Marco Antonio Rodríguez

Toluca, México; 23 de abril de 2021.

No se trata de divulgar un video, sino de entender el problema; no es revictimizar al vulnerable a cambio de tráfico en una página web, sino de exhibir un problema latente y tender la mano cada que sea necesario, porque cuando una institución no lo hace, los demás debemos actuar.

La violencia en contra de mujeres al interior de la UAEMéx no es novedad pero tampoco normal y sin embargo forma parte ya de una administración marcada precisamente por eso, por las denuncias de esta índole: un reporte de febrero de 2020 emitido por la propia Universidad señalaba que, para entonces, había 20 profesores dados de baja, de los cuales 16 fueron sustituidos y 4 correspondían a renuncias, además de 50 demandas ante la Fiscalía por abuso y acoso sexual.

Ese año la comunidad universitaria salía a las calles y pintaba las paredes de la Rectoría por el asesinato de la profesora de danza Sonia Pérez, a manos de su ex pareja, al interior de los camerinos del Teatro Los Jaguares y de manera alterna se señalaba al alumno Luis Daniel Núñez por filtrar y vender fotografías de contenido sexual de alumnas de esa y otras escuelas a través de Internet, lo que derivó en paros laborales, toma de espacios académicos e instalación de tendederos donde aparecían cientos de nombres de docentes y algunos estudiantes. Desde entonces el rector, la máxima figura de la autónoma mexiquense, ha utilizado el silencio como estandarte.

El 21 de abril, un nuevo caso cimbró a la prensa nacional: una profesora de Inglés del plantel Ángel María Garibay Kintana (Preparatoria número 5) fue atacada por su pareja mientras impartía una clase sobre colores. El hombre, entre gritos, amenazaba a la docente por haber tomado su computadora.

Antes de que la Fiscalía o cualquier otra institución procuradora de justicia y seguridad en el Estado lo hiciera, el nombre del supuesto agresor comenzó a difundirse. Óscar Octavio “N”, un panista licenciado en Derecho egresado de la Universidad del Valle de Toluca, fue señalado por diversos colectivos toluqueños como responsable de las despreciables amenazas y agresiones en contra de la universitaria, y aunque las autoridades no han confirmado la información, lo cierto es que tampoco lo han desmentido.

Estudiantes y organizaciones de esa preparatoria y del valle de Toluca se dieron cita la misma noche en que fuera difundida la noticia y a través de pancartas colocadas en la entrada principal de este plantel mostraron solidaridad con la profesora, esa misma que aunque el rector Alfredo Barrera dijo también tener, no ha demostrado.

En un breve comunicado el funcionario expresó que “se giraron instrucciones a la Dirección de Protección y Seguridad Universitaria para garantizar la seguridad e integridad de la profesora en las instalaciones universitarias”, pero ignora que derivado de la pandemia por la covid-19 no hay clases presenciales y, por el contrario, las sesiones son impartidas desde casa, lugar en donde fue violentada la mujer. Y ni hablar de artículos de la Ley Federal del Trabajo relativos a la obligación de los patrones por proporcionar las herramientas e instrumentos de trabajo a sus empleados.

Nuevamente, el silencio como estandarte.