia puso un centro de distribución de paquetería en Tejupilco al que debía llegar todo paquete con destino a la zona sur de la entidad. En ese lugar era interceptada toda la paquetería de Mercado Libre, Estafeta o FedEx, posteriormente eran revisados los productos y finalmente establecían un costo ilegal al destinatario para poder reclamar el producto. En caso de no pagarlo, no le era entregado. En otros casos, si a los integrantes del grupo criminal les resultaba de interés el artículo, se quedaban con él. Fueron localizados más de 800 paquetes de los cuales se establecerán mecanismos para entregarlos a los legítimos propietarios.