Miguel Alvarado: texto. Ramsés Mercado: información: Brenda Cano: diseño

Toluca, México; 16 de mayo de 2022.

Tres desaparecidos y los cuerpos sin vida de dos mujeres encontrados en el Estado de México confirmaron a esa entidad en el primer lugar nacional en lo que respecta al delito de feminicidios. Sólo al terminar enero de 2022, ya el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de la Federación, le había apuntado 75 casos al territorio gobernado por el priista Alfredo del Mazo, un presidenciable en su partido que alcanza 7 puntos en las preferencias actuales.

Ninguna cifra, sin embargo, alcanza a explicar lo que ocasiona un feminicidio. El Secretariado apenas registra los números que le envían los municipios del país y sus análisis son estadísticos y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no se atreve a abordarlo de frente y se limita a decir, para todas las cuestiones de seguridad, que México ha cambiado.


Eso no lo puede decir la familia de Yaqueline, una niña de 14 años, cuyo cuerpo fue hallado flotando en un canal, en la comunidad otomí de Choteje, en el municipio de San Felipe del Progreso, a unos 40 minutos de la capital mexiquense.

De acuerdo con su familia, la niña había ido a la fiesta comunal en honor a la virgen de Fátima, pero en el camino le perdieron el rastro. Fue hasta que algunos vecinos reportaron el hallazgo de un cuerpo, semiescondido en una barranca, en un paraje poco transitado. Estaba desnudo y presentaba huellas de violencia. El hallazgo ocurrió el sábado 14 de mayo de 2022 y los restos de la joven fueron llevados al Servicio Médico Forense, en donde fue reconocida por sus familiares.

Ahora, la familia de Yaqueline se enfrenta a lo que todas las víctimas de feminicidio se encuentran, y que es la deteriorada o nula impartición de justicia en la entidad, a la corrupción de las autoridades y a su escasa preparación para resolver este tipo de casos.

Apenas la semana pasada, la organización Amnistía Internacional (AI), declaró que la Fiscalía del Estado de las autoridades de la Fiscalía del Estado de México no saben investigar, no pueden guardar la evidencia, no saben cuál es la evidencia para acreditar un feminicidio o una desaparición. Por ejemplo, no hace periciales básicas como el raspado de uñas para saber si una víctima se defendió, o el exudado vaginal, que permite saber de violencia sexual, y que son elementales para acreditar un feminicidio. La Fiscalía, dice AI, presenta las mismas deficiencias que las que se cometieron con los feminicidios de Ciudad Juárez, hace 30 años.

El otro caso fue el de la joven Zuleyma Contreras Serrano, quien fue hallada muerta en Michoacán. Originaria de Toluca, la joven de 29 años viajaba rumbo a Querétaro, por la tarde, cuando su pareja reportó a su familia que ella “se había bajado del auto” y que ahora no la encontraba. Eso sucedió el 15 de abril de 2022. Fue hasta el 14 de mayo que su cuerpo fue encontrado en el municipio de Zinapécuaro, una zona narca dominada por la Familia Michoacana.

La familia apunta que debe investigarse a la pareja, con quien tenía 4 meses y medio viviendo. Ayer, 15 de mayo, la chica fue sepultada en la ciudad donde vivía.

De acuerdo a cifras del Secretariado, el Estado de México registró 969 casos de feminicidio en 2021 y fue agosto el mes que más asesinadas tuvo, con 109. Desde el año 2015 y hasta el mes de enero de 2022, en la entidad hay 5 mil 596 feminicidios reconocidos.

Deja un comentario